Simplificación agraria: SEO/BirdLife pide a Planas menos trámites sin rebajar la protección ambiental

La simplificación agraria: reducir el papeleo sin desproteger el campo ni el mar. Esta es la petición que ha trasladado la organización SEO/BirdLife a Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Lo han hecho a través de una carta en la que reclaman que se facilite el trabajo de los productores agrarios manteniendo las garantías ambientales.

La organización plantea sus demandas ante el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, convocado los días 26 y 27 de octubre en Luxemburgo. Los ministros abordarán la futura PAC, las posibilidades de pesca del Báltico para 2027 y la preparación de la reunión internacional sobre la conservación del atún atlántico.

SEO/BirdLife pide que se prioricen las explotaciones profesionales y familiares, que se proteja el olivar español y que se refuercen las medidas contra las capturas de las aves marinas. Reclaman que cada trámite que se elimine sea para facilitar el cumplimiento de las normas y que se conserve la capacidad de comprobar los resultados.

Simplificación agraria

SEO/BirdLife ha remitido una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con motivo del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea que se celebra los días 26 y 27 de octubre en Luxemburgo.

Durante la reunión, los Estados miembros abordarán cuestiones relevantes para el futuro de las políticas agrarias y pesqueras europeas. Entre ellas figuran las condiciones para la ejecución de las ayudas de la futura Política Agrícola Común, las cuestiones agrícolas relacionadas con el comercio, la situación del mercado del aceite de oliva, las oportunidades de pesca para 2027 en el mar Báltico y la preparación de la próxima reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico.

El Consejo analizará también la simplificación, aplicación y cumplimiento de la normativa agraria y pesquera. Ante este debate, SEO/BirdLife pide a España que defienda una reducción real de la burocracia innecesaria, sin confundir las cargas administrativas prescindibles con las obligaciones que permiten proteger el medio ambiente, controlar el uso de los fondos públicos y garantizar que las normas se cumplen.

Simplificar no puede significar desregular

Reducir duplicidades, armonizar procedimientos y evitar que agricultores, ganaderos y pescadores tengan que presentar varias veces la misma información son objetivos legítimos. Una normativa más clara y proporcionada puede facilitar su cumplimiento, especialmente para las explotaciones familiares y la flota artesanal y de pequeña escala.

Sin embargo, la simplificación no puede convertirse en una vía para eliminar normas básicas, reducir controles o debilitar los mecanismos de seguimiento y evaluación. En agricultura, estos instrumentos permiten comprobar que las ayudas públicas cumplen sus objetivos económicos, sociales y ambientales. En pesca, la recopilación de datos, el seguimiento, el control y la trazabilidad son indispensables para conocer el impacto real de la actividad, verificar el cumplimiento de las medidas y evaluar su eficacia.

La reducción de cargas debe acompañarse de una mejor coordinación entre administraciones, herramientas adaptadas a las características de los distintos sectores y apoyo técnico y financiero suficiente. Debe también preservar indicadores que permitan conocer los efectos reales de las políticas sobre el agua, el suelo, las poblaciones pesqueras, los ecosistemas y la biodiversidad. Simplificar debe servir para facilitar el cumplimiento y mejorar los resultados, no para reducir el alcance de las normas o dificultar su verificación. 

Una PAC común, suficientemente financiada y mejor orientada

La futura Política Agrícola Común debe conservar un marco europeo sólido, con normas y garantías compartidas que proporcionen estabilidad al sector y eviten diferencias injustificadas entre productores y Estados miembros. Una mayor flexibilidad para adaptar las intervenciones a las características de cada territorio no debe provocar una renacionalización de la PAC ni una competencia a la baja en sus condiciones sociales y ambientales.

La futura política también tiene que mantener prácticas de protección equivalentes o superiores a las actuales Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales, incluyendo la conservación de los elementos del paisaje, la protección del suelo y del agua y el mantenimiento de los sistemas agrarios de alto valor natural.

Asimismo, SEO/BirdLife reclama que las ayudas se orienten prioritariamente hacia las explotaciones profesionales y aquellas gestionadas directamente por quienes desarrollan la actividad agraria, que contribuyen al arraigo territorial y aportan mayores beneficios sociales y ambientales. Entre ellas se encuentran la agricultura y ganadería de alto valor natural, la producción ecológica y las explotaciones situadas en la Red Natura 2000, cuya gestión contribuye a conservar la biodiversidad. 

La desaparición del actual sistema de derechos y el paso hacia ayudas decrecientes por superficie ofrecen una oportunidad para mejorar la distribución del apoyo a la renta. Para ello, resulta necesario reducir progresivamente los pagos a medida que aumenta su cuantía, establecer límites efectivos por explotación y evitar que los fondos se concentren en grandes propietarios o fondos de inversión que no necesitan este apoyo para garantizar la viabilidad de una actividad agraria profesional.

La futura PAC debe contar además con una financiación suficiente y previsible para sus actuaciones ambientales y climáticas, incluyendo una asignación específica para la conservación y recuperación de la biodiversidad. Estas reservas presupuestarias deben ser mínimas, obligatorias y aplicables en todos los Estados miembros, y acompañarse de una metodología transparente que permita comprobar su contribución efectiva.

El principio de no causar un perjuicio significativo debe aplicarse al conjunto de las intervenciones de la PAC, especialmente a las ayudas a inversiones. Los fondos públicos no deben financiar nuevos regadíos en zonas con escasez estructural de agua, instalaciones de ganadería industrial con impactos ambientales significativos ni transformaciones intensivas de sistemas agrarios de alto valor natural.

Comercio justo y futuro para el olivar tradicional

Las explotaciones europeas que cumplen las normas de la Unión y realizan esfuerzos adicionales para proteger el suelo, el agua y la biodiversidad no pueden competir en condiciones de desigualdad con productos que no ofrecen garantías equivalentes. 

SEO/BirdLife pide una política comercial agrícola basada en condiciones de competencia justas, trazabilidad y coherencia con los objetivos de la PAC y de la legislación ambiental europea. La competitividad del sector no puede basarse en una reducción de las normas sociales y ambientales, sino en la calidad, la sostenibilidad, la innovación y la generación de valor añadido en los territorios. 

En el caso del aceite de oliva, las medidas destinadas a mejorar la estabilidad del mercado deben priorizar a las explotaciones profesionales y familiares, especialmente al olivar tradicional, de secano o situado en territorios con limitaciones naturales. 

La viabilidad futura de estas explotaciones depende también de la conservación de los recursos que sostienen su producción. Las medidas de apoyo deben contribuir a recuperar la fertilidad y funcionalidad del suelo, mejorar la gestión del agua, favorecer la biodiversidad y reducir la dependencia de insumos externos. Al mismo tiempo, deben evitar procesos de intensificación que aumenten la presión sobre recursos hídricos sobreexplotados, eliminen elementos del paisaje o desplacen modelos tradicionales que generan empleo y bienes públicos ambientales.

Decisiones pesqueras basadas en la ciencia

En relación con las oportunidades de pesca para 2027 en el mar Báltico, SEO/BirdLife pide que España apoye decisiones plenamente acordes con el mejor asesoramiento científico disponible, el principio de precaución y el enfoque ecosistémico.

La preocupante situación de varias poblaciones pesqueras se enmarca en el deterioro de un ecosistema sometido a múltiples presiones ambientales. Las posibilidades de pesca no pueden superar los niveles recomendados científicamente y deben mantener límites estrictos para las capturas accesorias inevitables de las poblaciones en peor estado, contribuyendo a su recuperación y a preservar el funcionamiento del ecosistema marino.

Oportunidad para avanzar hacia una gestión pesquera basada en la ciencia, el principio de precaución y el enfoque ecosistémico.

Reducir las capturas accidentales de aves marinas

La próxima reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que se celebrará en Vilamoura del 16 al 23 de noviembre, representa una oportunidad para avanzar hacia una gestión pesquera basada en la ciencia, el principio de precaución y el enfoque ecosistémico.

España, por la importancia de su flota y su influencia en la posición de la Unión Europea, debe promover medidas que garanticen la sostenibilidad de las poblaciones explotadas y reduzcan los impactos de la actividad pesquera sobre las especies capturadas accidentalmente.

Los trabajos científicos desarrollados durante 2026 en el marco de ICCAT han vuelto a evidenciar la necesidad de mejorar el conocimiento, el seguimiento y la mitigación de estas capturas. En particular, resulta prioritario revisar y reforzar las medidas destinadas a reducir la mortalidad de aves marinas en las pesquerías de palangre.

Estas medidas deben incorporar las mejores prácticas disponibles, adaptarse a las diferencias de riesgo entre zonas, periodos del año, artes y modalidades pesqueras y apoyarse en datos suficientemente representativos. Esto permitirá identificar las circunstancias de mayor riesgo y evaluar la eficacia real de las soluciones aplicadas. 

La experiencia de SEO/BirdLife trabajando con el sector pesquero demuestra que la colaboración con los pescadores resulta esencial para diseñar soluciones viables y adaptadas a cada pesquería. Esta colaboración debe traducirse en reducciones efectivas y verificables de la mortalidad de aves marinas. 

Proteger las garantías para asegurar el futuro 

La simplificación no debe medirse únicamente por el número de requisitos eliminados, sino por su capacidad para facilitar el cumplimiento, mejorar la gestión pública y mantener resultados verificables.

España debe defender unas políticas agraria y pesquera que reduzcan cargas realmente innecesarias y apoyen a quienes desarrollan su actividad sobre el territorio y en el mar, preservando al mismo tiempo las normas comunes, las salvaguardias ambientales y los mecanismos de control y seguimiento.

Garantizar rentas dignas, apoyar a las explotaciones familiares y a las comunidades pesqueras y recuperar la biodiversidad son elementos inseparables de unas políticas agraria y pesquera con futuro. 

El debate tiene un motivo concreto: el índice de aves comunes que habitan en los medios agrarios de la Unión Europea cayó un 41% entre los años 1990 y 2024. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente entre los principales motivos de este descenso se encuentra el uso de plaguicidas y fertilizantes y la intensificación agrícola que reduce los hábitats de las aves.