Escándalo de corrupción por obras del drenaje pluvial paralizadas en Riohacha

La capital guajira enfrenta una nueva controversia por el manejo de la inversión pública tras el reporte de graves irregularidades en el proyecto de drenaje pluvial para las comunas 4, 5 y 7. La iniciativa, pensada para poner fin a las históricas emergencias por inundaciones durante el invierno, permanece abandonada a pesar de millonarios giros aprobados.

De acuerdo con los hallazgos de una auditoría forense adelantada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el convenio pactado en 2021 por 30.000 millones de pesos ha acumulado siete suspensiones y múltiples modificaciones contractuales. A pesar de registrar desembolsos por 3.600 millones de pesos, la obra evidencia un avance físico nulo.

El ministro Jaime Andrés Beltrán Martínez confirmó que la documentación reunida será remitida a los organismos de control y las autoridades judiciales para determinar la responsabilidad de los implicados en este desfalco. El funcionario enfatizó que la entidad gubernamental mantendrá una postura firme frente a las irregularidades detectadas en la ejecución de los recursos.

El alcalde para la época era José Ramiro Bermúdez Cotes; el secretario de Obras, Keider Freyle Sarmiento y el secretario de Planeación, Faner Fonseca Vizcaíno, quienes tenían la responsabilidad que esos recursos fuesen bien invertidos. Hoy los tres están en la mira de las autoridades tanto fiscales, judiciales y disciplinarias.

Promesas incumplidas y familias damnificadas en cada invierno

Para las familias de los barrios periféricos de la capital guajira, la falta de soluciones efectivas representa un problema recurrente que golpea sus enseres y viviendas con la llegada de las lluvias. La falta de infraestructura adecuada perpetúa la vulnerabilidad de amplios sectores de la ciudad, donde el agua estancada afecta la movilidad y la salud pública.

El estancamiento de las obras genera indignación en la comunidad local, considerando el alto impacto social que debía generar esta infraestructura básica. Los recursos comprometidos buscaban transformar la realidad de miles de personas que continúan esperando respuesta sobre el paradero de los fondos asignados y los motivos del continuo aplazamiento de los trabajos.

Desde el gobierno nacional cuestionaron la falta de gestión de administraciones pasadas, las cuales omitieron las labores de fiscalización y control sobre el contrato de alcantarillado pluvial. El proceso investigativo deberá aclarar cómo se autorizaron desembolsos multimillonarios sin que existieran evidencias del progreso real de las actividades en el terreno.

Auditorías revelan patrones de irregularidad en otras regiones

El examen detallado ordenado por el ministerio sacó a luz casos similares en otras zonas del país como Buenaventura, donde una iniciativa financiada con endeudamiento externo por 76 millones de dólares tampoco muestra avances. Los costos generados por intereses bancarios en esa localidad del Pacífico superan actualmente los dos millones de dólares.

Las indagaciones buscan clarificar si las fallas detectadas obedecen a deficiencias en la planificación técnica o a redes de desviación de dineros del Estado. Los entes de control tendrán la tarea de evaluar la responsabilidad penal y disciplinaria de los contratistas e interventores involucrados en cada convenio auditado.

La ciudadanía exige transparencia y terminación de los trabajos

En Riohacha, los líderes comunitarios reclaman acciones inmediatas que permitan destrabar la ejecución de los trabajos y garantizar la protección de los sectores urbanos afectados. La población exige una ruta técnica clara para recuperar el dinero invertido y asegurar la llegada de maquinaria pesada que materialice las canalizaciones requeridas.

La recuperación de la confianza institucional depende del avance de las pesquisas procesales y de la adopción de medidas sancionatorias contundentes contra los responsables del detrimento patrimonial. Resulta indispensable que la fiscalización sobre el gasto público prevenga la paralización de proyectos orientados al bienestar de la población guajira.

Mientras las autoridades avanzan en las diligencias legales, los habitantes de la capital departamental aguardan soluciones para mitigar el impacto del invierno. La culminación de la red pluvial constituye una deuda pendiente que demanda máxima prioridad administrativa y estricta vigilancia ciudadana sobre los contratos vigentes.