Impunidad de manual: Otra vez la Justicia teñida de escándalo cerró la causa por la deuda de Macri y Caputo con el FMI

Lo que sucedió con la causa sobre el acuerdo con el FMI durante el Gobierno de Mauricio Macri es una muestra acabada de cómo operan los mecanismos judiciales vigentes para blindar a funcionarios y exfuncionarios.

Este lunes se terminó de sellar el blindaje para los responsables del endeudamiento. Con el voto de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, se dispuso archivar el expediente sobre las irregularidades en la toma de deuda por 57.100 millones de dólares y la posterior fuga de capitales.

El fallo se concretó al dejar firme la postura del fiscal Raúl Pleé, quien declinó sostener la apelación que reclamaba profundizar las pesquisas.

Los directos favorecidos con este cerrojo judicial son figuras centrales de la administración nacional: el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Desregulación, Federico Sturzenegger; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el propio Mauricio Macri.

Los tres funcionarios, imputados originariamente por su accionar en la gestión de Cambiemos, forman parte del actual gabinete, otorgándole un alivio inmediato al gobierno libertario gracias a la sintonía con los tribunales de Comodoro Py.

El resultado se tornaba inexorable luego de que el fiscal Pleé resolviera no avalar los recursos de sus pares Franco Picardi y José Agüero Iturbe. El expediente se había iniciado en 2019 bajo la instrucción de Picardi, quien acumuló abundante material probatorio, pero en febrero de este año la jueza María Eugenia Capuchetti clausuró el sumario bajo el argumento de que se trataba de una cuestión de política económica no judiciable y la fiscalía no había demostrado la existencia de delitos.

Esa determinación de primera instancia fue ratificada con celeridad por la Sala I de la Cámara Federal, a través de los votos de los magistrados Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, sin la intervención de Pablo Yadarola.

El rechazo a los planteos ciudadanos

En su pronunciamiento, la Casación centró sus argumentos en desestimar las quejas de un ciudadano particular, Antonio Conrado De Martino, quien había intentado recusar a los jueces y a Pleé, buscando sostener el reclamo acusatorio ante el repliegue del Estado. El tribunal no solo descartó su legitimación procesal, sino que resolvió denunciar a su abogado patrocinante, Nicolás Roberto Corbetto Norese, ante el Colegio Público de Abogados “a fin de que en lo sucesivo ajusten sus expresiones a las exigencias de respeto y decoro propias de la actuación judicial”.

De esta manera, los magistrados Borinsky, Hornos y Carbajo convalidaron el desistimiento fiscal de Pleé, quien en el pasado integró la Comisión Asesora en Seguridad Deportiva del club Boca Juniors durante la conducción macrista.

En su dictamen, el fiscal Pleé coincidió plenamente con el criterio de no judicializar las decisiones de crédito externo y afirmó: “no se ha infringido norma penal alguna, de modo que no corresponde continuar con el trámite de las actuaciones”, sostuvo en abierta contradicción con lo expuesto por el fiscal Picardi.

Los cargos y el perjuicio denunciado

El préstamo gestionado en 2018 representó el mayor monto otorgado en la historia del FMI, orientando la pesquisa hacia dos aristas: la operatoria de contratación y el destino final de las divisas. El fiscal Picardi remarcó que se asumió un compromiso por 57.100 millones de dólares a sabiendas de su inviabilidad, eludiendo los controles fijados por la Constitución Nacional y las normas de administración financiera mediante justificaciones engañosas.

El dictamen fiscal evidenció además que los fondos tuvieron un destino lesivo para el patrimonio público, acelerando la salida de capitales y favoreciendo a corporaciones concentradas. La acusación advertía sobre “la posible obtención, en ese marco, de beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales”, remarcó.

Las imputaciones contaban con el respaldo técnico de informes de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación. Este último organismo calculó el perjuicio financiero contra las arcas estatales en no menos de 29.618 millones de dólares, un elemento soslayado por el fiscal Pleé al momento de desechar la acción penal.

La clausura de la investigación coincide en el tiempo con la reactivación de expedientes judiciales contra la oposición, particularmente los que involucran a Cristina Fernández de Kirchner y a Máximo Kirchner en la causa Hotesur–Los Sauces, con la intervención de los mismos magistrados que intervinieron en la reapertura del caso Memorándum.