La calle contra el bufete con una estatua de sal al frente

La calle contra el bufete con una estatua de sal al frente.

Por Jipson Briceño Domínguez

El sorpresivo retorno de María Corina Machado a Venezuela este domingo ha provocado un cortocircuito definitivo en el andamiaje geopolítico que Washington, Miraflores y la franquicia opositora transaccional venían ensamblando a la aparente luz pública pero en la más densa penumbra de las sombras. Su aparición pública en Barquisimeto no constituye un mero acto de agitación civil o una simple visita a la Virgen de La Pastora; es una impugnación táctica frontal contra la estrategia de «paulatina estabilidad» diseñada por la administración de Donald Trump y operada bajo cuerda por el eje de la diplomacia estadounidense y las cúpulas parlamentarias y oficiales de Caracas. Un pacto de conveniencia que pretendía canjear el flujo expedito de crudo por la postergación indefinida de la transición democrática real, un espejismo que las manos de un Trump sorprendido manejan.

La calle contra el bufete con una estatua de sal al frente

En las semanas previas a este desenlace, las corrientes predominantes del análisis político y los enfoques adscritos al realismo pragmático predecían la defunción política de la resistencia interna, ensayando matrices diseñadas para desmovilizar. Por un lado, se sugería con insistencia que Machado debía abandonar de inmediato el «modo campaña» para plegarse de forma dócil hacia los canales institucionales de la negociación teledirigida desde Washington. En sintonía con este vaciamiento discursivo, se llegó a teorizar que Venezuela ya carecía de peso en el tablero internacional, reducida a la insignificancia geopolítica, mientras se sentenciaba con desdén que la líder opositora se había transformado en una suerte de «estatua de sal» destinada a desvanecerse en el limbo de la inacción o el aislamiento y que en pocos años ya habría pasado su influencia política.

Semejantes tesis obviaban la naturaleza más elemental del conflicto. Al verse conscientemente excluida por los actores fácticos y militares que pretenden administrar el territorio bajo el tutelaje de la Casa Blanca, Machado entendió que la moderación institucional era su sentencia de muerte política. Su único recurso de supervivencia y contraataque era profundizar el mecanismo original que la legitimó: el contacto directo y el desborde de masas. Al radicalizar el «modo campaña» a través de su regreso unilateral y su única arma de ataque y defensa, Machado fractura la premisa de la insignificancia territorial; demuestra que el país sigue siendo el epicentro de la crisis y le arrebata la narrativa a la mesa de diálogo de Caracas. La supuesta «estatua de sal» cobró vida en el asfalto, rompiendo el molde de inercia donde pretendían sepultarla.

Este desafío inconsulto altera profundamente la lógica de control absoluto que define la política exterior de Donald Trump. Para un mandatario acostumbrado a imponer transacciones de suma cero en escenarios corporativos, la irrupción de una variable autónoma descoloca la planificación de la Casa Blanca y quebranta su supremacía unilateral frente a estructuras débiles o complacientes.

A las puertas de las elecciones de medio período (Midterms) en Estados Unidos, la inestabilidad en el frente venezolano expone las contradicciones internas del ala republicana ante el sensible electorado hispano de Florida. La administración Trump se enfrenta ahora al dilema de explicar por qué la líder con mayor respaldo popular desafía sobre el terreno al interinato de Delcy Rodríguez, sostenido artificialmente por Washington para resguardar la seguridad operativa de petroleras como Chevron, el retorno de Machado obliga a la Casa Blanca a reformular drásticamente su rol de tutor y visualizar con mayor tino el peso de las estrategias de alto nivel en cuestiones hemisféricas. Independientemente del destino de Machado y las consecuencias que este temerario acto pueda tener, queda claro que no hay enemigo pequeño y que en política las sorpresas no siempre son agradables.

La prisa por regularizar la extracción energética ha llevado a la administración Trump a cometer fallas importantes en el plano del derecho internacional. Al confesar públicamente en la ONU y en mítines políticos que la captura de Nicolás Maduro respondió a un cálculo de apropiación de recursos —bajo la máxima de que «al vencedor le corresponde el botín»— y al lanzar ultimátums explícitos a Delcy Rodríguez advirtiendo que «le puede ir peor que a Maduro si no coopera», Trump liquidó la validez jurídica de largo plazo de los contratos que hoy se firman, declaraciones suficientemente documentadas.

En la teoría general de las obligaciones, estas declaraciones configuran una prueba documental incontrovertible de coacción y fuerza moral (vis compulsiva). No existe una manifestación de voluntad libre y espontánea por parte del Estado venezolano; existe un acto jurídico viciado en su origen debido a la amenaza inminente de daño político y militar. Las advertencias de figuras del chavismo histórico como Iris Varela, quien ha dejado constancia de que la Asamblea Nacional podría demandar la nulidad absoluta de estas concesiones alegando un evidente vicio de consentimiento por fuerza, confirman que el propio Estado está documentando la ilegalidad del pacto. En un escenario postutela, cualquier tribunal arbitral internacional (como el CIADI o París) reconocerá que dichos contratos nacieron muertos, permitiendo la rescisión de concesiones petroleras sin derecho a indemnización por enriquecimiento ilícito de la contraparte coactora, situación que como las fumigaciones en los campos aleja cualquier tipo de inversión que requieren paz social y cero ruido político.

Conscientes de la posible cuestionabilidad de estos acuerdos frente a las denuncias de ilegitimidad institucional y el consecuente natural nerviosismo de los mercados financieros, los operadores del statu quo instrumentalizan su defensa institucional. El plan inmediato consiste en utilizar las instituciones remanentes como una lavandería de legalidad. Para ello, se acelerará la designación y reconfiguración de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante la distribución de cuotas controladas entre el ala de Jorge Rodríguez, la facción de Dinorah Figuera y otros actores alineados. Este nuevo TSJ exprés tendrá el cometido específico de validar y «fusionar» los actos de la Asamblea Nacional de 2015 y el parlamento de 2020, confiriéndole un barniz de legalidad formal a los contratos petroleros para intentar sepultar la tesis del vicio de consentimiento mediante un acuerdo amplio entre actores políticos e institucionales.

En paralelo a esta ingeniería jurídica, la Casa Blanca desplegará su maquinaria de guerra comunicacional para amortiguar el impacto. Ingenieros digitales y expertos en opinión pública activarán laboratorios automatizados y plataformas de difusión masiva para saturar el ciberespacio, recurriendo a la manipulación de interacciones (likes) y la difusión de filtraciones calculadas (leaks) con el fin de desviar y balcanizar la atención pública, sustituyendo la contundencia de las imágenes del asfalto por narrativas prefabricadas de falsa normalidad. Esto vendrá acompañado de un sistema de poleas y contrapesos diseñado propiamente para aligerar la carga de la calle reactivada por Machado; una maniobra política orientada a fragmentar el peso de la opinión pública y distribuirlo en el carnaval de una megaelección regional y municipal. El objetivo último es diluir a la sociedad política tradicional en disputas menores de alcaldías y gobernaciones, pretendiendo desviar la atención de la demanda presidencial inmediata y blindar internacionalmente los acuerdos energéticos bajo una apariencia de «normalidad institucional».

María Corina Machado ha regresado para demostrar que la paz corporativa pactada entre Washington y Miraflores es una ilusión insostenible. Mientras la ingeniería jurídica del interinato intenta legalizar la coacción mediante tribunales exprés y los teóricos del repliegue decretaban el fin del juego, la calle vuelve a recordar que la legitimidad es un atributo soberano que no se transa en los bufetes de las multinacionales, sino que se ejerce y se defiende en el asfalto.