La expansión de las exportaciones agroalimentarias portuguesas hacia nuevos mercados plantea un desafío que va más allá de la producción, la logística y las certificaciones sanitarias: proteger legalmente las marcas en los países de destino. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur puede abrir nuevas oportunidades para vinos, aceites de oliva, frutas, hortalizas, carnes y conservas portuguesas, pero las empresas deberán evaluar cómo resguardar su identidad comercial en cada mercado donde busquen operar.

Exportar también exige proteger la identidad comercial

La internacionalización del sector agroalimentario requiere inversiones en capacidad productiva, calidad, certificaciones, transporte, promoción y distribución. Sin embargo, existe otro componente que puede resultar decisivo para la consolidación de una empresa en el extranjero: el registro de su marca en los territorios donde pretende comercializar sus productos.

Esta cuestión fue abordada por Luís Caixinhas en un artículo publicado el 11 de octubre de 2026 en el portal portugués Agroportal y reproducido por Noticias de Aveiro. El especialista advierte que algunas empresas destinan recursos considerables a preparar su expansión internacional, pero no siempre comprueban si sus marcas están protegidas en los mercados de destino.

El registro de una marca en Portugal no garantiza, por sí solo, protección jurídica en Brasil, Estados Unidos, Japón, Canadá o China. De igual manera, una marca de la Unión Europea tiene alcance en los 27 Estados miembros, pero no adquiere automáticamente protección fuera de ese territorio.

La situación puede generar riesgos comerciales cuando una empresa comienza a invertir en publicidad, distribución y posicionamiento de un producto sin haber examinado previamente la disponibilidad y protección de su marca en el país al que pretende ingresar.

Cómo funciona el Sistema de Madrid

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, conocida internacionalmente como WIPO) administra el Sistema de Madrid, un mecanismo que permite solicitar protección de una marca en varios mercados mediante una única solicitud internacional.

De acuerdo con la información oficial de la organización, el sistema comprende actualmente 117 miembros que abarcan 133 países. Su principal ventaja es simplificar los trámites administrativos para las empresas que necesitan gestionar su cartera de marcas en distintas jurisdicciones.

El procedimiento no crea una marca universal ni garantiza que la solicitud sea aceptada en todos los países seleccionados. La empresa debe designar expresamente los territorios en los que busca protección, y las oficinas de propiedad intelectual correspondientes examinan la solicitud conforme a sus respectivas legislaciones.

Para utilizar el Sistema de Madrid, el solicitante debe tener la nacionalidad, domicilio o establecimiento comercial en un miembro del sistema y contar previamente con una solicitud o registro de marca ante la oficina de propiedad intelectual de ese territorio. En el caso portugués, el trámite se canaliza a través del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Las oficinas de los países designados pueden conceder o denegar la protección, total o parcialmente. En términos generales, disponen de un plazo de 12 meses, que en determinados casos puede extenderse a 18 meses, para comunicar una decisión conforme al procedimiento aplicable. Por ello, la presentación internacional debe entenderse como una vía simplificada para solicitar protección, no como una autorización automática para comercializar una marca en cualquier mercado.

Costos y planificación de los mercados de destino

El costo de una solicitud internacional depende de varios elementos, entre ellos los países seleccionados, las tasas oficiales aplicables, las clases de productos y servicios y las características de la marca. Las tasas de la OMPI se calculan en francos suizos, mientras que los costos finales pueden variar según las tarifas de cada jurisdicción y los servicios profesionales que se requieran.

Una ventaja del sistema es que la empresa puede ampliar posteriormente la protección a otros mercados mediante designaciones adicionales, de acuerdo con las reglas aplicables. Esto permite organizar la expansión por etapas: una compañía puede comenzar por los países donde ya tiene actividad comercial y añadir otros cuando identifique nuevas oportunidades.

Esta flexibilidad puede ayudar a distribuir los costos a lo largo del proceso de internacionalización. No obstante, la decisión sobre qué territorios proteger debe responder a una evaluación comercial y jurídica que contemple los mercados prioritarios, los planes de distribución y los posibles conflictos con marcas anteriores.

Antes de presentar la solicitud, la OMPI recomienda comprobar la disponibilidad de la marca en los mercados seleccionados. La búsqueda previa permite detectar denominaciones idénticas o similares y reducir el riesgo de objeciones, oposiciones o gastos asociados a solicitudes que podrían encontrar obstáculos legales.

El acuerdo Mercosur-UE y las oportunidades para Portugal

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur puede facilitar el intercambio de productos mediante reducciones arancelarias progresivas y otras disposiciones comerciales. Para las empresas portuguesas del sector agroalimentario, esto podría ampliar las oportunidades de acceso a mercados sudamericanos, incluido Brasil, uno de los principales mercados de la región.

Los beneficios concretos dependerán de las condiciones aplicables a cada producto, los calendarios de reducción de aranceles, las reglas de origen y los requisitos sanitarios y técnicos. La existencia de preferencias comerciales no elimina automáticamente las exigencias regulatorias ni garantiza que una empresa consiga compradores.

En este contexto, la protección de la marca forma parte de una estrategia exportadora más amplia. Una compañía que busca establecerse en un nuevo mercado necesita estudiar no solo la demanda y los costos de distribución, sino también los derechos de propiedad intelectual que pueden afectar el uso de su denominación comercial.

La planificación anticipada resulta especialmente importante cuando se trata de productos cuyo valor depende de la reputación, la tradición productiva o la identificación del consumidor con una determinada empresa o región.

Marcas comerciales e indicaciones geográficas: dos protecciones diferentes

En el sector agroalimentario también es necesario distinguir entre el registro de una marca comercial y la protección de una indicación geográfica.

La marca identifica productos o servicios vinculados a una empresa y permite diferenciarlos de los de otros operadores. Las indicaciones geográficas, en cambio, protegen nombres asociados a productos cuya calidad, reputación u otras características se relacionan con un territorio determinado y con condiciones de producción específicas.

En la Unión Europea, las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP) forman parte de los mecanismos utilizados para preservar nombres vinculados a productos agrícolas, vinos y otros alimentos. Su reconocimiento depende de los requisitos legales correspondientes y de la relación demostrada entre el producto y su origen geográfico.

Ambos instrumentos pueden desempeñar funciones complementarias, pero no son intercambiables. Registrar una marca empresarial no sustituye la protección de una denominación geográfica, y disponer de una indicación geográfica protegida no significa que una empresa tenga automáticamente derechos exclusivos sobre cualquier marca comercial relacionada.

Para los exportadores, identificar correctamente qué figura jurídica corresponde a su producto puede ser determinante para proteger su reputación, evitar usos indebidos y mantener una diferenciación reconocible en los mercados internacionales.

La propiedad intelectual como parte de la estrategia exportadora

La expansión internacional del sector agroalimentario portugués dependerá de factores productivos, comerciales y regulatorios. A la calidad de los productos y la capacidad logística se suma la necesidad de administrar adecuadamente los activos intangibles que permiten distinguirlos de sus competidores.

La advertencia de Luís Caixinhas apunta a un aspecto concreto de esa preparación: las empresas deben evaluar la protección de sus marcas antes de realizar inversiones importantes en mercados extranjeros. Una búsqueda de antecedentes, la selección de jurisdicciones prioritarias y el uso adecuado de los mecanismos internacionales pueden reducir riesgos y facilitar la gestión de los derechos comerciales.

Ante las oportunidades que pueda generar el acuerdo Mercosur-UE, la planificación de la propiedad intelectual adquiere relevancia para las compañías portuguesas que busquen consolidarse en Brasil y otros países sudamericanos. La apertura comercial puede facilitar el acceso a nuevos mercados, pero la protección de la identidad de cada producto requiere decisiones específicas, ajustadas a la legislación de los territorios donde se pretende competir.