Procesan a cuatro presos por liderar una red de extorsión simulando ser el presidente de la Corte Suprema

El juez federal Julián Ercolini dictó la prisión preventiva para los internos alojados en el Penal N° 7 de Jujuy. Los acusados utilizaban perfiles falsos con la imagen de Horacio Rosatti para obtener datos confidenciales y exigir millonarias transferencias a familiares de otros detenidos.

La Justicia Federal desbarató una sofisticada organización criminal que operaba desde el interior del Establecimiento Penitenciario N° 7 del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. El juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a cuatro internos, identificados como Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos.

Los reclusos fueron imputados como coautores de los delitos de asociación ilícita, en concurso real con estafa, extorsión y usurpación de autoridad. De acuerdo con el fallo judicial, la banda funcionó de manera ininterrumpida al menos entre noviembre de 2024 y el 30 de octubre de 2025, utilizando múltiples líneas telefónicas, tarjetas SIM, cuentas bancarias y billeteras virtuales para concretar los fraudes y mover los fondos ilícitos.

El modus operandi: la falsa identidad del juez Rosatti

El eje central de la maniobra consistía en la suplantación de identidad del titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Los imputados configuraban perfiles de WhatsApp que exhibían fotografías del magistrado, imágenes del emblemático edificio de Tribunales o el nombre oficial de la máxima instancia judicial.

Amparados en esta falsa investidura, los presos se comunicaban telefónicamente con dependencias policiales, penitenciarias y de otras fuerzas de seguridad del país para solicitar listados de personas privadas de la libertad e información administrativa. Una vez obtenidos estos datos confidenciales, la banda contactaba directamente a los familiares o allegados de los detenidos para exigirles fuertes sumas de dinero, bajo la promesa de gestionar cauciones, fianzas o acelerar trámites de liberación.

En paralelo, el expediente comprobó que la organización diversificaba sus delitos mediante estafas telefónicas tradicionales. Simulando representar a reconocidas empresas privadas, anunciaban a las víctimas la adjudicación de falsos premios (vehículos, electrodomésticos o sumas de dinero) y solicitaban transferencias inmediatas en concepto de «gastos de trámite».

Un llamado a la Policía Federal y el fin de la banda

La caída de la organización comenzó el 25 de noviembre de 2024 a raíz de un error de los propios estafadores: realizaron un llamado directo al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina. En esa comunicación, uno de los internos se presentó como «el doctor Horacio Rosatti» y solicitó datos de detenidos argumentando un supuesto relevamiento de derechos humanos.

El equipo policial detectó la irregularidad y rastreó el origen de la llamada hasta la zona del penal jujeño. La pesquisa avanzó mediante intervenciones telefónicas e informes de empresas de telecomunicaciones, culminando con requisas dentro del establecimiento penitenciario en diciembre de 2024. Durante los allanamientos, se secuestraron celulares, chips y hasta biblias y libros que escondían precisas anotaciones con alias de pago, números de CBU y datos de las víctimas.

El fallo de Ercolini detalla el grave impacto económico sobre los damnificados, entre los que se destacan:

• Claudio Ariel Sarmiento: Transfirió $450.000 al alias «poderjudicial.mp» tras recibir llamados que le exigían pagar una fianza para liberar a su hijastro, alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
• Camilo Vallejos: Fue engañado con la falsa adjudicación de un equipo de «telefonía satelital 4G» y reportó un perjuicio económico estimado entre $9.000.000 y $10.000.000.
• Fernando Alex Bautista Casimiro: Entregó $429.500 ante la promesa de haber ganado un vehículo cero kilómetro.

Junto con los procesamientos, el magistrado federal dispuso trabar un embargo preventivo sobre los bienes de los cuatro acusados por la suma de $5.000.000 para cada uno. La decisión ya fue notificada a la Fiscalía Federal N° 5, a la Defensoría Pública Oficial y al Juzgado de Ejecución de la Pena de Jujuy.

Fuente: eltribuno