Carlos Peña advierte que persisten causas del malestar de 2019 y rechaza indultos por 18-O

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, sostuvo que Chile aún no logra comprender plenamente las causas del estallido social de octubre de 2019 y advirtió que limitar su evaluación a la condena de la violencia impide abordar los problemas sociales que contribuyeron a desencadenar las movilizaciones.

En una entrevista publicada por La Tercera con motivo del séptimo aniversario del 18 de octubre, el abogado y ensayista calificó esos acontecimientos como un trauma colectivo que continúa influyendo en el debate político nacional.

Según Peña, el estallido puso de manifiesto las contradicciones de una sociedad que había experimentado una rápida modernización, con mayor acceso a la educación, al consumo y a mejores condiciones materiales, pero cuyas instituciones no lograron responder a las expectativas generadas por ese mismo proceso.

El académico reiteró el diagnóstico que desarrolló en su libro Pensar el malestar, publicado después de las protestas, y rechazó las interpretaciones que atribuyen lo ocurrido exclusivamente a una conspiración delictual o a la acción de sectores políticos radicalizados.

A su juicio, la violencia fue un componente importante de las manifestaciones, pero no permite explicar por sí sola la magnitud de la movilización ciudadana.

También cuestionó la interpretación de sectores de izquierda que consideraron el estallido como el inicio de una transformación revolucionaria del orden político y económico.

Peña recordó que la multitudinaria marcha de octubre de 2019 reunió demandas muy diversas, relacionadas con pensiones, igualdad, género, medioambiente y otras materias, sin una conducción ideológica única.

En ese contexto, afirmó que parte de las élites políticas e intelectuales interpretaron equivocadamente esa diversidad como un respaldo ciudadano a la refundación de la sociedad chilena.

El rector sostuvo que la izquierda atraviesa una crisis intelectual porque no ha logrado comprender las transformaciones sociales producidas por el proceso modernizador que ella misma contribuyó a impulsar.

En su evaluación, una agenda socialdemócrata, desarrollada dentro de una economía capitalista, permitiría abordar de mejor manera las nuevas características y demandas de la sociedad.

Respecto del Gobierno del presidente José Antonio Kast, Peña cuestionó que una explicación centrada exclusivamente en la delincuencia pueda dar cuenta de las causas del estallido social.

Sin embargo, consideró que la inseguridad y el temor provocados por los episodios de violencia contribuyeron posteriormente a fortalecer las propuestas políticas que ofrecían restablecer el orden público.

El académico descartó que ese desplazamiento electoral signifique necesariamente que la sociedad chilena haya adoptado una identidad ideológica de derecha, del mismo modo que, según señaló, el triunfo de Gabriel Boric no representó una adhesión generalizada a la izquierda.

Sobre las prioridades económicas del actual Ejecutivo, Peña sostuvo que la administración de Kast busca establecer condiciones para una nueva etapa de crecimiento, incluso a costa de enfrentar altos niveles de desaprobación.

En particular, interpretó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aspira a impulsar una transformación económica comparable, en su orientación, a las reformas promovidas por figuras como Hernán Büchi y Sergio de Castro.

En materia social, el rector identificó tres ámbitos que requieren atención: educación, pensiones y salud.

Advirtió que la fuerte estratificación del sistema educativo chileno debilita la posibilidad de que el esfuerzo y el talento individual permitan superar las diferencias de origen social.

Asimismo, planteó que el envejecimiento y las enfermedades representan riesgos que deben ser compartidos mediante mejores sistemas de protección social.

Peña valoró, en cambio, el énfasis del Gobierno en la primera infancia y consideró adecuado destinar mayores recursos a esa etapa, incluso si ello implica reducir marginalmente el financiamiento universitario.

En relación con el debate sobre eventuales indultos presidenciales para funcionarios policiales condenados por hechos ocurridos durante el estallido social, el académico manifestó su oposición.

“No hay ningún motivo para indultar. No lo había para los así llamados ‘presos de la revuelta’ y no lo hay para los agentes del orden público que, transgrediendo la ley, causaron lesiones graves a las personas”, afirmó.

Peña argumentó que los funcionarios estatales que utilizan ilegítimamente la fuerza deben responder penalmente por sus actuaciones, debido a las obligaciones especiales que supone ejercer una facultad reservada al Estado.

No obstante, distinguió esa situación de los casos de condenados por violaciones a los derechos humanos que se encuentran en estado terminal o presentan un deterioro irreversible de sus capacidades.

Para estos últimos, planteó que podrían contemplarse medidas humanitarias que les permitan morir en sus domicilios, sin que ello implique desconocer la gravedad de los delitos cometidos.

Finalmente, el rector insistió en que la reflexión sobre octubre de 2019 debe incorporar tanto el rechazo a la violencia como el examen de las condiciones sociales que hicieron posibles las protestas.

“La condena de la violencia está muy bien, y yo mismo la formulé muy tempranamente; pero transformar la condena de la violencia en un mero gesto neurótico que se repite una y otra vez no conduce a ninguna parte”, sostuvo. (NP-ChatGPT-La Tercera)