Diputados dan primer aval a póliza para cubrir defensa legal de policías acusados

Los funcionarios policiales podrían contar con una póliza pagada por el Estado para cubrir los gastos de defensa legal cuando sean demandados o acusados penalmente por actuaciones vinculadas con el ejercicio de sus funciones.

El Plenario Legislativo aprobó este martes en primer debate el Expediente 25.311, que reforma la Ley General de Policía para incorporar este beneficio, con el respaldo de los 51 diputados.

El proyecto establece que el Estado deberá suscribir una póliza de responsabilidad patrimonial y representación legal para los integrantes de las fuerzas policiales cuando enfrenten procesos derivados de actuaciones u omisiones realizadas directamente durante el cumplimiento de sus labores.

Fija límites

La propuesta establece una cobertura de hasta 50 salarios base por responsabilidad patrimonial y un máximo de 25 salarios base para gastos de representación legal.

La entidad aseguradora deberá establecer además un límite único combinado, un monto agregado anual y el deducible correspondiente, con base en criterios actuariales.

La cobertura podrá utilizarse en procesos contencioso-administrativos, civiles o penales derivados de las actuaciones del funcionario.

No cubrirá cualquier actuación

El proyecto también contempla situaciones en las que la póliza no podrá utilizarse. Por ejemplo, quedarán excluidos los funcionarios que actuaran bajo los efectos del alcohol o drogas ilícitas, así como quienes se aparten de instrucciones, protocolos o procedimientos institucionales mediante una conducta evidentemente contraria al ordenamiento jurídico.

Tampoco se cubrirán actuaciones relacionadas con delitos o infracciones sexuales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada.