Cooperación multinacional estrecha el cerco sobre el liderazgo transnacional del Tren de Aragua

Las organizaciones criminales transnacionales aprovechan las fronteras para distribuir sus dirigentes, finanzas y operaciones entre distintos países. Para las fuerzas de seguridad que las persiguen, el reto es conectar con la misma rapidez inteligencia, investigaciones y mecanismos judiciales entre distintas jurisdicciones.

La captura en Bogotá de Luis Saúl Pérez Nieto, alias Nairobi o Páez, señalado como uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua (TdA) en Perú, ofrece un ejemplo de cómo esa cooperación puede seguir a un objetivo criminal más allá del país donde dirige sus operaciones.

La Policía Nacional del Perú informó que la captura fue resultado del intercambio de información, coordinaciones internacionales y técnicas especiales de investigación entre su Equipo Sensitivo contra el Crimen Organizado Transnacional, La Policía Nacional de Colombia y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA). La operación culminó con una investigación de siete meses de trabajo conjunto.

Alias Nairobi fue detenido el 27 de agosto en Fontibón, Bogotá. Las autoridades lo señalan como hombre de confianza del fallecido líder del TdA Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, y le atribuyen un papel en la articulación de extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores de Sudamérica y Centroamérica. Los Estados Unidos lo requerían por delitos relacionados con terrorismo, lavado de activos, narcotráfico y asociación delictiva.

Más allá de la captura de un cabecilla, el caso muestra una cadena de cooperación necesaria para perseguir a organizaciones cuyos integrantes y operaciones atraviesan varias jurisdicciones: compartir información para identificar y localizar objetivos, coordinar investigaciones, convertir la inteligencia en acciones judiciales y mantener la cooperación hasta poner a los acusados ante la justicia.

De la información a la acción judicial

El analista de inteligencia estratégica y especialista en seguridad, defensa y análisis geoespacial Mario Andrés Sánchez Cubillos dijo a Diálogo que la cooperación internacional funciona mediante distintos canales que se complementan.

“Hay comunicaciones informales entre agencias de policía, que comparten información preliminar de nombres y perfilamientos si hay una búsqueda; y hay asistencias legales mutuas, una comunicación mucho más formal de Estado a Estado”, explicó.

Los primeros intercambios permiten alertar rápidamente a las autoridades de otro país sobre un objetivo o movimiento de interés. Los mecanismos formales permiten convertir esa información en elementos que sustenten órdenes judiciales, extradiciones y otras actuaciones entre Estados.

Lorena Erazo, investigadora de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle, en Bogotá, también identifica a Diálogo distintos niveles de cooperación regional. Uno de ellos funciona a través de mecanismos consolidados como INTERPOL y la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), que conectan a las instituciones encargadas de combatir redes criminales que operan en varios países.

AMERIPOL estableció entre sus prioridades para 2026 una acción sostenida contra el TdA, junto con nuevos instrumentos de cooperación entre cuerpos policiales de la región. Para Erazo, profundizar esa coordinación requiere ir más allá de localizar y detener integrantes de las organizaciones.

“Se requieren también esfuerzos para cooperar en lavado de activos, colaboración biométrica y otro tipo de información, para maximizar el impacto de estas estrategias”, afirmó.

Seguir el dinero, verificar identidades y reconstruir contactos permite ampliar una investigación desde un individuo hacia la red que lo sostiene. Para Sánchez cubillos, detener a un cabecilla también puede abrir nuevas líneas investigativas.

“Neutralizar un objetivo puede dar un indicador, pero capturarlo vivo es mucho más útil para posteriores investigaciones”, sostuvo. Un detenido puede aportar información que, una vez corroborada mediante las investigaciones correspondientes, contribuya a identificar redes de financiación, rutas, contactos internacionales y estructuras de mando, explicó.

Una cadena que continúa después de la captura

La persecución de una organización transnacional no termina cuando un sospechoso es localizado. Los procesos de extradición y entrega internacional permiten que los acusados respondan ante las jurisdicciones que los requieren.

Un día después de la captura de Nairobi, Colombia entregó a Chile a Alfredo Camilo Carrillo Ortiz, alias Gocho, presunto integrante del TdA requerido por su supuesta participación en el secuestro y homicidio en Santiago del exteniente venezolano Ronald Ojeda en 2024. La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia materializó la entrega a las autoridades chilenas.

Ese mismo día llegó a Chile desde los Estados Unidos otro acusado en el caso, Rafael Gámez Salas, alias El Turko, señalado por las autoridades chilenas como uno de los dirigentes de Los Piratas de Aragua, una facción del TdA.

Otro caso siguió una ruta similar meses antes. En julio de 2026, Colombia extraditó a Chile a Dayonis Junior Orozco Castillo, alias Botija, requerido por la justicia chilena por su presunta participación en el homicidio de un carabinero. Orozco había sido detenido en Colombia en 2024 tras una operación coordinada entre autoridades de Colombia, Chile y Perú.

Los casos muestran distintas etapas de una misma arquitectura de cooperación: un objetivo puede ser investigado en un país, localizado en otro y requerido judicialmente por un tercero.

Ese entramado resulta especialmente relevante frente al TdA. Erazo señala que la organización adapta sus actividades a las oportunidades criminales de cada territorio. Sus redes han sido vinculadas, según el país, con extorsión, narcotráfico, tráfico de personas, explotación sexual, secuestros y otras economías ilícitas.

“Asfixiar organizaciones que se estructuran como nodos o redes que mutan según su entorno se vuelve más complejo”, señaló.

Conectar capacidades contra una amenaza regional

Los casos contra el TdA muestran cómo la cooperación entre países permite seguir a un objetivo a través de distintas jurisdicciones. Pero las mismas redes que mueven a sus dirigentes entre países también distribuyen sus finanzas, rutas, logística y otras actividades ilícitas a escala regional. Enfrentarlas requiere conectar las capacidades nacionales más allá de una operación o investigación específica.

Esa lógica también está presente en la Coalición de las Américas contra los Cárteles, que busca fortalecer la coordinación entre los países participantes frente a los cárteles y otras redes criminales transnacionales. La coalición amplía ese esfuerzo hacia una cooperación operacional sostenida, conectando capacidades de los países para ejercer presión sobre distintos componentes de las redes criminales.

La Coalición complementa los mecanismos policiales y judiciales que permiten operaciones como la captura de Nairobi y la extradición de otros integrantes del TdA. Mientras esos instrumentos permiten compartir información, localizar objetivos y llevarlos ante la justicia, una coordinación regional más amplia permite vincular esas acciones con esfuerzos contra las rutas, finanzas, logística e infraestructura que sostienen a las organizaciones criminales.

Esa cooperación ya se extiende a distintos dominios. En agosto, autoridades de Colombia, Ecuador y los Estados Unidos se reunieron en la frontera colombo-ecuatoriana para avanzar en una estrategia conjunta contra redes criminales transnacionales que explotan ese corredor. En el Pacífico oriental, operaciones coordinadas entre Ecuador y los Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas a redes de narcotráfico también fueron identificadas por el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) como acciones que avanzan los objetivos de la Coalición.

Para las fuerzas de seguridad, el valor de estos mecanismos reside en reducir los espacios que las organizaciones criminales pueden explotar entre una jurisdicción y otra. Una alerta policial puede ayudar a localizar un objetivo; una investigación conjunta puede reconstruir sus contactos; la cooperación judicial permite sustentar una captura o extradición; y el intercambio financiero y biométrico puede extender la investigación hacia el resto de la red.

“Fortalecer la inteligencia de cada Estado y la cooperación internacional en inteligencia me parece vital para contrarrestar estas amenazas”, afirmó Sánchez Cubillos.

Erazo añade que el trabajo institucional también debe extenderse a las comunidades donde las organizaciones intentan establecer control e influencia, mediante un esfuerzo “no solamente operativo y táctico de la fuerza pública, sino también de apropiación con las comunidades”.

La captura de Nairobi y las entregas de otros presuntos integrantes del TdA muestran cómo distintos componentes de la cooperación regional pueden converger sobre una misma red criminal: inteligencia para localizar objetivos, coordinación policial para detenerlos y mecanismos judiciales para llevarlos ante la jurisdicción que los reclama. Al conectar esas capacidades entre países, las fuerzas de seguridad amplían su capacidad para seguir a organizaciones que utilizan las fronteras para dispersar su liderazgo y sus operaciones.