“Hay preocupación de que ministros de Corte y su entorno inmediato se ven comprometidos”

La abogada Cecilia Pérez cuestionó la imparcialidad e independencia con que la Corte va a juzgar los hechos vinculados a títulos falsos y cobro indebido de honorarios, cuando su directora de Garantías Constitucionales, María Verónica Sienra Bertón, esposa del ministro Luis María Benítez Riera, cobró por grado académico siendo bachiller. “Hay una preocupación importante de que los ministros de la Corte que están en la Sala Penal y su entorno inmediato se ven involucrados en el marco de la administración de los recursos de la Corte”, expresó la abogada Cecilia Pérez a El Observador.

La señora María Verónica Sienra, esposa del actual vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis María Benítez Riera y directora general de Garantías Constitucionales, cobró bonificaciones por grado académico entre 2013 y 2014, sin ser universitaria. La funcionaria alegó que fue sin su consentimiento y que no se percató de los depósitos en su cuenta.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia intentó ocultar el hecho incumpliendo los plazos legales para la entrega de información pública y emitiendo un dictamen sobre su idoneidad para ejercer el alto cargo pese a no contar con mínima preparación universitaria. En dicho documento, obviaron mencionar lo que ya sabían: que la mujer cobró sin título por varios meses del erario público.

“Hay una preocupación importante de que ministros de la Corte que están en la Sala Penal y su entorno inmediato se ven involucrados en el marco de la administración de los recursos de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando del Consejo de Superintendencia que se encarga de la administración de la Corte, que se vean involucrados en estas circunstancias por un lado y por otro lado que después estén juzgando hechos sobre cobro indebido de honorarios en estas condiciones”, sostuvo Pérez.

La abogada recordó que, solo el miércoles de esta semana, el contralor general, Dr. Camilo Benítez, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por la presunta irregularidad de 1.090 títulos universitarios de funcionarios públicos.

“¿Con qué objetividad, con qué independencia, se pueden juzgar estos hechos cuando uno mira su propia actuación en su función ministro de Corte, miembros del Consejo de Superintendencia, con este hecho en particular?”, manifestó la profesional.

También señaló que los ministros de la Corte deberían dar ejemplo y que algunos de ellos quieren hacer bien las cosas, pero otros se toman muy a pecho cuando un ciudadano quiere reclamarles algo que es su obligación.

“Realmente le deben a cada santo una vela y a Dios el cirio pascual para llegar al cargo y después no quieren asumir la obligación de rendir cuentas por el ejercicio de sus funciones”, lamentó.