Jueza exige explicaciones a la UPTC por votación de graduados y ubicación de 16 mesas fuera de la Universidad

El Juzgado Sexto Administrativo de Tunja admitió una tutela contra la UPTC y ordenó responder, en 24 horas, por qué los egresados deberán votar presencialmente en la consulta para elegir rector, mientras otros estamentos lo harán de manera electrónica. También exigió justificar la instalación de 16 mesas en el Coliseo Cubierto Municipal de Tunja y acreditar las garantías de transparencia del proceso.

A menos de dos semanas de la designación del nuevo rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), una acción de tutela puso bajo examen judicial dos decisiones relacionadas con la consulta de graduados del próximo 4 de noviembre: la obligatoriedad del voto presencial y la ubicación de 16 mesas de votación en el Coliseo Cubierto Municipal de Tunja, por fuera del campus universitario.

Mediante auto del 22 de octubre, la jueza Paula Juliett Fuerte Vargas, del Juzgado Sexto Administrativo de Tunja, admitió la tutela presentada por Emma Ávila Garavito, quien considera vulnerados sus derechos a la igualdad, la participación democrática en el gobierno universitario, el debido proceso y el acceso a la información.

La accionante cuestiona que los graduados deban desplazarse físicamente hasta los puestos de votación, mientras que para estudiantes, profesores y trabajadores administrativos se contempla una jornada de votación electrónica el 5 de noviembre.

Por esa razón, solicitó que se examine la posibilidad de habilitar un mecanismo electrónico o remoto que permita participar a quienes residen lejos de las mesas, sin comprometer la identificación de los electores ni el secreto del voto.

Pero la tutela va más allá de esa diferencia entre estamentos. La jueza también exigió a la UPTC explicar por qué decidió instalar las 16 mesas de Tunja en el Coliseo Cubierto Municipal y no dentro de las instalaciones de la Universidad.

Para ello, ordenó entregar los estudios, actas, conceptos, autorizaciones y demás documentos que sustentaron la decisión, así como identificar a las autoridades que la aprobaron.

El despacho judicial quiere conocer, además, cómo se garantizarán la vigilancia, el acceso de testigos y veedores, la custodia de los tarjetones y las urnas, los escrutinios y la conservación de las actas electorales.

La providencia también solicita información sobre los mecanismos para que los graduados conozcan oportunamente las hojas de vida, propuestas y programas de los candidatos, el censo electoral y las reglas de la consulta.

Otro aspecto que deberá explicar la Universidad es cómo se desarrolló la elección presencial de representantes de graduados ante el Consejo Superior, celebrada el 12 de marzo de este año, y qué medidas se adoptaron entonces para facilitar la participación de egresados residentes en otras regiones o en el exterior.

La jueza otorgó un plazo de 24 horas, contado desde la recepción de la comunicación judicial, para que la Universidad, el Consejo Superior, la Secretaría General y el Comité Electoral entreguen los informes y soportes requeridos. La UPTC también dispone de 48 horas desde su notificación para responder a los hechos de la tutela.

Una vez recibida la información, el juzgado evaluará si es necesario adoptar medidas provisionales antes de la votación.
Es importante precisar que la admisión de la tutela no significa que el juzgado haya encontrado irregularidades ni que haya ordenado suspender la consulta. La propia accionante señala que la elección de un recinto municipal no constituye, por sí sola, una presunción de fraude.

El proceso de designación del rector para el periodo 2027–2030 continuará, según el calendario establecido, con las consultas de graduados el 4 de noviembre y de los demás estamentos el día 5. La decisión final corresponde al Consejo Superior Universitario el 19 de noviembre.

Por ahora, la UPTC deberá explicar ante la justicia las razones y garantías de un sistema de votación que ha sido cuestionado por una de sus graduadas.