Bruselas quiere depender menos de la nube estadounidense. Las grandes tecnológicas de EEUU acaban de poner precio a esa idea

Podemos hablar de soberanía tecnológica como si fuera una cuestión lejana, pero sus implicaciones son bastante concretas. Pensemos en una administración que necesita mantener sus aplicaciones en funcionamiento o en una empresa que ha construido buena parte de sus sistemas sobre los servicios de un proveedor de nube. Ambas pueden beneficiarse de esa infraestructura y, al mismo tiempo, depender de decisiones que no controlan por completo. Es una situación especialmente relevante en Europa, donde gran parte del mercado está en manos de proveedores extranjeros y donde esa dependencia ha empezado a plantear preguntas. 

La independencia tiene un precio. Bruselas intenta responder a ese dilema con una propuesta legislativa conocida como Cloud and AI Development Act (CADA), presentada en junio de 2026. Y el debate acaba de incorporar una cifra considerable: 115.000 millones de euros durante diez años. Es el coste que calcula un estudio del European Centre for International Political Economy (ECIPE), financiado por CCIA Europe, una asociación que cuenta entre sus miembros con Amazon, Google y Meta. Su autor declara que las conclusiones son independientes de la organización. 

Tres gigantes concentran el mercado. La Comisión Europea calcula que Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud concentran más del 70% del mercado europeo de servicios en la nube. Al mismo tiempo, la cuota de las compañías de la UE pasó del 29% en 2017 al 15% en 2022 y, según Bruselas, no se ha recuperado. Esa concentración plantea un problema que va más allá de la competencia: algunos proveedores están sometidos a legislaciones extranjeras que pueden exigir acceso a datos, mientras que determinadas decisiones tomadas fuera del bloque comunitario podrían afectar a la continuidad de sus servicios.

No se trata de prohibir proveedores. La iniciativa propone cuatro niveles de garantías de soberanía, desde almacenar y procesar datos en territorio europeo hasta cumplir condiciones más exigentes sobre control empresarial y autonomía tecnológica. Las administraciones tendrían que evaluar sus riesgos y contratar servicios ajustados al nivel correspondiente. La propuesta también busca impulsar la innovación y ampliar la capacidad europea de centros de datos. Además, en circunstancias justificadas y tras consultar a los Estados miembros, la Comisión pueda exigir evaluaciones y medidas de mitigación a determinadas empresas privadas de sectores esenciales mediante actos delegados. 

La mayor factura sería para las empresas. Para llegar a los 115.000 millones de euros, los investigadores han construido un escenario intermedio de aplicación de las exigencias europeas entre 2027 y 2036. El cálculo contempla unos 35.100 millones de impacto económico para el sector público, de los que 33.300 millones serían costes directos para las administraciones, y aproximadamente 80.000 millones para empresas privadas de sectores esenciales. Pero esta última cantidad depende de un supuesto importante: que las exigencias se extendieran al 25% de sus cargas de trabajo en la nube. 

El problema no termina en los servidores. Una aplicación bancaria alojada en la nube puede utilizar bases de datos, sistemas de identificación y herramientas diseñadas para funcionar con un proveedor concreto. Si tuviera que trasladarse a otro, copiar sus archivos no bastaría necesariamente; habría que adaptar componentes, revisar el código y comprobar que todo siguiera funcionando correctamente. Esa es la principal fuente de costes que identifica ECIPE: según sus cálculos, migrar aplicaciones, reescribir programas y rediseñar sistemas representarían el 69% del impacto económico estimado. No se trata únicamente de cambiar de infraestructura, sino también de adaptar el software que depende de ella.