Bismillah, c’est les ténèbres

Los incendios, los saqueos y los grafitis sobre monumentos y edificios públicos franceses han ocupado buena parte de las noticias de los medios colombianos que se han interesado por las protestas de París y otras ciudades. Menos espacio ha tenido la explicación del descontento juvenil en el país de las luces. Aunque resulta más sencillo contar los vidrios destruidos de una protesta que explicar las oportunidades que se han venido rompiendo antes de ella, necesitamos detenernos en sus causas

La movilización francesa nació alrededor de establecimientos educativos y de problemas bastante concretos: docentes ausentes sin reemplazo, aulas sobrecargadas, instalaciones deterioradas y jornadas escolares difíciles de soportar. El descontento se extendió desde la periferia parisina y terminó conectado con otras inconformidades sociales, que antes de convertirse en una crisis de orden público, había una crisis en la experiencia cotidiana de estudiar.

Los estudiantes reclaman profesores que efectivamente estén en los salones, edificios dignos, horarios razonables y mejores condiciones para continuar su formación. Cuestionan también Parcoursup, el sistema de acceso a la educación superior, por la incertidumbre y las dificultades para comprender sus decisiones. Entre las demandas de las organizaciones estudiantiles sobresale una inversión adicional de diez mil millones de euros para educación.

Conviene detenerse en lo elemental de esas peticiones. Una generación educada bajo la promesa del mérito está preguntando con qué herramientas debe competir. ¿Qué significa esforzarse cuando faltan clases? ¿Cuánto vale la igualdad de oportunidades cuando la calidad del establecimiento depende demasiado del territorio y de las posibilidades de la familia?

La escuela pública concentra una promesa especialmente exigente, esto es que el origen social no decida por anticipado el destino, porque cuando esa promesa pierde credibilidad, el deterioro se mide también en desconfianza democrática.

El Gobierno de Macron y su primer ministro, Sébastien Lecornu, deben responder por esa distancia entre la promesa republicana y las condiciones materiales de la educación. Sin embargo, el Ejecutivo ha anunciado para 2027 un incremento de 1.200 millones de euros en el presupuesto educativo, además de medidas para reemplazar docentes y mejorar la participación estudiantil.

La cuestión es si los recursos alcanzan, dónde se ejecutan y qué cambia con ellos. Un presupuesto puede crecer y seguir siendo insuficiente. Una partida puede aumentar mientras un colegio continúa sin profesor, por eso, la cifra agregada es el comienzo de la discusión, no su respuesta.

En medio de esa inconformidad apareció una consigna desconcertante: Bismillah, c’est les ténèbres. La expresión combina una invocación árabe a Dios con las tinieblas francesas, que empezó a circular en una captura de Snapchat que los estudiantes interpretaron como un intento torpe de alguien por hacerse pasar por uno de ellos. Aunque la presunta participación de un policía infiltrado no ha sido comprobada, la frase terminó convertida en una burla colectiva y en una consigna del movimiento.

Su eficacia política y comunicativa está, quizá, en esa distancia, una autoridad que pretende hablar como los jóvenes sin haber aprendido a escucharlos, pero los estudiantes encontraron una manera de devolverle la caricatura.

Colombia debería observar esa escena con más atención.

Aquí también discutimos sobre presupuestos educativos mientras el ejecutivo parece presentar a las universidades públicas como lugares sospechosos y a sus estudiantes como un problema de seguridad. La defensa de la calidad, la evaluación y el buen uso de los recursos es indispensable, por ello, convertir esas exigencias en una descalificación de la educación pública empobrece la discusión y facilita que sus carencias parezcan merecidas.

El debate reciente sobre el Presupuesto General de 2027 ofrece motivos concretos de preocupación, según la información publicada sobre el proyecto de presupuesto, los recursos totales de Mineducación aumentarían 2,8 %, pero el componente de inversión disminuiría de 3,5 a 2,9 billones de pesos. Allí se financian programas relacionados con calidad, cobertura y fomento el verdadero avance en la garantía del derecho está en los recursos de inversión, por ello, su reducción suponen una regresión.

El SENA merece un capítulo aparte. Sus organizaciones sindicales y estudiantiles denunciaron la eliminación de una adición cercana a 500.000 millones de pesos y advirtieron sobre sus consecuencias para la formación, los materiales y la infraestructura. Tras el vicio de trámite del presupuesto, el Gobierno anunció que expedirá por decreto el texto de primer debate, lo que restituiría ese aumento. Ya veremos si el gobierno finalmente recula y los recursos terminan legando efectivamente a la formación de los aprendices.

El artículo 67 de la Constitución obliga al Estado a velar por la calidad educativa y garantizar condiciones de acceso y permanencia. A esa obligación se suman el principio de progresividad y la prohibición de regresividad, según los cuales las autoridades deben avanzar en la realización del derecho a la educación y justificar rigurosamente las decisiones que reduzcan los niveles de protección alcanzados. La escasez de recursos no constituye, por sí sola, una autorización para retroceder.

La Corte Constitucional lo explicó en la Sentencia C-507 de 2008, al examinar la financiación de las universidades públicas, las afirmaciones generales sobre restricciones fiscales y múltiples necesidades por atender resultan insuficientes para justificar una reducción sustantiva de sus recursos. Una medida regresiva exige demostrar su necesidad, examinar alternativas menos lesivas y respetar el contenido mínimo del derecho.

Por eso, anunciar que la educación es prioritaria mientras se debilitan las condiciones para aprender exige explicaciones verificables. Debemos establecer qué recursos se reducen, qué derechos compromete esa decisión y por qué el Gobierno considera inevitable trasladar ese costo a quienes dependen de la educación pública.

Entre el «Bismillah» que los estudiantes franceses han convertido en una consigna irónica y el «¡Viva Cristo Rey!» con el que el Ejecutivo colombiano reviste su discurso político, queda claro que las invocaciones a Dios admiten usos muy terrenales, sirven para burlarse del poder y también para intentar legitimarlo.

En todo caso, «¡Viva Cristo Rey!» no puede convertirse en una contraseña política para distinguir entre amigos y enemigos. Carl Schmitt situó esa distinción en el centro de su concepción de lo político, y una democracia constitucional debe impedir que la discrepancia termine convertida en una enemistad que permita excluir al otro de la comunidad.

Menos aún en Colombia, donde deberíamos conocer el costo de convertir las diferencias políticas y religiosas en motivos de persecución, en todo caso, ningún estudiante, ni muchos menos el sistema educativo público debe demostrar afinidad religiosa o lealtad política para que sus reclamos sean escuchados.

El peligro aparece cuando el poder se atribuye una superioridad moral que convierte a sus críticos en enemigos de Dios, de la patria o del orden. Desde esa posición resulta demasiado fácil presentar a una universidad como un foco de amenaza y a un estudiantado inconforme como alguien a quien vigilar antes que escuchar.

Aunque la situación actual de Francia no permite predecir necesariamente un nuevo estallido social en Colombia, sí permite advertir el riesgo de acumular frustraciones, debilitar oportunidades y tratar el reclamo juvenil como una amenaza. La estigmatización de la educación pública, los retrocesos injustificados en su financiación y la falta de escucha pueden alimentar una inconformidad que después ningún discurso consiga apaciguar.

Además de preguntarnos por qué una generación sale a la calle, deberíamos preguntarnos qué puertas encontró cerradas para tener que salir. Garantizar que los jóvenes estudien y que sus derechos avancen es una obligación constitucional del Estado, y quienes la exigen son ciudadanos, aunque no recen ni voten con el ejecutivo.