Corte no entrega resultado de la intervención de Estadísticas y viola la ley de transparencia

La Corte no remite el informe sobre la intervención de la Dirección de Estadísticas Judiciales y la Sección de Estadística Civil. A través de un pedido de acceso a la información pública, procesado el 18 de agosto, se solicitaron lo resultados, tanto de la auditoría como de la intervención, pero solo se remitió el informe de Auditoría. ¿Qué se busca ocultar? ¿A quienes se pretende proteger? El ministro encargado es el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, que al parecer no quiere que la ciudadanía conozca las conclusiones de la “intervención”. La auditoría había revelado groseras irregularidades, que en algunos casos, rayan la ilicitud.

El plazo de 15 días hábiles para responder al ciudadano venció el 9 de septiembre, pero recién el 22 de ese mes la Corte respondió con una respuesta parcial. Según indicaron funcionarios de la Dirección de Transparencia, el pedido fue reenviado a la Secretaría Judicial Nº 1, a cargo del Dr. Julio Pavón, quien cumplió el rol de interventor de la mencionada dependencia.

No obstante, hasta el momento, a casi dos meses desde el pedido inicial, la Corte no ha remitido el informe.

En fecha 20 de mayo de este año, el Dr. Pavón brindó un informe parcial ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia. En aquel momento, había manifestado que la implementación de las recomendaciones emanadas de la auditoría se había completado en un 70%.

La intervención de la Dirección de Estadística fue dispuesta por la Corte a partir del 11 de marzo de este año, en el marco de las falencias reveladas tras el escándalo de la “mafia de los pagarés”.

Previamente, la Dirección General de Auditoría había realizado un estudio que incluyó la verificación y análisis del método de recepción, registro y archivo de las actuaciones remitidas por los Juzgados de Paz de Capital, identificados en los procesos conocidos como “mafia de pagarés”, en el periodo comprendido entre 1 de febrero y 31 de octubre del 2025.

NOTORIAS DEBILIDADES ENCONTRÓ AUDITORÍA

El procedimiento halló notorias debilidades en el control interno, registro documental con limitada trazabilidad, ausencia de formalización de responsabilidad y resguardo de información.

Asimismo, reveló que no se contaba con procedimientos claros en la mayoría de las gestiones de los funcionarios, quienes tampoco podían determinar con precisión la responsabilidad de cada uno. De acuerdo con Auditoría, esto “debilita el control en los procesos y en la transparencia con un alto riesgo de que pueda causar daños a terceros”.

Hasta ahora, continúan en sus cargos tanto la directora general de Estadísticas Judiciales, Fabiana López Baruja, como la jefa de la sección de Estadística Civil, Gladys Monges. En su informe de gestión 2025, la Dirección de Estadística señaló que la dependencia “a través de sus diversas líneas de acción contribuye activamente con la transparencia, el control institucional y la modernización del sistema judicial, en concordancia con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el país”.

López Baruja gana mensualmente la suma de G. 19.285.000, mientras que el salario de Monges llega a los G. 11.457.191.