
La Iglesia estima en 2,7 millones de dólares la organización de las actividades religiosas. A esa cifra deben distinguirse los recursos públicos destinados a seguridad, transporte aéreo, protocolo y logística. Un documento del Ministerio del Interior ya revela la magnitud del operativo: durante los tres días de la visita, la Policía no podrá cubrir los partidos del fútbol profesional.
Cuando el papa León XIV llegue al aeropuerto de Carrasco, el viernes 6 de noviembre, habrá comenzado una de las mayores operaciones protocolares, religiosas y de seguridad organizadas en Uruguay durante los últimos años. Durante tres días, el pontífice recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida, encabezará celebraciones multitudinarias y mantendrá una reunión privada con el presidente Yamandú Orsi. Será la primera visita papal al país en 38 años.
Detrás de las ceremonias existe, sin embargo, una dimensión menos visible: el dinero y los recursos públicos necesarios para realizar la visita.
La Iglesia católica uruguaya ha estimado en unos 2,7 millones de dólares el costo de su organización. El monto será financiado mediante donaciones, una rifa, patrocinadores, aportes institucionales y colectas. Pero esa cifra no representa el costo integral de la presencia del pontífice en Uruguay.
El Estado tendrá responsabilidades propias. Deberá proporcionar seguridad, participar en la recepción oficial y disponer de recursos institucionales para los desplazamientos del visitante y su comitiva. Lo que todavía no se conoce públicamente es cuánto dinero demandará el conjunto de esas obligaciones.
La primera señal apareció en el fútbol
El 5 de octubre, el ministro del Interior, Carlos Negro, respondió una consulta de la Asociación Uruguaya de Fútbol sobre la posibilidad de contar con cobertura policial para los encuentros previstos entre el 6 y el 8 de noviembre. La respuesta fue negativa.
En la comunicación dirigida al presidente de la AUF, Ignacio Alonso, el ministro explicó que el operativo de seguridad comprometía significativamente los recursos humanos y logísticos de la Policía Nacional, incluidas las jefaturas departamentales.
La consecuencia fue la necesidad de modificar la programación del Torneo Clausura. El documento aporta algo más que una explicación deportiva. Permite conocer que la planificación de seguridad de la visita alcanza a las estructuras policiales departamentales y que su magnitud obligó a reorganizar actividades habituales.
No significa que la seguridad cotidiana vaya a quedar desatendida. Pero demuestra que la llegada del pontífice introduce exigencias extraordinarias sobre los recursos disponibles. La pregunta es cuánto cuesta esa movilización.
Para responderla sería necesario identificar el número de efectivos asignados, las horas extraordinarias, los desplazamientos, el combustible, los viáticos y las contrataciones adicionales. También distinguir qué gastos ya estaban comprendidos en el funcionamiento regular del Ministerio del Interior y cuáles serán consecuencia directa de la visita.
Hasta ahora, no se ha identificado un presupuesto oficial consolidado que permita hacer esa distinción.
Dos vuelos militares y una cuenta pendiente
Otro documento permite avanzar sobre los gastos estatales.
La Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó el 21 de setiembre el itinerario aéreo del pontífice. Allí consta que el sábado 7 de noviembre la Fuerza Aérea Uruguaya será responsable de trasladarlo desde Montevideo a Paysandú y de regreso a la capital.
Son dos vuelos de 333 kilómetros cada uno, con una duración prevista de 45 minutos por trayecto.
La participación militar está confirmada oficialmente. No ocurre lo mismo con su valoración económica.
El documento no identifica el modelo de aeronave ni el costo de combustible, mantenimiento, tripulaciones y apoyo operativo. Tampoco precisa si esos servicios serán asumidos íntegramente por el Ministerio de Defensa o si existe algún mecanismo de compensación.
Esos datos son necesarios para conocer la dimensión económica del traslado.
Una aeronave militar no representa solamente el combustible utilizado durante el vuelo. Su operación comprende personal, mantenimiento, preparación técnica y recursos de apoyo. No todos esos conceptos constituyen necesariamente gastos adicionales, pero deben distinguirse si se pretende establecer cuánto le cuesta al Estado brindar el servicio.
La organización religiosa y sus fuentes de financiación
La estructura económica de la visita pastoral es más conocida.
Según informó El País el 11 de octubre, la Iglesia estimaba recaudar cerca de un millón de dólares mediante donaciones particulares. A ello se sumarían patrocinadores comerciales, aportes de instituciones educativas católicas, colectas y una rifa.
La organización también anunció una auditoría externa a cargo de Grant Thornton. Esa auditoría constituye un mecanismo de revisión de las cuentas de la organización religiosa. Su alcance, sin embargo, no debe confundirse con el control presupuestal de las instituciones estatales que participan del acontecimiento. Son administraciones distintas, con obligaciones y fuentes de financiación diferentes.
Tampoco sería correcto sumar automáticamente los presupuestos de la Iglesia y del Estado sin conocer previamente qué servicios cubre cada uno. Podrían existir aportes compartidos, recursos cedidos o servicios contabilizados de maneras diferentes.
El verdadero costo económico de la visita exige identificar esas relaciones antes de formular una cifra total.
Las intendencias y la televisión pública
Paysandú y Florida también participan de la organización territorial de los actos.
La realización de celebraciones multitudinarias requiere acondicionar espacios, ordenar la circulación, coordinar transportes, establecer accesos y disponer servicios de limpieza y mantenimiento.
Parte de esas tareas puede realizarse con recursos municipales habituales. Otras pueden exigir contrataciones o gastos específicos.
La información disponible no permite todavía establecer qué montos asumirán las respectivas intendencias, cuáles corresponderán a los organizadores religiosos y cuáles serán cubiertos mediante acuerdos con otras instituciones.
Existe además una dimensión audiovisual. La transmisión televisiva de la visita fue anunciada como una coproducción entre Canal 5 y la empresa Tenfield, con participación de trabajadores voluntarios.
Sería necesario conocer el convenio correspondiente para determinar los recursos aportados por el medio público, las responsabilidades de cada parte y las condiciones de utilización y distribución de las imágenes.
La participación estatal en la cobertura de un acontecimiento de interés nacional no es, por sí misma, una irregularidad. El asunto periodístico consiste en conocer cómo se organiza y financia esa participación.
Lo que corresponde conocer antes y después de la visita
La agenda oficial establece que León XIV será recibido el viernes 6 de noviembre en Carrasco y luego participará de una ceremonia en Plaza Independencia. Ese mismo día mantendrá una reunión privada con el presidente Orsi. El sábado viajará a Paysandú y el domingo celebrará una misa en Florida antes de partir hacia Argentina.
Los itinerarios, lugares y horarios están definidos. La información económica, en cambio, permanece distribuida entre diferentes organismos.
No se trata de exigir una cifra definitiva antes de que los gastos se ejecuten. La administración pública puede contar con estimaciones, autorizaciones presupuestales y compromisos de gasto anteriores a la realización de una actividad, mientras que su costo efectivo se conoce después.
Por eso hay dos instancias distintas de rendición de cuentas. La primera consiste en informar qué recursos se prevé utilizar, con qué autorización y bajo responsabilidad de qué institución. La segunda debe permitir comprobar cuánto se gastó finalmente y cómo se financiaron las operaciones.
Ambas resultan necesarias para comprender la dimensión pública de una visita que combina una misión pastoral con la recepción oficial de un jefe de Estado.
Uruguay mantiene una tradición de separación entre el Estado y las confesiones religiosas. Esa condición no impide recibir institucionalmente al máximo representante de la Iglesia católica, que también es soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Pero vuelve especialmente relevante diferenciar las actividades religiosas de las responsabilidades diplomáticas, protocolares y de seguridad.
Hasta el momento, la documentación examinada no permite sostener que exista un uso irregular de fondos públicos. Sí permite establecer que hay recursos estatales comprometidos cuyo costo total no ha sido cuantificado en una rendición pública consolidada.
La diferencia no es menor. Mientras la organización religiosa ha comunicado cuánto espera gastar y de dónde obtendrá buena parte de los recursos, el conjunto de las obligaciones estatales permanece sin una valoración económica integral públicamente verificable.
Cuando León XIV abandone Uruguay el 8 de noviembre, las ceremonias habrán terminado. La tarea administrativa y periodística, en cambio, tendrá una etapa pendiente: reconstruir cuánto costó recibirlo, qué organismos asumieron los gastos y de qué manera se utilizaron los recursos públicos.
No será una discusión sobre la fe de los uruguayos, sino sobre la información que el Estado debe proporcionar acerca de sus propias decisiones.
Fuentes: Oficina de Prensa de la Santa Sede, Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia de la República, comunicación del Ministerio del Interior a la AUF reproducida por Montevideo Portal y El Observador, e información sobre el presupuesto eclesiástico publicada por El País el 11 de octubre de 2026. Las cifras de organización corresponden a estimaciones y no a gastos ejecutados. No se obtuvieron respuestas directas de los organismos sobre el costo consolidado.
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