Otro alivio judicial (y van…) para la Casa Rosada en su embestida contra las partidas de las universidades

En el marco del conflicto por el financiamiento universitario, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó la apelación presentada por el Gobierno contra las exigencias del juez de primera instancia Martín Cormick. Con las firmas de los magistrados Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, el tribunal superior determinó que rechazar el recurso estatal podía provocar un daño grave e irreversible ante la amenaza de multas diarias y sanciones.

La controversia se intensificó luego de que el juzgado intimara al Poder Ejecutivo a actualizar en pocos días los salarios de docentes y no docentes y los fondos para becas, bajo la advertencia de sanciones económicas. Frente a esto, la administración central intentó rechazar la orden argumentando que el reclamo original del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya había perdido vigencia y que los montos exigidos no estaban claros; sin embargo, como el juez no concedió la apelación, el Estado recurrió directamente a la instancia superior mediante un recurso de queja.

El alcance de la revisión judicial

Al aceptar la revisión del caso, el tribunal superior frenó de manera temporal el cobro de las multas impuestas al Estado y abrió la discusión sobre la continuidad de la medida cautelar. No obstante, los camaristas aclararon una cuestión central: la decisión no significa que se haya dado por terminada la protección judicial ni que el Gobierno haya cumplido con los pagos reclamados.

Por su parte, los representantes estatales defendieron su gestión al asegurar que los aumentos presupuestarios otorgados durante el año cubrieron los montos exigidos. En cuanto al rubro de las becas, desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que la normativa solo comprende a ciertos programas específicos y cuestionaron la falta de precisión en los porcentajes de aumento que reclama la Justicia.

Los próximos pasos en el expediente

A partir de esta resolución judicial, el expediente volverá al juzgado de origen para continuar con el trámite de la apelación estatal. En la Casa Rosada interpretan que la medida frena por ahora las intimaciones, mientras que el tribunal superior deberá resolver más adelante el fondo de la discusión sobre la ley de financiamiento.

De esta manera, la disputa seguirá su curso en la segunda instancia para definir si la orden de actualizar el presupuesto sigue firme o si el proceso debe limitarse a discutir la constitucionalidad del decreto planteado por el Gobierno. Esta definición resultará determinante para establecer hasta dónde llega el control de la Justicia sobre el manejo del presupuesto universitario.