Procuraduría revoca archivo y reactivó proceso disciplinario en Concejo de Fonseca

La Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira resolvió el recurso de apelación presentado por el ciudadano Marco Antonio Jaramillo Daza. Mediante esta determinación, el organismo de control dejó sin efecto el auto proferido el pasado 15 de mayo de 2026, el cual ordenaba el archivo definitivo del proceso disciplinario adelantado contra la corporación municipal.

La queja inicial advierte posibles irregularidades administrativas derivadas del parentesco consanguíneo en primer grado entre el alcalde municipal, Micher Pérez Fuentes, y el concejal Oscar José Pérez Álvarez. Según la denuncia, el corporado habría participado activamente con voz y voto en la discusión de proyectos tramitados por la alcaldía sin manifestar ningún tipo de impedimento legal.

El escrito acusatorio señala que esta conducta vulnera el régimen de inhabilidades al incurrir en un presunto conflicto de intereses. Adicionalmente, el documento cuestiona la posterior elección del concejal Pérez Álvarez como presidente del cabildo para el periodo 2026, designación que se produjo a pesar de los reparos éticos y las advertencias expresadas por varios de sus compañeros.

Revisión exhaustiva de las pruebas y testimonios presentados

En atención a la apelación, la procuradora regional María Eugenia Cotes Gómez dispuso la devolución inmediata del expediente a la sede provincial de San Juan del Cesar. La indicación precisa exige adelantar un análisis integral de las actuaciones, evaluar las evidencias recolectadas e impulsar las diligencias necesarias para establecer la existencia de faltas disciplinarias.

Entre los argumentos expuestos por el denunciante también se incluyen presuntas anomalías en la conformación de listas para la elección de personero municipal. Asimismo, el texto presentado incorpora quejas por reiteradas faltas de respeto verbal cometidas durante las sesiones ordinarias, hechos que no recibieron el trámite ni la atención oportuna por parte de las mesas directivas.

La resolución de segunda instancia especifica que las investigaciones se abrieron inicialmente contra servidores públicos por establecer en el municipio. Por esta razón legal, la decisión administrativa será notificada únicamente al quejoso, conforme a los procedimientos y canales institucionales estipulados para este tipo de trámites notificatorios.

Decisión en firme que reanuda el trámite en San Juan del Cesar

De acuerdo con lo previsto en el Código General Disciplinario, contra esta decisión dictada por la jefatura regional no procede recurso alguno. El expediente retorna ahora a los investigadores provinciales, quienes deberán realizar las anotaciones en el sistema de información misional y definir la responsabilidad de los implicados.

Con este pronunciamiento, el Ministerio Público reabre el examen institucional sobre el actuar de los cabildantes locales. La investigación busca esclarecer si las decisiones adoptadas en el recinto respetaron los mandatos constitucionales o si, por el contrario, comprometieron la transparencia y la legalidad de la gestión pública en el municipio.