Legislar para el titular

Cerca de seis millones de argentinos están en situación irregular por sus deudas. El número impresiona y construye una imagen potente, porque son millones de familias “abandonadas por un mercado que no funciona”, como podría decir un opositor o un periodista, y sugiere un Estado que tiene que venir a “salvarlas”. Bajo esta lógica, los diputados y senadores nacionales, obviamente, deberían rescatarlos.

La cifra, sin embargo, agrupa realidades diferentes y llega con rezago. Además, las nuevas entradas en mora vienen bajando, los acreedores refinancian y las condiciones para prestar ya mejoraron. ¿Cómo pasamos de un aumento de la mora, concentrado en determinados créditos y deudores, a una emergencia nacional que exige un rescate? En buena medida, por la forma en que nos contaron el problema. El número se convirtió en una imagen simple y potente. Esa imagen prendió una alarma y la política, siempre atenta para aprovechar un pánico, toma carrera y aparece con una gran solución. El Congreso siente que tiene que responder con una ley del tamaño de la emergencia que le contaron.

El problema empieza antes de discutir las soluciones, con la foto que elegimos mirar. “Seis millones de morosos” no es un dato falso. Pero es una foto mal encuadrada.

Primero, porque está tomada desde demasiado lejos. Dentro de esos seis millones conviven atrasos recientes, deudas muy deterioradas y personas que ya refinanciaron. Como explicó Victor Ruilova acá en Seúl, no tienen las mismas causas ni necesitan la misma respuesta. Cuando alejamos demasiado el zoom, toda esa heterogeneidad desaparece y queda una sola categoría: los morosos.

Segundo, porque la foto está recortada. Deja afuera a los cerca de 15 millones de argentinos que siguen pagando sus deudas todos los meses. Y a otro grupo, más invisible: quienes ni siquiera acceden al crédito. En Argentina, el crédito bancario al sector privado representa apenas el 13% del PBI, contra cerca del 75% en Brasil y Chile. Tenemos uno de los sistemas financieros más chicos de la región y, sin embargo, estamos discutiendo cómo protegernos de su supuesto desborde.

Sin crédito sólo puede adelantar consumo o invertir quien ya tiene la plata. No parece el sistema más progresista del mundo.

El crédito no es una enfermedad. Parece obvio, pero hace poco un economista kirchnerista llegó a decir que tal vez sería mejor tener menos crédito: que es mejor salir a chorear que tomar un préstamo. El crédito permite comprar una casa sin ahorrar durante 30 años, reemplazar una heladera o invertir antes de tener todo el capital. Sin crédito sólo puede adelantar consumo o invertir quien ya tiene la plata. No parece el sistema más progresista del mundo.

Finalmente, la foto es vieja. La mora sigue siendo alta, pero las condiciones que la produjeron ya no son las mismas. Los acreedores ajustaron sus criterios y empezaron a reestructurar deudas. Las nuevas entradas de personas al sistema de crédito bajaron de alrededor de 840.000 a 542.000 por mes. Sólo el Banco Nación realizó durante este año más de 114.000 operaciones de refinanciación, por más de 523.000 millones de pesos.

El Congreso no es una máquina del tiempo. Una ley no puede volver atrás y cambiar las condiciones bajo las que se otorgaron los créditos del año anterior. Si intentamos legislar el pasado, corremos el riesgo de cobrarle la cuenta al crédito del futuro.

Ingredientes para una mala ley

Una vez construido el encuadre, empieza el proceso legislativo.

El primer ingrediente es la urgencia. Si hay seis millones de víctimas de un sistema que no funciona, el Estado tiene que hacer algo, dice el razonamiento. Detenerse a distinguir situaciones, estudiar las causas o calcular los efectos secundarios empieza a sonar a indiferencia.

Ahí aparece el buenismo legislativo: creer que una intención noble alcanza para justificar una ley. Frente a una familia que no puede pagar, pedir cautela parece insensible; reclamar que el Estado haga algo suena mejor. La pregunta incómoda viene después: ¿qué hará esa ley con quien todavía paga o quien necesita crédito mañana en nuestro sistema financiero minúsculo? Una ley no vuelve barato lo que es riesgoso, no crea recursos ni hace desaparecer los costos. Sólo decide quién terminará pagándolos. Esa persona casi nunca aparece en los titulares de las notas.

Otro ingrediente es olvidarnos de que las reglas cambian conductas. Supongamos que vos y yo sacamos el mismo crédito. Llega fin de mes, a ninguno le sobra la plata, vos recortás gastos y pagás la cuota; yo dejo de pagar. Unos meses después, aparece una ley que me permite refinanciar a una tasa más baja, estirar el plazo o conseguir una quita. ¿Quién hizo mejor negocio? La próxima vez, vos también tendrás más razones para esperar, porque aprendiste cómo funcionan las reglas. Los economistas lo llaman “riesgo moral”: cambiar las consecuencias de una decisión cambia también los incentivos para tomarla.

Esto explica por qué muchos bancos y fintechs están refinanciando a quienes están en mora en silencio, de a uno, sin anunciar un “Plan Nacional de Salvataje al Moroso”. Es mejor cobrar tarde que nunca, pero difícilmente pongan un cartel que diga “deje de pagar y venga a buscar mejores condiciones”. Una ley general corre ese riesgo: les informa a los 15 millones que siguen pagando que las mejores condiciones empiezan después de dejar de hacerlo: excelente campaña de educación financiera.

Por eso la responsabilidad empieza antes de votar. Empieza con la forma de presentar el problema, las expectativas que se despiertan y la intervención que después parece inevitable.

No sorprende que el kirchnerismo y la izquierda usen el lenguaje de la emergencia y no entiendan cómo funciona el crédito. Los vemos venir. La trampa de los republibuenos, en cambio, es otra. Voces consideradas sensatas toman prestado el mismo diagnóstico alarmista —incluso se presentan junto a Myriam Bregman para que la alarma suene más fuerte— y después agregan los asteriscos y las notas al pie.

Arrancan el reel de Instagram con una urgencia y una “compasión” indistinguibles de las de los más radicalizados. Para cuando aclaran que no quieren condonar deudas, fijar tasas, alterar contratos ni poner dinero público, ya pasamos al reel siguiente. Para entonces, el virtue signaling —mostrarse del lado correcto— ha cumplido su función: pudieron mostrarse empáticos aun al precio de reforzar el sentido económico fallado de la Argentina.

Pero quienes escucharon que el sistema es un desastre o que las fintechs actúan “como la mafia” no esperan del Congreso una ley con mejor información sobre el CFT: esperan una respuesta a la altura del relato. “¡No, yo no quiero romper el mercado de crédito!”, aclaran por lo bajo algunos legisladores. Tarde. La alarma ya sonó, el titular quedó instalado y nadie lee la letra chica.

“¡No, yo no quiero romper el mercado de crédito!”, aclaran por lo bajo algunos legisladores. Tarde. La alarma ya sonó, el titular quedó instalado y nadie lee la letra chica.

Otro ingrediente es confundir el problema con el instrumento. Escuchamos, por ejemplo, que “la gente se endeuda para comer”. No sabemos cuánto explica cada cosa: las encuestas tienen limitaciones, no todos cuentan para qué se endeudan y el dinero es fungible. Pero supongamos que fuera así. Si una familia se endeuda para comer porque su ingreso no alcanza, tenemos un problema de ingresos; si alguien lo hace para apostar, tenemos un problema con el juego. En ninguno de los dos casos, el problema es el crédito. Terminamos regulando el crédito porque es el instrumento que tenemos sentado en el banquillo.

Después están los incentivos del Congreso, donde la ley es el producto. Tiene un número, autores, una votación y una conferencia de prensa. El resultado ocurre después y afuera. Si dentro de dos años hay menos crédito, tasas más altas o más personas excluidas, será difícil vincularlo con la ley que hoy todos festejan.

La Ley de Alquileres de 2020 debería habernos dejado alguna enseñanza. Era más fácil explicar la intención —¡proteger al inquilino!— que anticipar cómo reaccionarían propietarios, precios y oferta. La política pudo mostrar una respuesta; las consecuencias llegaron después.

Para un diputado, hacer es mucho más fácil de mostrar que evitar. El que presenta 20 proyectos puede exhibirlos como prueba de productividad. Quien evita una mala regulación vuelve con las manos vacías: no hay diploma por una mala regulación que se frenó ni placa de Instagram para el crédito que no se destruyó.

Por eso, para cambiar esos incentivos también hay que cambiar la demanda. Si frente a cada problema el periodismo pregunta qué ley vamos a presentar, medimos la productividad por cantidad de proyectos y hasta entregamos premios por leyes presentadas, no debería sorprendernos que el Congreso sobrelegisle. En el mejor de los casos, estas leyes son inofensivas; en el peor, son contraproducentes.

El estado de emergencia lleva esos incentivos al extremo. Si cada problema exige una ley, salir sin una parece no haber hecho nada. Ya no tiene que demostrar que su proyecto funcionará quien propone intervenir; tiene que justificarse quien pide pensar antes de votar.

Así terminamos legislando para el titular.

Resistir la presión

Antes de ser diputada, escribí en Seúl sobre esta tensión. Sabía que la política premia el gesto visible y que casi siempre resulta más fácil votar una ley que explicar por qué sería mejor no hacerlo. También sabía que quien pide prudencia corre el riesgo de parecer indiferente frente a quien llega con un salvataje debajo del brazo.

Lo sabía desde afuera. Ahora me toca vivirlo desde una banca.

En estos días, estamos tratando de consensuar una respuesta sobre la mora entre diputados de distintos bloques. Cada uno llega con su proyecto, sus límites y algo que necesita llevarse. Afuera ya se instaló que el Congreso tiene que responder. Adentro aparece la tentación de medir el éxito por conseguir algo que todos podamos votar.

Ese es el momento Frankenstein. Cada bloque agrega una pieza, todos resignan algo y el consenso, que debería ser un medio, se convierte en el fin. Podemos terminar con una ley que deje a todos razonablemente conformes, aunque ya no esté tan claro qué problema resuelve.

Una de las partes más difíciles de la política es aceptar que la decisión responsable no siempre es la más cómoda ni la que mejor queda.

Una de las partes más difíciles de la política es aceptar que la decisión responsable no siempre es la más cómoda ni la que mejor queda. Tampoco consiste en encontrar siempre un punto medio o negociar una versión un poco menos mala de cualquier cosa que aparezca.

La responsabilidad empieza antes, preguntando qué problema queremos resolver, con qué instrumento y quién pagará la cuenta.

Hay cosas que podemos mejorar en el mercado de crédito. Podemos exigir que quien toma un préstamo entienda cuánto recibe y cuánto deberá devolver, fiscalizar prácticas engañosas y remover los impuestos que el propio Estado mete dentro de la tasa (para todos, no sólo para los morosos). Nada de eso requiere inventar una emergencia ni fabricar un rescate nacional.

La parte difícil es bancarse la presión de salir sin una foto, sin un megasalvataje para festejar y sin la autopalmadita de haber “hecho algo”. Hay que dar esa batalla. Me metí para esto.

La entrada Legislar para el titular se publicó primero en Seúl.