Se retira Grupo México del Belgrano Cargas: el Norte necesita garantías para que otra promesa no quede sin vías

Grupo México se retiró de la licitación del Belgrano Cargas y dejó fuera una propuesta de inversión de hasta US$3.000 millones. El C14 depende de formalizar las obligaciones anunciadas por adenda; el C15, de concretar su financiamiento. Jujuy debe exigir documentos, obras y plazos.

La salida del interesado que había anunciado inversiones por US$3.000 millones modifica el escenario de la privatización. Los ramales C14 y C15 conservan posibilidades, pero su recuperación dependerá de obligaciones contractuales, financiamiento y plazos verificables. Para Jujuy, esperar el resultado sin asegurar esas condiciones sería otra decisión política costosa.

Grupo México Transportes decidió no continuar en la licitación del Belgrano Cargas, un retiro que representa un revés para la estrategia ferroviaria del Gobierno nacional. El conglomerado había anunciado un proyecto de inversión de hasta US$3.000 millones para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Esa cifra expresaba una propuesta empresarial: no eran fondos ya desembolsados ni recursos específicamente asignados a los ramales del Norte. Su salida reduce las alternativas conocidas para una transformación que necesita capital, capacidad operativa y compromisos de largo plazo.

La empresa cuestionó el modelo de acceso abierto previsto en el proceso, que permite la circulación de distintos operadores sobre la infraestructura. Defendió, en cambio, un esquema de integración entre vías y operación. Desde el Gobierno, fuentes consultadas por Infobae sostuvieron que esas reglas eran conocidas y que no estaban sujetas a negociación. La discrepancia expone intereses y modelos diferentes; no demuestra por sí sola que la privatización haya fracasado ni que una de las partes tenga garantizada la solución. El interrogante público es qué esquema asegurará inversiones, competencia y servicios para los productores.

Para el C14, la posibilidad sigue abierta, aunque corresponde precisar el alcance del anuncio: el Gobierno de Salta informó que se acordó avanzar con una adenda para establecer la obligatoriedad de sus obras. Eso no permite dar por comprobado que el instrumento ya esté incorporado y vigente. Si esa obligación se formaliza, debe alcanzar al futuro adjudicatario, independientemente del retiro de Grupo México, con trabajos definidos, cronograma y mecanismos de cumplimiento. La garantía tiene que estar en los documentos que regulen la concesión.

El C15 enfrenta una incertidumbre distinta. Para ese corredor, el compromiso anunciado consiste en gestionar financiamiento internacional mediante el Ministerio de Economía. Por lo tanto, su recuperación necesita respuestas adicionales: quién aportará el dinero, quién asumirá la obligación financiera, qué tramos se intervendrán y cuándo comenzarán los trabajos. La salida del grupo mexicano no cancela automáticamente esa alternativa, pero tampoco crea una oportunidad nueva por sí misma. Mientras esas condiciones permanezcan sin precisar públicamente, el anuncio seguirá siendo una expectativa pendiente de concreción.

El nuevo escenario exige mayor intervención política de Jujuy. El reclamo impulsado por las entidades industriales para incorporar el C14 y el C15 como inversiones obligatorias identifica una necesidad real: bajar costos y mejorar la conectividad. Ahora corresponde convertirlo en una posición provincial sostenida por el Gobierno, legisladores, empresas y productores. El riesgo es que las decisiones se concentren en los corredores más rentables para cada interesado y que las necesidades territoriales queden subordinadas a negociaciones posteriores. Esa es una posibilidad que el Estado debe prevenir mediante reglas claras.

Sí, el C14 y el C15 todavía tienen posibilidades; lo que no tienen es una recuperación demostrada por el solo anuncio de una adenda o de un crédito. El retiro de Grupo México obliga a revisar la fortaleza de los compromisos y exigir su publicación. Para Jujuy, la agenda debe incluir obras identificadas, financiamiento definido, acceso para distintos productores y seguimiento público, junto con una planificación que contemple también el corredor hacia La Quiaca. La responsabilidad política consiste en asegurar que el ferrocarril sirva al desarrollo regional antes de celebrar su cambio de operador.