Uruguay — Presentan un proyecto para declarar la emergencia hídrica, económica y sanitaria en siete provincias

Los diputados nacionales Sabrina Selva y Sebastián Galmarini presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia hídrica, económica y sanitaria por 365 días en las provincias de Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, además de las zonas ribereñas e insulares de las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y de la Plata. La iniciativa quedó girada a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías y Desarrollo Regional.

El texto fundamenta la medida en las extraordinarias precipitaciones, crecidas fluviales e inundaciones asociadas al fenómeno climático de El Niño 2026/2027, que, según sostienen los autores, colocan a gran parte del Litoral argentino ante una situación de extrema vulnerabilidad.

Entre los objetivos centrales del proyecto figura la protección de las poblaciones afectadas, la infraestructura crítica y los servicios esenciales, así como la implementación de un marco federal de prevención, mitigación y respuesta frente al riesgo hídrico. También prevé asistencia financiera, crediticia e impositiva para sectores productivos y familias damnificadas, junto con acciones destinadas a garantizar el acceso al agua potable y la atención sanitaria.

La iniciativa dispone que el Poder Ejecutivo designe una autoridad de aplicación que trabajará en coordinación con el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). Además, ordena la elaboración de un Plan Federal de Emergencia Hídrica y Prevención en un plazo de 30 días desde la eventual sanción de la ley.

Entre las medidas de infraestructura consideradas prioritarias se destacan la reactivación de obras hídricas paralizadas, el acondicionamiento de terraplenes y estaciones de bombeo, la limpieza y dragado de cursos de agua, y el fortalecimiento de las redes de monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional y del Instituto Nacional del Agua.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto apunta a la utilización de los recursos del Fondo de Infraestructura Hídrica. En ese sentido, se insta al Poder Ejecutivo a regularizar de manera urgente la ejecución de los fondos acumulados en ese fideicomiso desde 2023, recursos que, según los autores, resultan esenciales para financiar obras destinadas a prevenir inundaciones y mejorar los sistemas de drenaje.

En el plano económico, el proyecto faculta a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a prorrogar vencimientos tributarios y previsionales para contribuyentes radicados en las zonas afectadas, suspender embargos y ejecuciones fiscales por un año y establecer planes especiales de facilidades de pago.

Asimismo, encomienda al Banco Nación y solicita la intervención del Banco Central para impulsar líneas de crédito blandas destinadas a productores agropecuarios, pymes, cooperativas y comercios damnificados, además de habilitar refinanciaciones de deudas sin penalidades.

La propuesta también declara la emergencia sanitaria en las áreas alcanzadas, ordenando la puesta en marcha de un plan de contingencia enfocado en el control de enfermedades como dengue, zika, chikungunya y leptospirosis. Para ello prevé reforzar la provisión de insumos críticos, medicamentos, repelentes, vacunas y equipos para potabilización de agua.

En los fundamentos, Selva y Galmarini sostienen que las inundaciones provocadas por las lluvias extraordinarias y las crecidas de los principales ríos de la región amenazan a miles de habitantes, afectan la producción agropecuaria y comprometen la infraestructura básica. Por ello, consideran indispensable una intervención nacional coordinada que combine asistencia inmediata con inversiones de largo plazo orientadas a la adaptación frente a eventos climáticos extremos.