Cinco claves para reglamentar el mercado de carbono según las comunidades

El gobierno de Abelardo de la Espriella quiere darle una segunda vida al mercado de carbono e incluso está dispuesto a dejar de recibir más de medio billón al año en impuestos para fortalecerlo. Es su gran apuesta para llevar recursos a las comunidades y frenar la deforestación.

El mercado de carbono voluntario es una economía internacional en la que se compran y venden certificados que representan la reducción o captura de gases de efecto invernadero. En él intervienen empresas que los adquieren para compensar sus emisiones, otras que desarrollan y certifican los proyectos y, por lo general, comunidades indígenas y afro, que son las que tienen en Colombia los mayores bosques conservados.

De acuerdo con un informe del gremio Asocarbono, Colombia ha certificado más de 230 proyectos que habían movilizado más de 1.200 millones de dólares hasta el año pasado (casi cuatro billones de pesos colombianos). Pero el sector está de capa caída debido a la sobreoferta que generó la reducción de la exención al impuesto al carbono, y los riesgos reputacionales que enfrenta por cuenta de las denuncias periodísticas por irregularidades, muchas de ellas relacionadas con impactos negativos en las comunidades donde operan.

Es una oportunidad para acceder a recursos, mientras preservan la riqueza natural de sus territorios, pero pueden erosionar el tejido de sus comunidades cuando no se administran bien. Según Andrés Bermúdez, periodista del Clip, que ha investigado a fondo el tema, al menos una decena de proyectos han tenido fallas. “No son unas pocas manzanas podridas”, anota. 

Varios de esos casos han llegado a la Corte Constitucional. La sentencia más emblemática  es la T248 de 2024 entre Masbosques y territorio indígena del Pirá Paraná (entre Amazonas y Vaupés). La Corte reprochó al Estado por la ausencia de una regulación del Sistema Nacional de Salvaguardas (SIS) y por sus fallas en el control del mercado de carbono.

Tras una larga espera, a pocos días de terminar su mandato, el gobierno Petro expidió el Decreto 0973 de 2026, donde incluía algunas garantías para las comunidades. Pero el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, anunció que lo va a echar para atrás y a expedir una nueva reglamentación por considerar la anterior “nefasta”.

La Silla habló con varios líderes de comunidades y expertos sobre qué debería contemplar para corregir los errores que las han afectado. Piden que se refuerce su participación en todas las etapas del proyecto, transparencia en los contratos que se firman y mejorar las capacidades del Estado para hacer vigilancia.

La reglamentación del MinAmbiente tendrá que tener en cuenta las pautas que se establecieron en 2010, en la cumbre de cambio climático de Cancún, y que el gobierno Petro incorporó oficialmente a través del Plan Nacional de Desarrollo. 

1. Participación integral en las etapas del proyecto

Una de las peticiones más repetidas por las comunidades es la necesidad de garantizar su participación plena en todas las etapas del proceso: desde su diseño, pasando por su constitución, hasta la implementación y cierre. Exigen que, más que un trámite formal, sea un ejercicio permanente y amplio. 

De hecho, el pasado martes, la Corte Constitucional emitió un fallo que ilustra sobre el tema. El Resguardo Indígena Nonuya de Villazul presentó una tutela contra Oxigreen S.A.S., en la que sostuvo que la empresa vulneró sus derechos en el marco de un proyecto Redd+, al no garantizar una participación efectiva. La Corte les dio la razón, pues aunque hubo espacios de socialización, señaló que no existían elementos suficientes para establecer que la comunidad hubiera contado con condiciones para conocer, deliberar e incidir de manera efectiva en su construcción. La empresa tampoco respetó la decisión del Resguardo de desistir del consentimiento que les había dado. 

En otros casos, como el de El Cumbal, Nariño, los acuerdos que dan pie a los proyectos se pactan con una parte de la comunidad o algunos de sus líderes, pero no con su órgano decisorio, lo que tiende a generar fracturas al interior de las comunidades.

“El auge de ese negocio verde ha fracturado las comunidades porque las empresas han comprado líderes en los territorios. Tenemos muchas debilidades. Primero, porque hay muchas necesidades, y segundo, porque hay personas que se dejan comprar. Eso genera fracturas en los procesos organizativos”, dice Evangelista Aragón, secretario dentro del proceso de defensa de los Consejos Comunitarios de las cuencas de los ríos Mayorquín y Raposo, en Buenaventura. 

Allá, la empresa Tángara Forex desarrolló un proyecto sobre 14.200 hectáreas, pero los consejos comunitarios alegan que no fueron consultados y que se desconoció su propiedad sobre el área, por lo que demandaron el proceso, que está siendo evaluado por la Corte Constitucional. “Sería bueno que esos proyectos se concertaran y verificaran directamente con la estructura de gobierno de las comunidades”, agrega Aragón. 

Leidy Arévalo Villamor, líder comunitaria e integrante de la Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea, denuncia que en su comunidad, en Tolima, se desarrolla un proyecto que no fue socializado y por el cual hasta el día de hoy no reciben beneficios: “Nosotros nos tardamos cuatro años en entender lo que se venía gestando sobre el Bosque de Galilea”. Afirma que en esa región, una de las mejor conservadas de la cordillera oriental, se creó un Parque Natural Regional sin aclarar que el proyecto generaría beneficios económicos a una fundación privada e ignorando conflictos por la tierra que había allí. A raíz de esa experiencia, se oponen a la implementación de proyectos Redd+ en el país. 

Los pueblos indígenas incluso piden que la participación se refleje en la titularidad de los proyectos de carbono. El año pasado, las comunidades indígenas agremiadas en la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) remitieron al gobierno un documento con sus propuestas para la reglamentación. Una de ellas es que sean los pueblos indígenas los titulares de los proyectos, no las empresas que los desarrollan. 

“Las autoridades y gobiernos indígenas son titulares de los servicios vitales integrales que proveen sus territorios y, por lo tanto, de toda iniciativa, programa o proyecto de financiamiento ambiental”, dice el documento, que no tuvo el visto bueno del gobierno anterior. 

“Que el dueño de los proyectos sea el territorio como tal y no la empresa desarrolladora. Queremos aparecer en el contrato como titulares y que las empresas aparezcan como aliados técnicos, pero no como dueños, que es lo que siempre ha pasado”, dice Alberto Camico, representante legal del Consejo Indígena de los Ríos Atabapo e Inírida, en Guainía. 

La participación de las comunidades debe ser ajustada a las particularidades de los pueblos indígenas, las barreras que han tenido para acceder a educación y su cosmovisión. Eso incluye tener en cuenta la lengua que hablan y cerciorarse de que puedan entender los asuntos a cabalidad.

2. Transparencia en los términos pactados

A pesar de que las comunidades son quienes viven en las áreas donde se desarrollan los proyectos y los que garantizan la conservación de las selvas y bosques, en muchos casos no pueden acceder a los detalles de lo que negocian las empresas desarrolladoras con base en su territorio. Los contratos suelen tener cláusulas de confidencialidad que mantienen oculta información sobre los compradores finales de los bonos de carbono y los precios a los que se negocian. 

“¿Cómo se puede alegar una cláusula de confidencialidad sobre elementos básicos del proyecto a la misma comunidad sobre la que está el proyecto?”, pregunta Sibelys Mejía, defensora de derechos humanos y directora de Movilización Legal de la organización ILEX Acción Jurídica. “La Corte ya trató el acceso a la información veraz, oportuna y suficiente como una garantía fundamental de la participación y de la consulta pública. Eso debería ser el estándar en adelante”, continúa. 

Los pueblos indígenas piden que se prohíban las cláusulas de confidencialidad o cualquier mecanismo que les impida conocer la integridad de lo acordado, incluido el valor y las condiciones financieras. “Entendemos que debe haber confidencialidad, pero con terceros, pero no entre los participantes del proyecto”, dice el líder indígena Alberto Camico.

Además, dos expertos consultados por La Silla Vacía recomiendan reevaluar la figura del contrato de mandato que suele utilizarse para sellar los acuerdos con las comunidades. De acuerdo con la Sentencia T-248 de 2024, que evaluó un proyecto de carbono en Vaupés, en el Pirá Paraná, este tipo de contrato no es adecuado y en ocasiones se utiliza para saltarse los organismos decisorios de las comunidades, al buscar acuerdos con algunos de sus líderes de manera individual. 

“La empresa monta el proyecto, lo escribe y lo diseña unilateralmente. Luego se reúne con un líder, normalmente con el representante legal, y firma un contrato privado en el que se autoriza a la empresa para liderar el proyecto”, explica sobre ese tipo de contratos Julián Trujillo Guerrero, director de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana. Desde la Clínica acompañan el proceso judicial que adelantan los consejos comunitarios en Buenaventura y otro más en Carrizal, Guainía, que están próximos a ser fallados por la Corte. 

“Debe haber claridad para las empresas de que el consentimiento como derecho colectivo no se satisface con contratos o acuerdos privados e individuales, como el contrato de mandato”, continúa Trujillo. Explica que, bajo el modelo actual, los proyectos externos a las comunidades deben tener un proceso de consentimiento previo, libre e informado en el que la comunidad decida si quiere o no proyectos y, en caso afirmativo, las condiciones para hacerlo. Pero dice que dicho consentimiento no sería necesario si los proyectos nacen de los mismos pueblos indígenas y negros, al ser ellos los dueños y titulares de las iniciativas.

3. Fortalecer el Renare y otras instancias de control

El Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Renare) es la plataforma pública oficial encargada de registrar, centralizar y dar trazabilidad a los proyectos e iniciativas de mitigación del cambio climático en Colombia, incluyendo los Redd+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal), como se les conoce a los proyectos de bonos de carbono. Sin embargo, la plataforma ha tenido múltiples problemas en su implementación y no ha trabajado con normalidad.

Un informe de la organización Global Financial Integrity (GFI), el Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes) y la Corporación Transparencia por Colombia señala que el Renare no facilita el acceso a información confiable en el mercado de créditos de carbono en Colombia. Su función se limita a ser un repositorio para verificar los datos de proyectos, pero no existen mecanismos para anular aquellos que tienen irregularidades, lo que aumenta el riesgo de conflictos territoriales y delitos financieros, según los analistas. 

Las comunidades piden fortalecer la plataforma para mejorar el acceso a la información sobre los proyectos planeados y los que ya están en marcha. “Sería bueno que entrara en funcionamiento para uno saber qué áreas del territorio ya están en proceso de proyectos de crédito en carbono. Los unos y los otros dicen que están trabajando con empresas, pero no sabemos ciertamente si es verdad o solamente es especulación”, dice Alberto Camico, líder indígena de Inírida. 

La experta Sibelys Mejía agrega que la plataforma debería poder verificar de manera automática si se presentan traslapes entre varios proyectos en los mismos territorios. “Sin registro previo para verificar los traslapes, no debería venderse un solo bono de carbono”, dice. 

Por otro lado, también se propone la creación de otras instancias dentro de la institucionalidad que puedan servir para respaldar a las comunidades en casos de quejas o inconsistencias en los proyectos. El experto Martín Pérez plantea la creación de una unidad estatal que respalde a las comunidades en sus reclamos e incluso cuando quieran desistir del contrato o reevaluar sus condiciones. 

Por su parte, Roberto León Gómez, experto en formulación y ejecución de proyectos de carbono, pide activar un mecanismo operativo de quejas y reclamos, que ya está diseñado, pero no se ha implementado.

4. Mayor y mejor información sobre las empresas desarrolladoras

En ocasiones, las comunidades se topan con empresas que no cuentan con la trayectoria y experiencia necesaria para sacar adelante los acuerdos o no son lo suficientemente diligentes para ejecutarlos de buena manera. Como solución, piden que haya un espacio donde se pueda consultar quiénes son y ratificar su idoneidad.

“Debería haber algún tipo de registro y seguimiento de las empresas que desarrollen los proyectos, porque han aparecido unos piratas en ese tipo de empresas que uno no sabe de dónde salen”, dice León Gómez. Dentro de los puntos a tener en cuenta, están la experiencia en el campo y que no tengan fallos en su contra por quejas de las comunidades. 

Para Sibelys Mejía, dichas empresas deben tener protocolos para la resolución de conflictos en las comunidades, actuar con una debida diligencia para atender los conflictos sociales que se generen con los proyectos y cumplir estándares basados en los derechos humanos. Además, la información debe ser extensiva sobre las empresas auditoras, ya que se han presentado casos en los que tienen conflictos de interés y vasos comunicantes con las empresas a las que deben vigilar. 

El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip) tiene el repositorio Carbono Opaco, con el mapa de las diferentes empresas que intervienen en el mercado de carbono en Latinoamérica, sus proyectos y las denuncias que pesan sobre ellos, y hay guías sobre cómo lograr tratos justos como esta de WWF. Pero en los territorios, esta información no es siempre de fácil acceso para las comunidades que no tienen acompañamiento del Estado para  llegar a buenos arreglos con las empresas. 

5. Verificación de la propiedad de la tierra 

Otro de los problemas que han enfrentado los proyectos de bonos de carbono en regiones tiene que ver con la titulación de los predios. En Colombia, alrededor de la mitad de los predios rurales son informales, de acuerdo con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. “La conservación del bosque ha estado históricamente en manos de campesinos que no tienen titularidad de la tierra, lo que los pone en una desventaja muy grande”, dice Leidy Villamor, del Tolima

Las inconsistencias en los instrumentos públicos también llevan a que una misma área sea registrada como propiedad colectiva y a la vez como propiedad privada, lo que puede llevar a conflictos sociales entre las personas que viven allí. Por eso, para la abogada Sibelys Mejía, es necesario que, antes de autorizar cualquier proyecto Redd+, sea obligatorio cruzar los polígonos del área con la presencia de títulos colectivos, solicitudes de titulación en trámite y procesos de restitución de tierras para tener en cuenta cualquier conflicto preexistente.

“Acá el proyecto se hizo a espaldas de las comunidades, porque ellos dicen que es un predio privado. Se hizo desde los escritorios de múltiples entidades públicas del país. Para contrarrestar eso, sería bueno que, cuando llegue la solicitud de esos procesos, se mire si realmente ese proyecto va a generar un impacto en las comunidades”, dice Evangelista Aragón, de Buenaventura. 

Roberto León Gómez agrega que se debe evitar que haya fragmentaciones de territorios colectivos para hacer proyectos de carbono, como ha ocurrido en regiones como el Gran Resguardo del Vaupés: “El territorio comunitario es uno solo y no se puede dividir en jurisdicciones que no existen en la norma”.