Cuba — Embajadora de Cuba: “El acuerdo con Uruguay sigue vigente; lo que cambia es la modalidad de pago a los médicos”

La embajadora de Cuba en Uruguay, Lissett Bárbara Pérez Pérez, defendió la continuidad de la brigada médica cubana que trabaja en el Hospital de Ojos del Saint Bois y sostuvo que las críticas y presiones internacionales contra las misiones sanitarias de su país responden a una estrategia de Estados Unidos para debilitar la cooperación médica cubana y limitar el acceso a la salud de los sectores más vulnerables.

En una entrevista con Diario La R, la diplomática explicó los términos del convenio que regula el funcionamiento de la brigada en Uruguay, sus antecedentes y las modificaciones que se están instrumentando en el mecanismo de pago a los profesionales. Según afirmó, el acuerdo original no fue sustituido por uno nuevo y continúa vigente la última versión, suscrita en 2016, que contempla una renovación automática si ninguna de las partes comunica su voluntad de denunciarlo.

La representante cubana señaló que actualmente trabajan en Uruguay 19 integrantes de la brigada, entre médicos, enfermeros y personal de apoyo, y aseguró que el Estado cubano no recibe dinero por esa prestación sanitaria. Explicó que los profesionales mantienen sus salarios y su seguridad social en Cuba, mientras que Uruguay cubre su alojamiento, alimentación, servicios y otros gastos de funcionamiento, además de un estipendio mensual de 800 dólares.

Durante la entrevista, Pérez Pérez abordó además la situación de los ciudadanos cubanos residentes en Uruguay, cuya cantidad estimó en más de 16.000 personas registradas en el consulado, y consideró que la mayor parte de quienes emigraron recientemente lo hicieron por motivos económicos y no por persecución política. 

La brigada médica y el convenio vigente

—¿En qué situación se encuentra actualmente la brigada médica cubana que trabaja en Uruguay?

—Está trabajando. Está ahí, trabajando, a pesar de toda la campaña mediática. Convengamos que las presiones de Estados Unidos para dejar sin derechos a los pueblos y limitar el acceso a la salud han sido muy fuertes. Hay una estrategia más amplia que busca afectar a las poblaciones. En última instancia, lo que se pretende al denunciar que nuestras brigadas realizan trabajo esclavo es perjudicar a quienes reciben esa atención.

El derecho a la salud forma parte de los derechos humanos. Sin embargo, en muchos países de América Latina y el Caribe hay personas que, por ser pobres, no pueden acceder a determinados tratamientos. Si tienen un accidente, pueden quedar sin atención; si pierden la vista, no pueden operarse. Esa es una realidad que conocemos muy bien.

Lo que está detrás de esta campaña es intentar desconectar a Cuba de la cooperación internacional y desdibujar el concepto de solidaridad. Los afectados, al final, son los sectores más desposeídos.

—El canciller uruguayo Mario Lubetkin confirmó que hubo un entendimiento para que los médicos cubanos continúen prestando servicios en Uruguay, con un cambio en el esquema de pagos. ¿Qué puede explicar sobre esas conversaciones?

—Esa parte no se la puedo decir. Lo que sí sé es que a nosotros nos propusieron cambiar la forma de pago. Pero quiero aclarar que eso no significa que se haya firmado un nuevo acuerdo. El convenio es el mismo. No se ha firmado ningún acuerdo nuevo. El que está vigente es el de 2016.

—¿Puede explicar cómo funciona ese convenio y cuáles son las obligaciones de cada parte?

—El primer convenio se firmó en 2007, se renovó en 2012 y la última versión es de 2016. La firmante del primer convenio fue Ana Olivera.

Hay que recordar cómo comenzó este proyecto. Primero, muchos uruguayos viajaron a Cuba para recibir operaciones oftalmológicas. Se financiaban los traslados, el alojamiento y las intervenciones, lo que suponía un costo muy importante. Posteriormente, se acordó con el Gobierno uruguayo desarrollar el Hospital de Ojos en el complejo del Saint Bois. Cuba donó los equipos que todavía se utilizan.

Fue un proyecto de carácter solidario y continúa siéndolo. Uruguay asumió el compromiso de mantener operativa la brigada, porque sostener una estructura de estas características implica determinados gastos.

El convenio establece responsabilidades para las instituciones de ambos países. El Ministerio de Salud Pública de Cuba selecciona a los profesionales que integran la misión. Por su parte, Uruguay, a través de ASSE, cubre buena parte de las condiciones necesarias para el funcionamiento de la brigada.

Eso incluye el alojamiento y los gastos de vivienda. Los integrantes no pagan alquiler, electricidad, agua, internet, gas, calefacción ni aire acondicionado. Tampoco tienen que hacerse cargo de la alimentación, que está cubierta por el programa. Además, cuando deben trasladarse al interior del país, cuentan con los viáticos correspondientes.

También participa el Banco de Previsión Social (BPS), que dispone de fondos para determinados gastos, entre ellos los pasajes aéreos. Se estableció que la jefatura de la brigada administra esos recursos para comprar los pasajes y atender las necesidades de traslado.

A eso se suma un estipendio que actualmente es de 800 dólares. Pero hay que entender que ese dinero está destinado a gastos adicionales, porque los profesionales mantienen su salario en Cuba, su seguridad social y su plaza laboral. Sus puestos de trabajo quedan reservados mientras cumplen la misión.

—¿Los 800 dólares constituyen entonces el ingreso que reciben en Uruguay?

—Es un estipendio. Tienen garantizadas las condiciones de vida, la alimentación, el alojamiento y todos los servicios. Además, mantienen su salario y su seguridad social en Cuba. Por eso me pregunto: ¿dónde está  la explotación? Es una persona que llega aquí, tiene 800 dólares disponibles y tiene cubiertas todas sus necesidades básicas. ¿Dónde está el trabajo esclavo?

—¿Cuántos integrantes tiene actualmente la brigada?

—Ahora son 19. Tradicionalmente han sido alrededor de 21, aunque no todos son médicos. Es un equipo que incluye especialistas de distintas áreas, enfermeros y personal de apoyo. También hay quienes se encargan de la alimentación y de otras tareas necesarias para el funcionamiento de la misión.

—¿Qué cambia concretamente con la nueva modalidad?

—Lo único que cambia es el medio de pago. Antes recibían el estipendio en efectivo y ahora lo reciben mediante una tarjeta. No es un nuevo convenio ni una modificación del objetivo de la cooperación. Son ajustes operativos.

Estamos intercambiando notas con la Cancillería uruguaya porque, después de tantos años, hay aspectos que pueden haberse desactualizado y que necesitan ajustes. El convenio tiene una cláusula que establece que, si ninguna de las partes lo denuncia, continúa vigente automáticamente. Por eso lo que estamos haciendo es revisar cuestiones técnicas y operativas.

También tenemos que garantizar que el uso de las tarjetas no genere descuentos ni comisiones que terminen afectando el ingreso de los profesionales. Nos corresponde defender que reciban íntegramente el estipendio.

Las presiones de Estados Unidos

—Usted mencionó una campaña internacional contra las brigadas médicas. ¿Considera que las conversaciones y los cambios en el mecanismo de pago estuvieron vinculados con presiones de Estados Unidos?

—Hay que poner esto en contexto. Desde hace tiempo existe una campaña contra las brigadas médicas cubanas. Se ha utilizado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a distintas organizaciones para construir un cuestionamiento a estas misiones.

Recuerdo particularmente el trabajo de Prisoners Defenders, una ONG radicada en España que comenzó a recoger testimonios de personas que habían abandonado las brigadas médicas y elaboró un caso contra ellas. Se utilizaron encuestas y distintos elementos para sostener que los profesionales estaban sometidos a determinadas condiciones.

Hay prácticas que han ido cambiando con el tiempo. Se han tomado cuestiones que en determinados momentos tenían una explicación administrativa o de funcionamiento y se las ha presentado como elementos de una situación de explotación.

Después, Estados Unidos se sumó a esa campaña y comenzó a enviar comunicaciones y a presionar a los gobiernos que tenían brigadas cubanas en funcionamiento. Uruguay tampoco quedó al margen.

—¿El Gobierno cubano recibió directamente esas presiones?

—Lo que hubo fue una presión generalizada. Se construyó un caso en la CIDH, se enviaron cartas a los gobiernos y después Estados Unidos se montó sobre ese proceso para presionar a los países.

Nosotros entendemos que el objetivo es frenar las brigadas médicas porque las consideran una forma de influencia de Cuba en otros países. Pero, más allá de las diferencias políticas, quienes terminan perjudicados son los pacientes que necesitan atención.

Yo viví esta situación en Centroamérica. En Belice, donde fui embajadora durante cinco años, la brigada cubana era una columna vertebral del sistema de salud. Había profesionales cubanos y también muchos médicos formados en Cuba que se habían integrado al sistema sanitario de ese país.

En ocasiones llegaban médicos voluntarios estadounidenses durante una semana, realizaban determinadas intervenciones y después se retiraban. ¿Quién hacía el seguimiento de esos pacientes? Muchas veces era la brigada cubana la que continuaba atendiendo a esas personas.

Por eso digo que no alcanza con hacer operaciones o acciones puntuales. La salud necesita continuidad, seguimiento y profesionales que permanezcan en los lugares donde se los necesita.

—¿La continuidad de la brigada en Uruguay está garantizada?

—Los profesionales están trabajando y nosotros estamos intercambiando con la Cancillería uruguaya sobre los aspectos técnicos del convenio. La voluntad es que continúe el trabajo. La brigada forma parte de un proyecto que tiene una historia importante y que ha permitido atender a personas que, de otra manera, probablemente no hubieran podido acceder a determinadas intervenciones.

Cuba no ha recibido dinero de Uruguay por esta misión. Si la brigada se retirara mañana, los principales afectados serían los uruguayos que necesitan esos servicios.

DESTACADO

La comunidad cubana y la migración económica

—¿Cuántos ciudadanos cubanos residen actualmente en Uruguay?

—Nosotros tenemos registrados en el consulado más de 16.000 cubanos. Pero esa cifra incluye tanto a quienes llevan muchos años viviendo aquí como a las personas que llegaron recientemente.

A partir de los datos vinculados al decreto de arraigo, sabemos que hay un número importante de personas que podrían acogerse a ese mecanismo. Son personas que ingresaron por la frontera, se establecieron en Uruguay mediante los procedimientos existentes y en muchos casos tramitaron solicitudes de refugio.

Todavía falta incorporar los movimientos migratorios de 2026 y eso puede elevar la cifra total. Nos han planteado que podría superar las 30.000 personas, aunque hay que ser cuidadosos con esos números porque Migraciones también considera las entradas y salidas del país.

—¿Qué características tiene esa migración?

—Convengamos que los cubanos que vienen a Uruguay lo hacen fundamentalmente por razones económicas. No es una migración política ni vienen porque sean perseguidos. La situación económica de Cuba, agravada por el bloqueo y las restricciones financieras que impone Estados Unidos, ha sido un factor determinante.

Durante mucho tiempo, una parte importante de la emigración cubana se dirigió hacia Estados Unidos, donde existían redes familiares consolidadas. En los últimos años se han diversificado los destinos y Uruguay se convirtió en una opción para muchas personas.

—¿En qué zonas del país se concentra la comunidad cubana?

—Hay una presencia importante en Montevideo y Canelones. También en San José, Rocha y en las zonas de frontera, particularmente en Chuy y Rivera.

Estamos desarrollando una política de acercamiento a esas comunidades. Ya realizamos consulados itinerantes en Ciudad de la Costa y en Santa Rosa, en Canelones, y estuvimos recientemente en Rocha y Chuy.

La idea es continuar el próximo año con mayor intensidad y llegar a los lugares donde viven más ciudadanos cubanos y donde tienen dificultades para trasladarse hasta Montevideo.

No se trata solamente de acercar los trámites consulares. También queremos mantener un trabajo con las instituciones uruguayas, tanto a nivel nacional como departamental y local, para conocer las situaciones que atraviesan esas personas, detectar vulnerabilidades y ver qué respuestas se pueden encontrar.

Nos preocupa que la comunidad esté integrada y que sus integrantes puedan desarrollar sus proyectos de vida en Uruguay. Es importante conocer sus problemas y trabajar para que tengan una buena inserción.