El Gobierno nacional declaró como secreto militar la adquisición de nuevo equipamiento para las Fuerzas Armadas, a través del Decreto 1205/2026 oficializado este lunes. La medida, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti, establece la reserva absoluta sobre los procedimientos contractuales de la operación, de modo que no se harán públicos ni el tipo de material, ni los costos, ni la empresa proveedora de la operación.
La medida trasciende en un contexto de acentuada tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, Milei intensificó la postura argentina mediante sanciones y denuncias penales contra petroleras no autorizadas en el archipiélago, el inicio de un arbitraje en la ONU bajo la Convemar contra el proyecto Sea Lion y la orden de construir una base naval en Tierra del Fuego.
Como respuesta, Londres convocó a la embajadora argentina para presentar una protesta formal, al tiempo que el primer ministro Andy Burnham advirtió ante el Parlamento que su administración será “implacable” para defender los derechos de los isleños.
La justificación del Gobierno
En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que la naturaleza y la finalidad de este proceso exigen que su contenido sea conocido solo por personas autorizadas. Según el texto, su divulgación “podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación”.
El respaldo legal se apoya en tres normas. La Ley de Defensa Nacional 23.554 fija en su artículo 2 como finalidad garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial. La Ley 24.948 le encomienda a Defensa decidir sobre el equipamiento de las fuerzas. Y el Decreto 9390/63, que define como “secreto militar” cualquier compra, fabricación o infraestructura crítica para la operatividad de la Defensa.
Al ampararse en este esquema, los organismos contratantes quedan eximidos de transparentar montos y contrataciones bajo los parámetros habituales de las compras del Estado.
La instrumentación de la medida quedó a cargo de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa, área designada para ejecutar los procedimientos administrativos y contractuales necesarios para concretar la operación bajo el régimen de reserva.
–Noticia en desarrollo-
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