El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó el recurso de reposición planteado por la defensa de Olivia Asunción Mosqueda Núñez contra la resolución que concedió una nueva fecha para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo en la causa por presunto prevaricato y otros hechos punibles, vinculada a la denominada “mafia de los pagarés”.
Mediante el Auto Interlocutorio N.º 334, del 15 de octubre de 2026, el magistrado concluyó que no se vulneraron garantías constitucionales ni procesales con la decisión cuestionada. No obstante, dispuso remitir los antecedentes al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos para tramitar la apelación subsidiaria promovida por la defensa.
La controversia gira en torno a la prórroga ordinaria solicitada por la Fiscalía para continuar la investigación. La defensa sostuvo que la ampliación resultaba improcedente y alegó una aplicación errónea de los artículos 325 y 139 del Código Procesal Penal. También argumentó que, ante la imposibilidad de presentar una acusación dentro del plazo, el Ministerio Público podía formular un requerimiento de sobreseimiento provisional.
El juez consideró que la prórroga fue solicitada a tiempo
En su resolución, Otazú señaló que la Fiscalía había solicitado la ampliación antes del vencimiento del plazo fijado inicialmente y que todavía no se había agotado el límite máximo de seis meses previsto para la investigación preparatoria.
El magistrado consideró que estas circunstancias habilitaban la continuidad de la etapa investigativa y justificaban la fijación de una nueva fecha para la presentación del requerimiento conclusivo.
El juez rechazó la reposición y dispuso que las costas del incidente fueran impuestas a la parte perdidosa. La apelación subsidiaria queda pendiente de estudio por el tribunal de alzada.
Una nueva arista en la causa de la mafia de los pagarés
La causa N.º 134/2025 investiga presuntos hechos de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en un expediente que involucra a la exjueza de Paz Nathalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino, a la exactuaria Olivia Mosqueda y a otros funcionarios judiciales y abogados.
La Fiscalía sostiene que en el esquema investigado se habrían dictado al menos 151 resoluciones judiciales irregulares, a partir de actuaciones y notificaciones que supuestamente no se realizaron conforme a la ley.
En septiembre pasado, el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos ya había rechazado otros planteamientos de la defensa de Garcete y permitido que continuara la investigación en una de las aristas del expediente. Entre las cuestiones analizadas figuraba el cuestionamiento al plazo investigativo y a la validez de la imputación.
https://observador.com.py/mafia-de-los-pagares-juez-rechaza-recurso-de-exactuaria-contra-prorroga-de-la-investigacion/
ACERCA DEL CORRESPONSAL
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