
Imagen Infopresidencia
El presidente anuncia una “contrarrevolución cultural”, reivindica el papel de la religión en el patrimonio nacional y cuestiona políticas asociadas al Gobierno de Gustavo Petro. La oposición advierte sobre los riesgos de imponer una visión única de los valores nacionales.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una ofensiva política y cultural contra lo que denomina wokismo, una corriente asociada a debates sobre diversidad, inclusión y derechos de las minorías. Durante un discurso pronunciado este jueves, el mandatario calificó esta visión como “uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional” y anunció una “contrarrevolución cultural” para redefinir las prioridades del Estado en materia de cultura y patrimonio.
La iniciativa busca marcar distancia con la política cultural del anterior Gobierno, encabezado por Gustavo Petro, y dar mayor protagonismo a la tradición religiosa, los valores conservadores y la protección del patrimonio histórico. El anuncio anticipa una nueva confrontación ideológica en el país, en medio de las diferencias sobre el papel del Estado frente a la diversidad social, los derechos individuales y la memoria histórica.
“La cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología”, sostuvo De la Espriella. El presidente defendió la intervención del Estado para impedir, según sus palabras, que los espacios culturales sean utilizados por corrientes que considera contrarias a los fundamentos de la nación.
Entre los asuntos que cuestionó figuran el lenguaje inclusivo, las políticas relacionadas con la identidad de género y las interpretaciones históricas que, a su juicio, reducen el pasado a una confrontación entre opresores y oprimidos. Su discurso se inscribe en una disputa cultural que también ha ganado espacio en otros países de América Latina, donde dirigentes conservadores han convertido la defensa de los valores tradicionales en uno de los ejes de su agenda política.
La estrategia ya tiene expresiones concretas en distintas instituciones públicas. En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la directora ha defendido el uso del término “niñez” en lugar de expresiones como “niños y niñas”, al considerar que la primera palabra incluye a toda la población infantil. El Gobierno también ha respaldado una iniciativa legislativa orientada a limitar los procedimientos de reasignación de sexo en menores de edad.
Otro de los frentes anunciados por el mandatario es la representación de organizaciones armadas y sus antiguos integrantes en espacios culturales. De la Espriella rechazó lo que considera una exaltación del terrorismo y cuestionó la presencia en museos de imágenes y referencias históricas a Carlos Pizarro, dirigente del M19 que participó en el proceso de paz de esa organización, se desmovilizó y posteriormente fue asesinado en 1990, cuando aspiraba a la Presidencia de la República.
“Aquí defendemos la legalidad, la libertad, la institucionalidad y la democracia”, afirmó el jefe de Estado, al insistir en que esos principios son incompatibles con cualquier forma de apología al terrorismo.
La responsabilidad de ejecutar esta transformación recae en la ministra de Cultura, la exsenadora Paola Holguín, quien ha defendido públicamente la importancia de la religión en la vida política y social. Su nombramiento ha generado cuestionamientos desde sectores de la oposición, que ponen en duda su experiencia en la gestión cultural.
Entre las decisiones que han despertado controversia figura la suspensión de un programa de becas artísticas con cerca de tres décadas de trayectoria, así como la designación de funcionarios en instituciones como la Biblioteca Nacional y el Instituto Caro y Cuervo, dedicado a la investigación y la enseñanza de la literatura y la lingüística.
El Gobierno también anunció un cambio de denominación para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, creado durante la administración Petro, que pasará a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio. De la Espriella señaló que la protección del legado religioso ocupará un lugar prioritario dentro de esa política.
“Iglesias, conventos, arte sacro, archivos eclesiásticos, música religiosa y manifestaciones como las procesiones son parte fundamental de la cultura nacional”, afirmó el presidente, quien considera que estos elementos constituyen una parte esencial de la historia colombiana.
El énfasis religioso coincide con el acercamiento del mandatario al catolicismo y con una agenda que concede especial importancia a los sectores conservadores y religiosos que respaldan su proyecto político. La educación también forma parte de esa orientación. Tras la renuncia de Viviane Morales, inicialmente designada ministra del ramo, el Gobierno nombró a Ilva Myriam Hoyos, una abogada conocida por sus posiciones conservadoras en debates sobre el aborto, la eutanasia y los derechos de las parejas del mismo sexo.
Las decisiones han provocado críticas de dirigentes y antiguos funcionarios vinculados al Gobierno anterior. Juan David Correa, quien fue ministro de Cultura durante la administración Petro, cuestionó el discurso presidencial y lo calificó de superficial. A su juicio, las declaraciones buscan provocar una reacción política y desestimar la diversidad de expresiones culturales del país.
El congresista del Partido Verde Duvalier Sánchez también expresó su preocupación por el alcance de la iniciativa. Advirtió que, cuando un Gobierno pretende definir cuáles valores representan a toda la nación, está en juego el reconocimiento de la diversidad que caracteriza a Colombia.
La controversia abre un nuevo capítulo en la disputa sobre la identidad nacional, el papel de la religión en las instituciones públicas y los límites de la intervención estatal en la cultura. Mientras el Gobierno defiende su propuesta como una recuperación de los valores tradicionales y del patrimonio histórico, sus críticos alertan sobre el riesgo de que la política cultural se convierta en un instrumento de confrontación ideológica.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
CARLOS CASTAñEDA
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