El Ranchería debe cumplir todos los propósitos para los que fue concebido

El proyecto del río Ranchería fue concebido hace más de 60 años con la expectativa de irrigar las fértiles tierras del sur de La Guajira. Con el paso del tiempo, y buscando ampliar sus beneficios y hacer viable su ejecución, adquirió su carácter multipropósito: al riego se incorporaron el abastecimiento de agua para consumo humano y la generación de energía requerida para su funcionamiento.

Esa concepción integral resulta fundamental para entender el proyecto. Sus componentes fueron pensados dentro de una misma estructura técnica, económica y financiera, de manera que cualquier decisión orientada a eliminar alguno obliga a establecer qué efectos produciría sobre los restantes. Así quedó planteado en los estudios y diseños y así fue considerado en el Plan Estratégico Regional del Caribe, PER, que tuve la oportunidad de dirigir en 2023.

Por ello considero equivocado presentar una disyuntiva entre llevar agua potable a las comunidades, generar energía para operar la infraestructura y culminar los distritos de riego de Ranchería y San Juan del Cesar. El consumo humano debe ocupar la primera prioridad. Sobre eso no debería existir discusión. Sin embargo, otorgarle prelación al agua destinada a las personas no significa abandonar los otros aprovechamientos previstos.

Conviene detenernos en la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional. Esta providencia protege derechos fundamentales de la niñez wayuu, particularmente aquellos relacionados con agua potable, alimentación y salud. Al desarrollar el objetivo de aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, la Corte reconoció que las comunidades tienen derecho a un suministro continuo y suficiente para consumo humano y fines agrícolas. Portal ICBF

De esa disposición no puede desprenderse automáticamente una prohibición general sobre el riego o la generación energética. Tampoco significa que estos usos puedan desarrollarse sin condiciones. El aprovechamiento integral del recurso debe respetar los derechos protegidos, la disponibilidad hídrica, las obligaciones ambientales y las determinaciones de las autoridades competentes. Ahí corresponde a Corpoguajira ejercer sus funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental.

La discusión debería concentrarse, entonces, en cómo garantizar primero el abastecimiento humano y determinar técnicamente qué cantidad de agua puede destinarse a los demás componentes. La propia Agencia de Desarrollo Rural ha señalado recientemente que estudia escenarios que armonicen la prioridad del consumo humano, la protección del ecosistema y las necesidades hídricas de los otros componentes del Proyecto Multipropósito Río Ranchería. Agencia de Desarrollo Rural

La Guajira necesita agua para beber, pero igualmente requiere fortalecer su capacidad para producir alimentos. Allí adquieren importancia los distritos de riego de Ranchería y San Juan del Cesar. Su culminación permitiría aprovechar una infraestructura construida durante años para estimular la producción agropecuaria, generar empleo rural, mejorar los ingresos campesinos y contribuir a una economía departamental con mayores alternativas productivas.

Algo similar ocurre con el componente energético. La generación prevista fue concebida para contribuir al funcionamiento de la infraestructura. Si se decide prescindir de ella, necesariamente tendrá que responderse de dónde saldrá la electricidad requerida para operar el sistema y quién asumirá permanentemente ese costo. Eliminar un componente mediante una decisión administrativa no elimina las necesidades técnicas que este debía atender.

Lo mismo sucedería si se abandonaran los distritos de riego. Se perdería una parte considerable de los beneficios productivos esperados y cambiaría la estructura económica diseñada para distribuir los costos asociados al complejo. Cualquier modificación de esa magnitud exigiría revisar estudios, diseños, necesidades energéticas, inversiones pendientes, fuentes de financiación y sostenibilidad de la operación.

No podemos olvidar que la presa de El Cercado requiere administración, vigilancia, mantenimiento, control técnico, personal especializado y reposición de equipos independientemente del destino final que se otorgue al agua almacenada. Esos gastos continuarán existiendo. Reducir los usos previstos originalmente no hará desaparecer las obligaciones financieras necesarias para conservar una infraestructura de semejante dimensión funcionando bajo condiciones adecuadas de seguridad.

Si el Ranchería quedara destinado exclusivamente al abastecimiento de agua potable, habría que determinar si los ingresos provenientes de los sistemas de acueducto serían suficientes para cubrir esos costos. Si no lo fueran, el Estado tendría que establecer una fuente permanente de financiación. Garantizar agua a las comunidades implica construir las obras requeridas, pero igualmente asegurar los recursos necesarios para prestar el servicio de manera continua.

Después de tantos años de espera, La Guajira merece que esta discusión conduzca a decisiones sustentadas en estudios técnicos y financieros actualizados. La infraestructura existente debería convertirse finalmente en beneficios visibles para las comunidades. Agua potable, producción agropecuaria y sostenibilidad operativa pueden formar parte de una solución integral siempre que el consumo humano conserve la prioridad y se cumplan rigurosamente las obligaciones ambientales.

También existe un antecedente judicial que el Gobierno nacional debe considerar. El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia del 4 de marzo de 2020, declaró vulnerados varios derechos colectivos y ordenó actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la licencia ambiental y de las obligaciones contempladas para el proyecto. El Consejo de Estado posteriormente revisó esa decisión y mantuvo obligaciones encaminadas a encontrar una solución integral. Consejo de Estado

El proyecto, además, fue declarado de importancia estratégica mediante el Documento CONPES 3362 de 2005, mientras el CONPES 3926 de 2018 estableció compromisos relacionados con su desarrollo. El propio Consejo de Estado recordó estos antecedentes al estudiar la acción popular sobre el Multipropósito Ranchería, dejando presente la necesidad de articular responsabilidades institucionales y ambientales para avanzar hacia su culminación. Consejo de Estado

Por eso, después de tantas idas y venidas, considero que el camino debe ser culminar el Ranchería preservando su concepción integral, naturalmente ajustada a las condiciones actuales y a las decisiones ambientales y judiciales. La prioridad del consumo humano tiene que expresarse en agua efectiva, suficiente y sostenible para las comunidades, especialmente aquellas que históricamente han padecido dificultades para acceder al preciado líquido.

A partir de esa obligación, los distritos de riego pueden contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo agropecuario, mientras el componente energético puede ayudar a atender las necesidades operativas del sistema. Cada elemento debe evaluarse con responsabilidad técnica, ambiental y financiera, evitando decisiones aisladas que posteriormente generen nuevos problemas o mayores cargas para el Estado.

La Guajira ha esperado demasiado para contemplar una infraestructura inconclusa cuando existen necesidades urgentes alrededor del agua, la alimentación y el desarrollo productivo. El Ranchería fue concebido como multipropósito porque sus componentes podían complementarse. Ha llegado la hora de convertir esa concepción en resultados y culminar su segunda fase con las garantías ambientales, financieras y sociales requeridas. Eso no da más espera.