Mendoza endurece las sanciones por arrojar basura en cauces y busca reducir la contaminación y el riesgo de inundaciones

El Senado de Mendoza aprobó una ley que establece sanciones económicas, arresto y trabajo comunitario para quienes arrojen residuos en canales de riego, acequias, drenajes y otras estructuras destinadas a conducir el agua. La medida modifica el Código Contravencional y busca prevenir obstrucciones, contaminación y desbordes.

La normativa se aprobó en un contexto de intensificación de las tareas preventivas ante la posibilidad de temporales asociados al fenómeno de El Niño. En una provincia donde el sistema de acequias y colectores resulta fundamental para el manejo del agua, mantener despejados estos espacios constituye una prioridad ambiental y de seguridad pública.

Además, la iniciativa impulsada también desde la Municipalidad de Ciudad de Mendoza apunta a responsabilizar a quienes descarten basura, escombros, plásticos, áridos, animales muertos y otros materiales capaces de perjudicar el escurrimiento. Para aplicar las sanciones no será necesario que se produzca una inundación: bastará con que la conducta pueda generar daños u obstrucciones.

Multas para particulares y empresas

La ley fija multas de entre 1.500 y 3.000 Unidades Fijas (UF) para las personas que incumplan la disposición. Según el valor vigente indicado en la norma, los montos equivalen aproximadamente a entre $900.000 y $1,8 millones.

Asimismo, podrán aplicarse penas de arresto de 15 a 25 días y 25 días de trabajo comunitario dedicado a tareas de limpieza. Los infractores también deberán cubrir los gastos ocasionados por la remoción, el traslado y el saneamiento de los residuos.

En el caso de las empresas y otras personas jurídicas, las multas oscilarán entre 5.000 y 10.000 UF, equivalentes a unos $3 millones y $6 millones. Según la infracción, también podrán disponerse clausuras o inhabilitaciones, con el propósito de alcanzar tanto conductas individuales como actividades comerciales que afecten la infraestructura hídrica.

Penas más severas durante las emergencias

Uno de los aspectos centrales de la normativa es el agravamiento de las sanciones durante alertas o emergencias hidrometeorológicas y estados de catástrofe declarados formalmente. En esas circunstancias, los mínimos y máximos de las penas se duplicarán.

La medida busca evitar que residuos acumulados bloqueen el paso del agua durante lluvias intensas, cuando la capacidad de drenaje adquiere una importancia decisiva. De esta manera, la prevención no depende únicamente de las tareas de limpieza, sino también de desalentar conductas que incrementen los riesgos.

Beneficios ambientales y prevención de inundaciones

Los resultados de los operativos municipales reflejan la dimensión del problema: durante 2025 se retiraron más de 1.100 toneladas de residuos del colector Papagayos, mediante 12 intervenciones que demandaron más de $128 millones.

En términos ambientales, reducir los desechos en los cauces ayuda a limitar la contaminación del agua, evita que plásticos y otros materiales lleguen a ríos y humedales, y disminuye las alteraciones en los ecosistemas acuáticos.

Finalmente, una infraestructura hídrica limpia favorece el drenaje, reduce los riesgos de anegamientos y evita gastos públicos asociados con emergencias y saneamiento. Sin embargo, el impacto de la ley dependerá también de la fiscalización, la educación ambiental y la disponibilidad de sistemas adecuados para disponer los residuos.