Indígenas y políticos de la Amazonía rechazan revocatoria de reserva

El Ministerio de Ambiente revocó la resolución 961 de 2026, la que declaró y delimitó el bioma amazónico como reserva definitiva. En la práctica, prohibía nuevas actividades mineras y de petróleo en una extensión de 483.283,55 kilómetros cuadrados, el 42% del país. 

La resolución fue expedida dos días antes de acabar el gobierno Petro, sin agotar el proceso de consulta previa con las comunidades afro. Esa fue la razón con la que se justificó la derogatoria, argumentando que la resolución de Petro iba en contra de la Constitución. 

Lo más probable es que el Ministerio no restablezca la medida, pues Fabio Arjona ya era crítico desde antes de asumir el cargo. El ministro aseguró que adelantarán nuevas acciones para proteger el bioma una vez se cumpla la consulta previa y las valoraciones técnicas, ambientales y jurídicas que corresponden. Sin embargo, no especificó cuáles.

Arjona también afirmó que la medida no garantizaba por sí sola la protección de la Amazonía y “generaba incertidumbre económica y territorial sin ofrecer alternativas concretas a quienes habitan la región y son, precisamente, los principales aliados de la conservación”. La Silla Vacía conversó con quienes están en territorio para conocer su postura frente a la medida del Ministerio, desde las comunidades hasta expertos, esto es lo que dijeron: 

Agarrón entre Arjona y Vélez. La exministra de Ambiente, Irene Vélez, señaló al nuevo gobierno de favorecer a socios del presidente con su decisión. “Si les hubiera interesado la conservación de la Amazonía, habrían seguido la ruta de participación que quedó trazada en la resolución”, dijo en X. El expresidente Petro también se refirió al respecto: “Abelardo define acabar la selva amazónica”, dijo. 

Arjona respondió señalando a Vélez por el aumento de la minería y la ganadería ilegal, y la persistencia de la deforestación: “buscando titulares hicieron las cosas a las carreras y mal hechas y, encima, sin pensar en el bienestar de la población”.

En Putumayo, los pueblos indígenas rechazan el reversazo. Putumayo es una de las regiones en las que influye directamente la decisión. En Mocoa, su capital, se lleva a cabo el proyecto de exploración Libero Cobre, que sería el abrebocas de un proyecto minero que estima explotar alrededor de 2 millones toneladas de cobre, uno de los minerales más codiciados por su utilidad para la fabricación de equipos eléctricos. Además, es una región de tradición petrolera, aunque con reservas cada vez más escasas.

La resolución del gobierno Petro permitía avanzar en la exploración y la explotación siempre y cuando tuvieran contratos vigentes y licenciamiento ambiental, pero no permitía nuevos contratos, lo que le cerraba las puertas a nuevos proyectos petroleros o mineros, como el de Mocoa. Con la revocatoria, nuevamente queda abierta la posibilidad.

“El presidente está muy conectado con los grandes inversionistas, ha hecho un acuerdo con Estados Unidos sobre minerales, así que hay un afán de abrir posibilidades para hacer en la explotación”, dice Mariño Peña, presidente de la Organización zonal indígena del Putumayo. Peña hace referencia al memorando de entendimiento que firmó Abelardo de la Espriella con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, así como a las inversiones recientes de dos de sus socios empresariales en la empresa Cooper Giant, dueña de Libero Cobre.

Peña explicó que la Ozip participó en el proceso de consulta previa de la medida con pueblos indígenas, que se realizó a través de la Mesa Regional Amazónica, que agremia a los pueblos indígenas de toda la región. También agregó que fue uno de los 57 acuerdos contemplados entre los pueblos indígenas y el gobierno anterior, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.

“Está cometiendo un grave error porque está limitando derechos concedidos en el gobierno anterior, pese a que la misma Constitución y la ley señalan que, en el caso de los pueblos indígenas, donde se haya ganado derechos no puede haber acciones retrógradas. Más bien, deben ser progresivas y deben respetarse los espacios ganados”, agrega.

Sobre lo que se viene para la Amazonía tras la decisión, dijo que “no vamos a dejar de defender algo que nos genera la garantía para la pervivencia cultural”.

Representantes de Putumayo y Guaviare priorizar la conservación. Miguel Ángel Rubio, representante a la Cámara de Putumayo por el Pacto Histórico, señala que levantar esta medida busca el desarrollo de la explotación minera en la Amazonía. El congresista resalta que esto no solo perjudica a las comunidades indígenas o afro, sino que va en contra de los derechos de los colombianos y el mundo entero por la importancia de la conservación del bioma amazónico.

“Todos los habitantes de la Amazonía sentíamos que con esa resolución teníamos una posibilidad de protegerla de mayor manera. Inclusive ahora que se está planteando lo de la fumigación con glufosinato”, declara Rubio. Por otra parte, también reconoce que hay otros instrumentos que garantizan su protección, como el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos.

El congresista del Pacto duda que el gobierno expida una medida similar una vez termine el proceso de consulta previa por el memorando de entendimiento que firmó el gobierno con Estados Unidos. Adelató que mañana se reunirán todos los representantes de la Amazonía con académicos, pueblos indígenas, grupos étnicos y campesinos e iglesias para discutir cómo proceder.

Por su parte, Jorge Quevedo, representante a la Cámara de Guaviare por el Partido Conservador, señala que a las comunidades locales les impactaría directamente el desarrollo de proyectos mineros o de hidrocarburos debido al posible deterioro del ecosistema. Especialmente de los recursos hídricos y las presiones que podrían generar los grupos armados para aprovecharse de ellos,

“La Amazonía hay que dejarla tranquila. Hay que cuidarla, preservarla, protegerla, pero no hay que buscar allí explotar, extraer o avanzar en otros temas, porque la Amazonía es sinónimo de vida”, declara Quevedo.

El representante dice que están a la expectativa de lo que ahora hará el gobierno. Explica que estas resoluciones son efectivas cuando se aplican, sino son letra muerta. “Una resolución más, una resolución menos, lo importante es que efectivamente quienes estamos dentro del corazón de la Amazonía busquemos protegerla a toda costa”.

Voces del Centro Democrático defienden la revocatoria. La representante a la Cámara por Antioquia, Ana Ligia Mora, una de las principales voces de ese partido en temas ambientales, aplaudió la decisión del ministro Arjona. “El gobierno Petro pensaba que la protección ambiental se imponía por decreto, el ministro Arjona lo detalle claramente”, dijo en su cuenta de X. “En este gobierno llegó el enfoque que necesita el país: ambiente y desarrollo sostenible. No más falso ambientalismo”, agregó. 

¿Es una decisión que puede tomar el gobierno? Pese a que es usual que los gobiernos busquen replantear decisiones administrativas de sus antecesores, hay elementos que se deben tener en cuenta a la hora de hacerlo que no responden solamente a la discrecionalidad del gobierno de turno.

De acuerdo con Héctor Riveros, abogado constitucionalista y analista experto en gestión pública, hay al menos cuatro asuntos que se deben tener en cuenta: si la resolución fue ordenada por una orden judicial, un tratado internacional, si deriva de una ley que debe cumplir el ejecutivo o si responde al carácter progresivo que tienen ciertos derechos. 

Riveros opina que la falta de consulta previa sí es una causa para revocar la medida, pero para enmendarla: “en ese caso, debería revocar y abrir el proceso de consulta, no simplemente revocar”. 

Para Paulo Ilich Bacca, director de la Línea Ambiental de Dejusticia, la resolución dejaba claro que la consulta previa iba a realizarse, por lo que faltaba era “voluntad política”. Sin embargo, resalta la importancia de la población afro en la Amazonía. “No puede ponerse en términos geográficos y decir que al ser menos no son importantes. Hay consejos comunitarios en la Amazonía y juegan un rol en su conectividad”, explica. 

La Silla Vacía consultó al Proceso de Comunidades Negras y a la Organización de los Pueblos Amazónicos de la Amazonía (Opiac), pero ambas organizaciones están en reuniones para fijar una posición al respecto.