Un Presupuesto para lo Esencial, no para la Burocracia

Mientras tanto, el servicio de la deuda llegará a $147 billones, 1,6 veces los recursos destinados a inversión. De cada $100 que aumenta el presupuesto frente al aprobado para 2026, $53 corresponden a deuda. Esto significa menos margen para financiar colegios, hospitales y acueductos. Si no corregimos esa trayectoria, las obligaciones del presente terminarán hipotecando las prioridades del futuro.

El Gobierno prometió reducir el gasto público, pero todavía no ha explicado dónde ni cómo lo hará. Tampoco ha presentado la anunciada ley de Rescate. Aprobar el presupuesto y confiar en que después aparecerán los ahorros no constituye una política fiscal responsable. El Congreso y el país necesitan compromisos verificables.

El Centro Democrático radicó el 16 de septiembre, hace ya un mes, un proyecto ofreciéndole al Presidente facultades extraordinarias para reorganizar la administración pública y corregir un problema estructural. Hasta ahora, el Gobierno no las ha acogido ni se ha pronunciado. De acuerdo con lo que ordena la Constitución, el Gobierno debe hacer una solicitud expresa de las facultades para que el Congreso pueda aprobarlas.

Colombia necesita un ajuste gradual y permanente de al menos dos puntos del PIB para estabilizar las finanzas públicas. Las facultades permitirían cubrir funcionamiento y revisar la inversión, sin confundir ejecución presupuestal formal con resultados. Antes de pedir más recursos, corresponde preguntar qué bienes y servicios recibirá realmente la ciudadanía.

Un Estado que gasta cada vez más en sostenerse tiene menos capacidad para atender lo esencial. El Gobierno puede acoger la herramienta que le ofrecimos o presentar, con cifras y plazos, su propio plan de reducción. Lo que no puede es pedir la aprobación de un presupuesto de esta magnitud sin explicar cómo lo hará sostenible. La responsabilidad fiscal no es enemiga de la política social. Es la condición para poder financiarla mañana.