Se destapan las cartas: así es la agenda legislativa de Abelardo en el Congreso 

En la historia reciente, ningún presidente como Abelardo de la Espriella había tenido una relación tan distante con el Congreso al comenzar su gobierno. Por un lado ha atacado a políticos tradicionales, a quienes intimida con emboscadas en video y pinta como la politiquería y el establecimiento corrupto. Por otro, no ha tenido reuniones con las cabezas de las bancadas de su propia coalición de gobierno. En los últimos días, tras presentar la Ley de Rescate Fiscal, tuvo en gesto en un sentido contrario al llamar a Álvaro Uribe, líder de una bancada de 47 congresistas, para decirle que está abierto a escuchar las propuestas del uribismo.

El gobierno arrancó advirtiendo que no tenía un gran ánimo reformista y llegó sin ataduras mayores a la política tradicional. Pero dos problemas urgentes, el de seguridad y la crisis fiscal, lo han llevado a buscar la aprobación de leyes grandes y profundas, difíciles de aprobar sin una relación fluida con Cámara y Senado. La presentación de la ley de Rescate Fiscal, una tributaria con recortes del Estado, señala el banderazo inicial del alcance de la agenda legislativa de este gobierno, que tiene como otro plato fuerte el Estatuto Antiterrorista, una reforma estatutaria a la seguridad nacional y ciudadana. 

Lo hace de una manera tardía y poco explícita. Elaborando los proyectos a puerta cerrada, sin consenso ni debate previo. Los puestos ministeriales estuvieron cerrados para los partidos de la coalición y, en general, no hay señales de “mermelada” por fuera del círculo presidencial y de los políticos aliados desde el principio de la campaña. Con esa estrategia hasta ahora ha alternado triunfos y derrotas, pero ahora vendrán los debates más duros. 

Los trámites arrancan con un Ministerio del Interior sin cabeza en propiedad a la espera de la posesión de Alejandro Ordóñez, y con un Congreso preocupado pues vaticinan menos diálogo que con Rodrigo Lara. La llamada de De la Espriella a Uribe deja la incógnita de si vendrá una comunicación más fluida y directa con el legislativo o si fue solo una excepción. 

Estas son las ocho leyes clave de la agenda legislativa de Abelardo de la Espriella: 

Ley de Rescate Fiscal y de recorte del Estado

¿En qué está? Se radicó el jueves la ley de Ajuste Fiscal, y se empezará a debatir las próximas semanas en Comisiones Económicas. Mientras que la de recorte del Estado aún no se ha radicado, pero se conocieron detalles en medios. Su doliente principal es el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. 

¿Qué busca? Hacer un ajuste fiscal de 70 billones a través del recorte del Estado y del aumento de impuestos. Le da poderes al presidente para fusionar entidades, ataca el problema fiscal del país, pero golpea a la clase media. 

El proyecto tiene impuestos impopulares como el IVA a la gasolina, al café, a las frutas y verduras. Por otro lado, ayuda a las empresas en impuesto de renta, a los ricos reduciendo el umbral del impuesto al patrimonio, pero aumenta el costo del empleo formal.

La Ley de Ajuste Fiscal irá acompañado de un proyecto que reduce de 209 a 104 las entidades del Estado, a través de eliminaciones y fusiones como la del Ministerio de Deporte con el de Cultura.

¿Las críticas?  La principal crítica está en el aumento de impuestos. Congresistas del Centro Democrático se han pronunciado en contra del alza. El senador Andrés Forero cuestionó la subida del 5% al 19% el cobro del IVA a las pólizas de salud y planes de medicina prepagada. 

La senadora María Clara Posada criticó siete puntos claves de la reforma, como el aumento de pago en la seguridad social y el incremento de la base gravable de renta. Incluso congresistas del partido que impulsó De la Espriella, Salvación Nacional, han hecho críticas. Sara Castellanos dijo que no apoyará el IVA a frutas, verduras y granos. 

¿Cómo está el ambiente? Es el proyecto más difícil de aprobar en su versión actual. Han surgido críticas del Centro Democrático, que es la bancada más grande de la coalición de gobierno, y de Salvación Nacional, que es el partido que De la Espriella impulsó en campaña y con el cual podría fusionarse. Fue un proyecto que se presentó sin diálogos previos con la coalición de gobierno.

El recorte del Estado también es una preocupación en los partidos tradicionales (conservador, liberal, La U y Cambio Radical) que suelen tener parte de sus estructuras vinculadas al Estado. Pero además se pondrá a prueba si el Congreso va a aprobar una reforma impopular para su electorado a un gobierno que ha sido hostil con los partidos tradicionales y con el Centro Democrático. 

Es en este proyecto donde los congresistas le pueden pasar factura por los ataques de De la Espriella a congresistas, como la liberal Elizabeth Jay Pang en San Andrés, o de las bases abelardistas al uribismo en redes sociales. 

El Estatuto Antiterrorista 

¿En qué está? El 16 de octubre el proyecto recibió el visto bueno del Consejo Nacional de Política Criminal, un órgano asesor del gobierno nacional. Sin embargo, hasta ahora no ha sido radicado en el Congreso. Se filtró un borrador en medios de comunicación. Los dolientes son el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el ahora exministro del Interior, Rodrigo Lara.

¿Qué busca? Es una ley estatutaria que tiene revisión constitucional automática y necesita mayorías absolutas. Es el garrote contra el crímen. Le da un marco jurídico al gobierno para incluir a organizaciones criminales y a quien considere sus redes de apoyo en una lista de terrorismo. Gana más herramientas para congelar bienes, endurecer penas, medidas penitenciarias más duras o atacar nuevos delitos, como el uso de drones, y con menos control judicial.   

¿Las críticas?  Los cuestionamientos están relacionados con el amplio concepto de “terrorismo” y los poderes que le da al gobierno para incluir a personas y organizaciones en la lista de terrorismo. Asimismo, hay críticas por las herramientas punitivas que le da al gobierno. 

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Roberto Solórzano, señaló que la principal debilidad del proyecto es que hace “depender consecuencias penales y patrimoniales severas de un registro administrativo”. En un concepto, que reveló El Tiempo, Solórzano asegura que “la inclusión en un registro administrativo no puede sustituir la prueba de los elementos del delito de terrorismo ni la responsabilidad personal”. 

¿Cómo está el ambiente? Si bien carga de voces críticas fuertes, como la del presidente de la Corte Suprema, en el Congreso puede tener buen viento porque se alinea con la política de mano dura del uribismo. 

“Seguramente cuando llegue el texto de Estatuto Antiterrorista no vamos a renunciar a discutirlo, pero fundamentalmente acompañamos”, dice el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático. 

Ley de sometimiento

¿En qué está? Ya pasó el primer debate en comisiones primeras, y ahora deberá aprobarse en plenarias de Cámara y Senado. Es un proyecto contrarreloj pues debe aprobarse hasta el 4 de noviembre, para que no haya un vacío en el ordenamiento jurídico de sometimiento. El doliente es el ministro de Justicia, Iván Cancino.

¿Qué busca? Es la zanahoria contra el crímen. Es la ley de orden público, que deben renovar todos los gobiernos. Busca someter y facilitar el sometimiento de integrantes de grupos armados y terroristas. Es la contracara del proyecto de ley de Paz Total del gobierno Petro. 

En esta ley hay reducción de penas a las personas que se sometan, pero el principal cambio es que no hay negociación política ni reconocimiento político. En cuanto a la reducción de penas los líderes de las organizaciones tendrán una rebaja hasta del 30% y de 50% para otros integrantes del grupo criminal.

¿Las críticas? Una de las principales críticas es el concepto de “terrorismo” en el proyecto. El representante del Pacto Jorge Palacios señaló que “no hay distinción, no hay caracterización de cuáles son los actores armados y los actos de terrorirsmo que va a definir este proyecto”. A Palacios le preocupa que esa clasificación recaerá sobre el Consejo Nacional de Seguridad, integrado por el presidente y sus ministros.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, participó en un foro sobre la ley y estuvo mayoritariamente de acuerdo con el enfoque. Sin embargo, hizo algunas observaciones sobre términos del articulado que pueden terminar estigmatizando a la protesta social como “alterar la convivencia pacífica” o “comprometer la seguridad ciudadana”. Para Marín son conceptos que equiparan acciones de delincuencia barrial con las de estructuras criminales. Es decir, mete cualquier acto delictivo en la ley de sometimiento. 

¿Cómo está el ambiente? El proyecto ha sido bien recibido por la coalición de gobierno y se alinea con las banderas del Centro Democrático, el partido más grande de la coalición. “Nosotros compartimos una idea de recuperación de la seguridad como una propuesta del gobierno nacional. Cuando ellos acuden al Congreso, sin abandonar objeciones y reformulaciones, nosotros fundamentalmente los acompañamos”, dice el senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, ponente del proyecto.

Sin embargo, ha tenido problemas de quórum por la tensiones del gobierno con el legislativo. En las comisiones primeras el proyecto pasó con 33 de los 59 congresistas de Cámara y Senado. En Senado se votó a favor de la ponencia positiva, pero para completar el quórum fue necesario la presencia de tres senadores del Pacto y dos del Verde que votaron negativo. 

Hoy es el debate en Cámara, donde hay preocupación en el quórum. Y mañana el Senado debe terminar de votar el articulado. 

La fecha límite para aprobar la ley y que la sancione el presidente es el miércoles 4 de noviembre, y el riesgo de no aprobarlo es que el Estado se quede sin marco jurídico para el sometimiento de criminales durante varios días. En congresistas de la coalición de gobierno hay malestar por lo tarde que se presentó el proyecto de ley, el 13 de octubre. De los últimos cuatro gobiernos, el de De la Espriella es el que más se demoró en presentar la ley. El de Petro la presentó el 30 de agosto y el de Duque el 2 de octubre. 

Ley Antitrámites 

¿En qué está? Fue aprobada en primer debate en comisiones sextas, y ahora deberá ser debatido en plenarias de Senado y Cámara. El doliente es el ministro de Comercio, Mauricio Gómez.

¿Qué busca? Simplificar los trámites administrativos para las empresas y ciudadanos, y facilitar la relación con entidades del Estado. Eso para que sea más fácil abrir una empresa, registrar una propiedad o pedir permiso para un trámite urbanístico. 

¿Las críticas? Ha tenido pocas voces críticas. Los cuestionamientos del Pacto han estado relacionados a la falta de socialización con los sectores implicados y a que no indica el impacto fiscal del proyecto.

Por otro lado, el exsuperintendente de Sociedades Juan Pablo Liévano escribió en una columna en La República que el problema de las leyes antitrámites es su aplicación. “Lo increíble es que, después de cuatro reformas antitrámites desde 2005 y de leyes de emprendimiento, como la Ley 2069 de 2020, que incluyen componentes antitrámites, sigamos en lo mismo”, dijo Liévano. El representante verde Mauricio Toro, que ha sido defensor del proyecto, considera que es clave que el proyecto incluya que el dinero de actualizaciones digitales saldrá del Ministerio de las Tecnologías.

¿Cómo está el ambiente? Debería ser aprobada con facilidad. En las comisiones sextas el proyecto fue aprobado con los votos de 22 de los 33 congresistas. La coalición de gobierno se ha mostrado a favor del proyecto, pero también congresistas independientes como Mauricio Toro del Verde y María Lucía Villalba del Nuevo Liberalismo.

Ley Antimermelada

¿En qué está? Fue radicada el 15 de octubre en las comisiones primeras, pero no ha entrado en el orden del día para debate. El proyecto se quedó sin doliente pues era del exministro del Interior, Rodrigo Lara.

¿Qué busca? Hacer públicas las gestiones de inversión de los congresistas ante el gobierno nacional, para que haya un registro público de esas solicitudes. Asimismo busca poner los conflictos de interés por encima de la mesa y regular el lobby, para que un congresista pueda legislar abiertamente en beneficio de un sector que lo financió. 

¿Las críticas?  Que no ataque el fondo de la corrupción legislativa, pues muchas veces las gestiones de los congresistas son públicas. Sin embargo, la corrupción aparece durante el proceso de contratación. 

“El problema no es que alguien pida recursos para los sectores que representa. El problema es que se roben esos recursos, y el proyecto no trata realmente el problema de la corrupción”, dijo la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) en la Colombia Nostra. “Plantea una intención de apariencia, de transparencia, pero no hay manera de garantizar que, a través de un tercero, se reciba beneficio para seguir apoyando los proyectos de los gobiernos”, dijo Luis Carlos Rúa (Alianza Social Independiente) en Caracol Radio. 

¿Cómo está el ambiente?

Fue radicado el 15 por el ministro Rodrigo Lara acompañado de una buena parte de la Comisión Primera de la Cámara. Sin embargo, el problema es que con la salida de Lara el proyecto se quedó sin doliente. Nadie en el gobierno se ha referido al proyecto y no es claro que sea una prioridad del nuevo ministro Alejandro Ordóñez.

Ley de Tránsito

¿En qué está? La ministra de Transporte, Elsa Noguera, ha iniciado una socialización del proyecto por las principales ciudades del país. Noguera anunció que la idea es radicar el proyecto el 1 de diciembre. 

¿Qué busca? Es una de las reformas más ambiciosa del gobierno, que busca reducir los costos a los conductores. Si bien aún no se conoce un borrador, el presidente anunció que busca reducir duplicidades del sistema, bajar el costo de las multas y regular las cámaras de fotomultas. 

¿Las críticas? La preocupación principal es si la flexibilización de controles termine incrementando la accidentalidad vial. “Colombia ha dado una batalla muy importante para proteger la vida de las personas. Me preocupa que al disminuir sanciones, disminuir años de vigencia de la revisión tecnomecánica o aumentar años en la licencia de conducción para el vencimiento, vaya en contravía de lo que necesita el país”, dice el senador verde Eduardo Enríquez, ex viceministro de Transporte del gobierno Petro.

Sin embargo, a favor del proyecto, la normativa actual no ha mejorado la seguridad vial. Entre 2016 y 2025 la tasa de muertes por accidentes de tránsito aumentó de 14,5 a 16,4.

¿Cómo está el ambiente? En los pasillos del Congreso aún no hay conversaciones de fondo sobre el proyecto, pero tendrá que pasar por grandes poderes con influencia en el legislativo. Uno de los más importantes es el de Euclides Torres, que tiene cuatro congresistas de su línea, o Colpatria, que aportó a la campaña de dos congresistas de Cambio Radical. 

Barranquilla como capital alterna 

¿En qué está? Es una apuesta del presidente Abelardo de la Espriella, que desarrolló buena parte de su vida laboral en Barranquilla y se considera barranquillero. 

¿Qué busca? Modificar el artículo 322 de la Constitución para incluir a Barranquilla como capital. Es parte de los mensajes simbólicos del presidente en pro del Caribe y de la descentralización.

¿Las críticas? Que no cambie nada de fondo. Y el privilegio a Barranquilla por encima de ciudades más grandes como Medellín o Cali. 

¿Cómo está el ambiente? No ha sido radicado el proyecto, ni hay un debate alrededor del tema. Puede que en la discusión se de una lógica más regional que partidista.