Municipios deberán buscar alternativas de manejo de residuos frente a cierre definitivo del relleno de Atlangatepec

Ante el cierre definitivo de la recepción de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario de Atlangatepec, programado para el próximo 31 de octubre, los 60 municipios de Tlaxcala deberán establecer nuevos mecanismos para la disposición de sus desechos a partir del 1 de noviembre, con la finalidad de evitar una crisis ambiental y afectaciones en los servicios de recolección de basura.

Lo anterior fue apuntado por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), Pedro Aquino Alvarado, quien informó que el gobierno del estado identificó seis alternativas para atender esta problemática, tanto dentro como fuera del territorio tlaxcalteca, las cuales fueron presentadas a las presidentas y presidentes municipales para que determinen las opciones más viables, de acuerdo con sus condiciones económicas, territoriales y logísticas.

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En rueda de prensa, Aquino Alvarado explicó que, como parte de la declaratoria de emergencia por el manejo de residuos, la dependencia agilizará los procedimientos de autorización y brindará acompañamiento técnico a los ayuntamientos para garantizar que, una vez concluido el servicio en Atlangatepec, los desechos sean trasladados a sitios que cumplan con la normatividad ambiental.

En este sentido, expuso que estas medidas buscan evitar que se repitan las afectaciones registradas durante el cierre temporal del relleno sanitario, que permaneció sin recibir residuos de domingo a jueves de la semana pasada, y provocó retrasos en la recolección de basura en distintos municipios, aunque aclaró que no todas las demarcaciones presentaron problemas.

De acuerdo con Aquino Alvarado, algunos ayuntamientos lograron mantener sus servicios mediante ajustes operativos y la incorporación de recolectores adicionales, por lo que consideró que la coordinación municipal será fundamental para enfrentar la nueva etapa del manejo de residuos.

Al respecto, detalló que, tras la reapertura del sitio, se recibieron hasta 189 camiones recolectores en una jornada, cuando habitualmente ingresan entre 140 y 150 unidades, situación que atribuyó a las labores extraordinarias implementadas para retirar los desechos acumulados.

No obstante, advirtió que la normalización gradual del servicio no significa que haya concluido la emergencia ambiental, pues el cierre definitivo del relleno sanitario representa un nuevo reto para las autoridades municipales.

“La declaratoria reconoce que estamos en una situación emergente en la que hay que tomar decisiones precisas, rápidas, muy responsables, por supuesto, con orden y en colaboración”, sostuvo.

Fue así como explicó que las seis alternativas identificadas contemplan el aprovechamiento de instalaciones existentes, con el propósito de evitar la construcción improvisada de nuevos tiraderos y facilitar que los municipios comiencen a trasladar sus residuos a otros sitios desde el primer día de noviembre.

Para ello, la SMA convocó a reuniones individuales con las autoridades municipales y sus equipos de servicios públicos y tesorería, a fin de revisar las condiciones de contratación, los costos de traslado y las autorizaciones correspondientes.

La intención, continuó, es que durante la última semana de octubre se realicen pruebas operativas y ajustes logísticos que permitan concretar la transición sin interrumpir los servicios de recolección.

“Nosotros como secretaría, en un análisis previo, creemos que ya sabemos cuál es la solución adecuada para cada municipio, pero son autónomos en determinarlo. Esa será decisión exclusiva de cada ayuntamiento”, remarcó.

Respecto a la capacidad económica de los municipios, Aquino Alvarado recordó que los gobiernos municipales cuentan con recursos presupuestados para noviembre y diciembre, debido a que originalmente tenían previsto continuar pagando al gobierno estatal por la disposición de sus residuos durante esos meses.

Sin embargo, reconoció que los costos podrían incrementarse, ya que anteriormente el cobro se realizaba por metro cúbico, mientras que los prestadores privados generalmente establecen tarifas por tonelada.

Como ejemplo, mencionó que uno de los rellenos sanitarios privados autorizados en Tlaxcala ofreció reducir su tarifa habitual, de aproximadamente 350 pesos más IVA por tonelada, a cerca de 164 pesos más IVA, con lo que podría atender a por lo menos seis municipios.

No obstante, señaló que esta instalación todavía no inicia operaciones debido a la oposición de habitantes de la comunidad donde se encuentra, a pesar de contar con infraestructura construida conforme a la normatividad ambiental.

Asimismo, comentó que en Tlaxcala existen cuatro rellenos sanitarios privados autorizados, aunque no todos cuentan con permisos para recibir residuos sólidos urbanos, por lo que también se analizan alternativas en entidades vecinas.

Una opción más frente al cierre del relleno sanitario, abundó, es que los ayuntamientos se organicen regionalmente para contratar servicios de disposición final y negociar tarifas más accesibles mediante el traslado conjunto de mayores volúmenes de residuos. Otra de las medidas consideradas es la instalación de estaciones de transferencia, que permitirían concentrar los desechos de varios municipios y transportarlos en vehículos de mayor capacidad, con lo cual se reducirían los costos operativos.

En cuanto al riesgo de que se aperturen tiraderos clandestinos, el titular de la SMA reconoció que ya se han identificado algunos casos que son investigados por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet) y remarcó que las y los presidentes municipales firmaron una carta compromiso para reforzar la vigilancia en sus territorios, prevenir la disposición irregular de basura e instruir a su personal para evitar prácticas que puedan provocar contaminación.

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Estas acciones se realizarán en coordinación con autoridades de seguridad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), particularmente cuando los desechos sean depositados en cuerpos de agua de jurisdicción federal.

Acerca de las acciones a largo plazo, explicó que el gobierno estatal mantiene su intención de desarrollar proyectos de economía circular que permitan reducir la cantidad de residuos enviados a disposición final, mediante esquemas de separación, reciclaje y aprovechamiento de materiales.

Sostuvo que, aunque se canceló el proyecto del Polo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi) en Atlangatepec, existen otras posibilidades para instalar empresas dedicadas al tratamiento y aprovechamiento de desechos en diferentes regiones de la entidad; incluso, refirió que algunos ayuntamientos han manifestado interés en facilitar terrenos para la instalación de industrias de reciclaje, aunque cada propuesta deberá someterse a evaluaciones técnicas, ambientales y sociales.

En cuanto a residuos, estimó que Tlaxcala genera alrededor de mil 400 toneladas de desechos diariamente, de las cuales entre 700 y 750 toneladas tendrían que llegar a sitios de disposición final, por lo que consideró necesario avanzar hacia un modelo regionalizado que aproveche la infraestructura existente.

Finalmente, Aquino Alvarado insistió en que la prioridad inmediata es garantizar la continuidad de la recolección y disposición de basura después del 31 de octubre, mientras se establecen soluciones permanentes que permitan evitar nuevas contingencias ambientales, a través del acompañamiento a los municipios.