Otra víctima de violencia pide protección y recibe una orden de alejamiento en su contra

Rosalia Torales, de 35 años, denunció que su expareja la golpeó, la amenazó con un cuchillo y prometió matar a su hijo. Tras acudir a la Comisaría 62 de Capiatá a denunciarlo, la que terminó con una orden de alejamiento en su contra fue ella.

El caso se conoce a solo seis días del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia (22), asesinada a tiros por su expareja en Lambaré. Deisy había alertado a la Justicia de que su agresor incumplía las medidas de protección, pero el aviso nunca llegó a la Fiscalía.

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El antecedente que generó indignación

Deisy denunció a su agresor el 18 de setiembre y la jueza de Paz de turno ordenó ese mismo día prohibirle acercarse a ella. El 1 de octubre, en la audiencia, la joven advirtió ante la jueza de Paz Lidia Fariña que el hombre seguía hostigándola.

La magistrada dictó el oficio que informaba al Ministerio Público del posible desacato recién el 7 de octubre, pero este no fue tramitado. Al día siguiente, Deisy fue asesinada. Fariña adjudicó la demora a las “imposibilidades del sistema”, ya que cubría otros juzgados como interina. Se ordenó una auditoría sobre el trámite.

En ese contexto, el nuevo caso reabre la pregunta sobre si el sistema realmente protege a quienes se animan a denunciar.

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“Es injusto”: la víctima quedó como demandada

Según el oficio judicial, la medida fue dispuesta por la jueza de turno de la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia Doméstica de la Circunscripción Central, Cinthya Usher. El documento está fechado el 15 de octubre, en San Lorenzo. El expediente figura como “Rubén Darío Duarte Benítez c/ Rosalia Ramona Torales Escobar s/ Violencia doméstica”, bajo la Ley 1600/00.

Torales sostiene que nunca la llamó la Fiscalía y que se enteró de la medida por el comisario. “Es injusto”, repitió.

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Qué ordena el documento

El oficio, dirigido al jefe de la Comisaría 62 Kennedy de Capiatá, prohíbe a Torales acercarse al denunciante, a una distancia mínima de 500 metros. También le impide comunicarse con él por cualquier medio, incluidas las redes sociales, y amenazarlo, intimidarlo o vigilarlo.

La Policía debe hacer controles aleatorios para verificar su cumplimiento. El juzgado fijará una audiencia de sustanciación de pruebas, y la mujer debe acudir al Juzgado de Paz de Capiatá para acceder al expediente.

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Cuchillo, golpes y amenazas a su hijo

Torales relató que el hombre la tiró boca abajo en una cama, se subió sobre ella y la amenazó con un cuchillo. Dijo que le arañó la espalda, la pinchó y la pateó. Asegura que cuenta con el parte médico.

También denunció que la vigila: conoce sus horarios y dónde trabaja, y a veces la espera a la salida. Según su testimonio, le advirtió que su hijo, mayor de edad, “sabe las consecuencias” si ella no vuelve con él, y que enviaría a otra persona a matarlo.

“Me voy por mi hijo”, dijo sobre las veces que cedió. Es la primera vez que lo denuncia. Explicó que callaba porque él le decía que sería en vano ir a la comisaría, ya que tenía “su capo”, un supuesto contacto policial.

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El episodio en la comisaría

El último hecho, según la mujer, ocurrió la noche en que fue a denunciarlo. Llegó en un vehículo de plataforma de transporte cuyo conductor, según dijo, presenció parte de lo ocurrido y habló con el comisario. Relató que el hombre la siguió, ebrio, hasta la sede policial. Allí quiso agredirla, pero los agentes lo detuvieron y lo esposaron. Aseguró que el test de alcoholemia dio positivo.

Pese a ello, dijo que el hombre le había anticipado que la Fiscalía la llamaría “a las 8”, y que eso nunca pasó. Sostiene que él “transó”. Sobre el comisario, contó que le dijo “ya está todo” cuando le consultó por la medida. Recién al exigirlo le entregaron la copia del documento.