Conclusiones de la regularización migratoria española.

Venezolanos y colombianos encabezan el histórico proceso de regularización migratoria en España.

Colombia, Marruecos junto con Venezuela concentran el 51 por ciento de las 1 174 978 peticiones presentadas bajo el Real Decreto 316 2026, así lo reveló el Gobierno en una respuesta parlamentaria fechada el 12 de octubre.

El procedimiento extraordinario puesto en marcha por el Ejecutivo español mediante el Real Decreto 316 2026 recibió un total de 1 174 978 solicitudes desde su apertura en febrero, una cifra que duplica las previsiones iniciales y confirma la magnitud del fenómeno migratorio que vive el país. Las personas provenientes de Colombia, Marruecos y Venezuela representan el 51 por ciento del total, reveló el Gobierno en una respuesta parlamentaria pública del 12 de octubre.

Dicho dato, difundido tras una pregunta escrita del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, desglosa por primera vez la composición nacional de quienes solicitaron el proceso de regularización más ambicioso emprendido por España en las últimas dos décadas. De los 1 174 978 expedientes que se presentó antes del cierre el 30 de junio, aproximadamente 600. Son 000 los ciudadanos provenientes de Sudamérica y Centroamérica, dejando claro la fuerte impronta latinoamericana en la inmigración irregular española. Colombia, Marruecos y Venezuela lideran la lista, seguidos por Honduras, Ecuador, Perú, República Dominicana, Bolivia, Argentina y también Brasil con gran número de solicitudes.

Aprobado el uno de febrero y publicado en el BOE apenas al siguiente día, el Real Decreto 316/2026 concede permisos de residencia y trabajo por un año, renovables por dos más. Aquellos migrantes en situación irregular que prueben estar en España antes de enero de 2026, demuestren cinco meses de estancia continuada y no tengan antecedentes penales, pueden acceder a esto. La medida la presentó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como un instrumento para combatir la economía sumergida, regularizar a cientos de miles de trabajadores y garantizar que personas que ya contribuyen a la economía española coticen a la Seguridad Social. Un proceso que duplicó las previsiones

Las estimaciones del Gobierno indicaban medio millón de solicitudes, una cifra que la realidad superó por mucho. Se registraron cerca de 196.000 expedientes mensuales promedio, teniendo picos durante febrero y marzo que colapsaron las citas previas de extranjería por un tiempo. El Ministerio de Inclusión debió habilitar 18 oficinas nuevas y contratar 1.400 empleados temporales para gestionar tal volumen, cuyo gasto administrativo se estimó en 87 millones de euros según sus propias cuentas.

Los datos por nacionalidad reflejan también cómo fueron los flujos migratorios hacia España estos años. La presencia colombiana en el proceso de regularización se explica mediante el aumento fuerte de la inmigración de ese país durante el periodo 2021-2025, cuando España se consolidó como uno de los destinos preferidos que la clase media y profesional colombiana buscaba. El caso de Venezuela es otro cantar pues surge por una diáspora masiva iniciada en 2015 la cual se intensifica estos dos años últimos tras la crisis política post elecciones de julio 2024 y el endurecimiento del régimen de Nicolás Maduro. Marruecos por su parte sostiene su peso tradicional siendo el país de origen principal en la inmigración hacia España sobre todo en la agricultura construcción y también la hostelería.

Contraste con la política latinoamericana

Resulta notable el contraste entre la política española y la tendencia dominante de América Latina. Mientras que España avanza en la regularización extraordinaria diversos países latinoamericanos han revocado o suspendido durante los meses pasados las protecciones temporales y vías de regularización hacia los venezolanos. Colombia quienes en 2021 lanzaron el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos ETPV ha endurecido los requisitos de renovación empezando la deportación de los que no lograron regularizar su situación antes que el plazo cierre. Perú, Ecuador y Chile adoptaron medidas similares, dejando a decenas de miles de venezolanos que se encuentran en un limbo legal.
El Ejecutivo español defiende su modelo ante foros globales como ruta obligada para frenar la economía sumergida asegurando derechos laborales. Estima el Ministerio de Inclusión que la regularización va a incorporar a la Seguridad Social casi 900.000 trabajadores que antes cotizaban mal o nada, lo que supone ingresos adicionales de unos 2.400 millones al año para arcas públicas. Empero, dicha medida genera roces con ciertos socios europeos, destacando Italia y Países Bajos, quienes la ven como un incentivo a la migración irregular.

Impacto demográfico y electoral

Este proceso de regularización se da en medio de una aceleración demográfica nunca vista. España rozo los 50 millones de habitantes según el padrón de enero 2026, récord histórico que es impulsado casi solo por la inmigración. Muestran los datos del INE que uno de cada cinco residentes en España nació fuera, proporción que sitúa al país entre los más diversos de la UE. Casi 300. Unas 000 personas obtuvieron la nacionalidad española durante 2025, marcando un récord histórico que refleja la consolidación definitiva de los flujos migratorios.

Resulta el impacto electoral de este proceso uno de los temas centrales durante la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. El Partido Popular junto a Vox han criticado duramente la regularización, tachándola de efecto llamada y acusando al gobierno de fomentar el fraude. Mientras el PSOE y sus socios defienden la medida como un acto de justicia social y necesidad demográfica, pues el país posee una de las tasas de natalidad más bajas en todo el mundo. La realidad es que buena parte de los regularizados no podrá votar en los comicios del 29N —obtener la nacionalidad exige al menos diez años de residencia legal, salvo excepciones con naciones iberoamericanas donde se reduce a dos— pero el debate sobre gestión migratoria se instalo en el centro de la contienda. Organizaciones civiles como Cáritas junto a CEAR y Accem celebran este proceso pero ellos piden medidas extras para asegurar una integración real. Exigen mejorar servicios de orientación laboral además de simplificar trámites de homologación títulos lo cual también se trata en la cumbre iberoamericana y proponen crear programas vivienda asequible para residentes nuevos. El desafío resulta enorme para los expertos pues integrar mas de un millón personas dentro una sociedad con mercado laboral dual y crisis vivienda estructural exige políticas activas que el nuevo gobierno sea cual sea deberá enfrentar urgente.