
El proyecto de Presupuestos 2027 presentado por el Ministerio de Hacienda de Chile elimina la asignación específica destinada a implementar el Acuerdo de Escazú. La medida genera preocupación entre organizaciones ambientalistas, especialmente por la necesidad de garantizar la protección de quienes defienden la naturaleza y los derechos ambientales.
En el presupuesto de 2026 se había establecido una partida de hasta 144,5 millones de pesos chilenos para desarrollar acciones vinculadas con el acuerdo. Además, el mecanismo exigía informar trimestralmente al Congreso sobre el uso de esos recursos y las medidas ejecutadas.
Sin embargo, la propuesta para 2027 elimina esa disposición y no menciona expresamente el tratado. Aunque la Subsecretaría del Medio Ambiente podría utilizar fondos generales para algunas actividades, desaparecen tanto la garantía de una asignación mínima como la obligación específica de rendir cuentas.

Recortes que afectan la gestión ambiental
La omisión se produce en un contexto de dificultades para las personas defensoras del ambiente. Según el informe 2026 de Fundación Escazú Ahora, durante 2025 se registraron 72 agresiones contra 67 personas, la cifra más alta desde el inicio del relevamiento en 2023. Asimismo, la cantidad de personas afectadas aumentó un 148 % respecto de 2024.
Por otra parte, el presupuesto total del Ministerio del Medio Ambiente aumenta nominalmente un 2,1%, al pasar de 96.584 millones a 98.632 millones de pesos. No obstante, ese crecimiento se explica principalmente por el incremento de recursos destinados al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
En contraste, la Subsecretaría del Medio Ambiente reduce su presupuesto de aproximadamente 38.000 millones a 36.000 millones de pesos. Entre los recortes más importantes, la partida para cambio climático y compromisos nacionales disminuye un 59%, mientras que el programa Desarrollo Sostenible cae un 43 %.
Además, los fondos para Calefacción Sustentable bajan un 53% y el Fondo de Protección Ambiental pasa de 866 millones a 611 millones de pesos. También dejan de aparecer partidas individualizadas para iniciativas de conservación de especies y gestión de humedales.
Qué establece el Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional de América Latina y el Caribe que promueve el acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones que afectan al ambiente y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Asimismo, su artículo 9 establece obligaciones para que los Estados garanticen un entorno seguro para las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos ambientales. Por ello, la ausencia de recursos identificados genera interrogantes sobre la continuidad de las políticas necesarias para cumplir esos compromisos.
La aplicación efectiva del tratado también resulta relevante para la transparencia y la participación ciudadana en decisiones sobre biodiversidad, contaminación y protección de los ecosistemas. Sin mecanismos adecuados de implementación, estas garantías pueden perder capacidad de respuesta.

Organizaciones reclaman compromisos concretos
El 8 de octubre, Fundación Escazú Ahora realizó una intervención frente al Congreso para visibilizar el estancamiento de un proyecto de ley destinado a reconocer y proteger a las personas defensoras ambientales. La iniciativa llevaba un año sin avances en la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Finalmente, el proyecto de presupuesto deberá atravesar el debate legislativo, donde todavía existe la posibilidad de recuperar la asignación específica. Para las organizaciones ambientales, el desafío consiste en garantizar recursos, transparencia y continuidad institucional para que los compromisos asumidos por Chile se traduzcan en acciones concretas de protección ambiental.
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