La conducción de Domingo Beltramelli debe explicar quién autorizó esas decisiones, qué beneficio tuvieron para la institución y qué controles se aplicaron.
CASMU pidió respaldo financiero al Estado, pero su conducción debe responder por decisiones millonarias que comprometen los recursos de una institución en crisis. La investigación de Diario La R señala acuerdos, indemnizaciones y posteriores reincorporaciones que exigen una explicación documentada. El dinero de la mutualista sostiene la atención de sus usuarios, el trabajo de sus funcionarios y las obligaciones con sus proveedores. Administrarlo implica rendir cuentas.
Los casos relevados comprenden más de 17 millones de pesos correspondientes a siete profesionales que se habían desvinculado, cobraron acuerdos o sumas derivadas de juicios y posteriormente fueron recontratados. A estos importes se agrega el convenio por $11.500.000 con Álvaro Niggemeyer. En conjunto, las cifras informadas superan los 28 millones de pesos.
La pregunta es directa: ¿qué conveniencia tuvo para CASMU pagar por desvinculaciones y después volver a contratar a quienes habían cobrado?
La administración encabezada por el doctor Domingo Beltramelli debe demostrar qué necesidad justificó cada decisión, qué alternativas se consideraron y cuánto representa el costo completo de esos movimientos. Invocar una facultad de contratación resulta insuficiente cuando lo que se discute es la calidad de la administración y el destino de recursos escasos.
Según el relevamiento de Diario La R, basado en actas del Consejo Directivo, uno de los profesionales fue recontratado dos meses después de percibir la última cuota de su acuerdo. Otra profesional recibió una nueva designación mientras todavía cobraba el convenio anterior.
En un tercer caso, una médica había reclamado judicialmente más de nueve millones de pesos y obtuvo una sentencia por $1.340.000. De acuerdo con la información reunida por este medio, después de cobrar fue reincorporada mediante una decisión atribuida a Beltramelli y aprobada por la gerencia conducida por la doctora Pannone.
Corresponde que ambos expliquen sus respectivas actuaciones y exhiban las resoluciones que las respaldan.
Estas secuencias requieren revisar la planificación de las desvinculaciones y los motivos de los posteriores regresos. Si las reincorporaciones eran necesarias, debe explicarse qué cambió. Si permitieron ahorrar dinero o recuperar capacidades imprescindibles, corresponde mostrar los cálculos y los resultados.
Una indemnización seguida de una recontratación no acredita por sí sola un ilícito. Pero tampoco queda justificada por la sola voluntad de quienes la aprobaron. La responsabilidad de administrar incluye demostrar que cada erogación respondió al interés de CASMU.
¿Niggemeyer fue reparado o beneficiado económicamente?
El acuerdo con Niggemeyer concentra otra parte de los cuestionamientos. El profesional, integrante de la misma agrupación que Beltramelli, recibió un convenio por $11.500.000. Esa pertenencia compartida hace especialmente necesario conocer cómo se evaluaron los posibles conflictos de interés y quiénes intervinieron en la resolución.
La agrupación El Casmu que Queremos defendió públicamente el acuerdo como una solución conveniente frente a una contingencia heredada y un reclamo laboral superior a los 23 millones de pesos. Esa explicación debe confrontarse con el dictamen jurídico, los conceptos reconocidos, los reclamos extinguidos y las obligaciones que eventualmente permanecieron vigentes.
Comparar el monto reclamado con el monto acordado no alcanza para probar que hubo un ahorro. Es necesario conocer la probabilidad de una condena, las defensas disponibles y el costo de continuar el litigio. Esa evaluación debe estar documentada.
El asunto llegó al Parlamento. El 6 de febrero de 2026, el diputado Federico Casaretto pidió al Ministerio de Salud Pública información sobre el conocimiento y la opinión de los interventores respecto de la reincorporación de Niggemeyer y una indemnización que aquel pedido situaba en 11 millones de pesos. También solicitó el acta correspondiente.
La diferencia entre esa cifra y los $11.500.000 posteriormente informados debe aclararse mediante el convenio definitivo y sus comprobantes.
El club de los contratados , capítulo Dr. Alejandro Castello
Los cuestionamientos alcanzan también a las contrataciones jurídicas. La investigación plantea revisar el vínculo del asesor Dr. Alejandro Castello con CASMU, a la luz de las advertencias de Beltramelli sobre posibles contratos simulados.
Asimismo, los antecedentes señalados sobre contrataciones de el Dr. Castello por el Colegio Médico durante la presidencia del Dr.Niggemeyer requieren precisar procedimientos, honorarios y responsabilidades.
CASMU necesita una rendición de cuentas completa, caso por caso.
Debe identificar cuánto se comprometió, cuánto se pagó y cuánto queda pendiente; publicar los fundamentos de las resoluciones; informar quién votó cada decisión y explicar qué controles ejercieron la Comisión Fiscal y los interventores del MSP.
También debe aclarar si los importes señalados se superponen y distinguir indemnizaciones, acuerdos judiciales, honorarios y nuevas remuneraciones. La suma de conceptos diferentes no constituye automáticamente un perjuicio probado. Determinar si hubo mal uso del dinero exige reconstruir esas operaciones y evaluar sus consecuencias.
La crisis vuelve esa revisión más urgente. La conducción debe explicar cómo financió los desembolsos y si afectaron recursos destinados a servicios, insumos, salarios o proveedores. La protección de los datos personales y clínicos puede preservarse sin ocultar los fundamentos económicos de las decisiones.
Investigar administraciones anteriores tampoco exonera a la actual de responder por sus propios actos. El mismo criterio de control debe aplicarse a todos los períodos, con independencia de las agrupaciones que hayan ocupado la dirección.
El respaldo estatal exige compromisos verificables: metas de recuperación, plazos, responsables y publicación periódica de resultados. Si una revisión independiente detecta decisiones perjudiciales, deberán establecerse las responsabilidades y adoptar las medidas correspondientes.
El Dr. Beltramelli debe explicar qué se pagó, por qué se pagó y qué obtuvo CASMU a cambio. Pedir respaldo al país obliga a abrir las cuentas.
https://grupormultimedio.com/bajo-la-lupa-casmu-pago-28-millones-de-pesos-ordenados-por-el-dr-beltramelli-id210248/
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