Turismo con dinero público: preparan una frondosa comitiva a Ginebra bajo el pretexto de los derechos de la mujer

Una expedición internacional con cargo al erario público vuelve a encender la indignación ciudadana. Conforme reveló el diario ABC Color en su publicación titulada «Frondosa delegación de autoridades y diputadas a Ginebra en nombre de los derechos de la mujer», una nutrida comitiva compuesta por legisladores de ambas cámaras y funcionarios estatales ultima detalles para abordar el avión este martes 13 de octubre con destino a la costosa capital diplomática suiza.

El cuestionamiento no apunta a la relevancia de que el Estado paraguayo participe en foros multilaterales sobre derechos humanos, sino al desmedido número de viajeros y a la hipocresía que encierra la misión. Pese a que el viaje se ampara en la agenda de género, la delegación está integrada por parlamentarios y autoridades de diversos estamentos cuya presencia simultánea resulta técnicamente innecesaria. Para fijar posturas institucionales, el país ya sostiene misiones diplomáticas permanentes en Ginebra y cuadros técnicos capacitados; sin embargo, una vez más se opta por financiar un contingente sobredimensionado con pasajes aéreos y viáticos tasados en moneda extranjera.

La práctica encaja en la conocida rutina del «turismo oficial»: misiones colectivas de dudosa utilidad práctica cuyos integrantes regresan sin compromisos legislativos vinculantes, sin iniciativas presupuestarias reales para los sectores desprotegidos y sin una rendición de cuentas rigurosa sobre el impacto del gasto.

La contradicción resulta lacerante frente a la realidad local. Mientras en el territorio paraguayo los albergues para víctimas de violencia intrafamiliar operan en la precariedad absoluta, las comisarías no tienen combustible para responder a pedidos de auxilio y las salas de parto carecen de insumos elementales, este grupo de parlamentarios y burócratas se prepara para aterrizar en una de las ciudades con mayor costo de vida del mundo a debatir teóricamente sobre vulnerabilidades que no resuelven en casa.

Según datos del Ministerio Público, hasta el 9 de octubre se registraban 20 víctimas de feminicidio y 28 víctimas de tentativa de feminicidio en el país. Los casos dejaron, además, 36 hijos e hijas como víctimas indirectas, de los cuales 26 son menores de edad. Las cifras reflejan las consecuencias de una violencia que exige respuestas oportunas, protección efectiva y políticas públicas sostenidas.

El contraste resulta especialmente sensible porque las instituciones que deben actuar ante la violencia contra las mujeres suelen señalar la falta de recursos como una de sus principales limitaciones. La disponibilidad de personal, vehículos, combustible, infraestructura y mecanismos de atención puede resultar determinante para responder a una denuncia, brindar protección a una víctima o intervenir antes de que una situación de violencia termine en un crimen.

En ese escenario, la discusión no se limita al número de autoridades que viajarán a Suiza, sino también a las prioridades del gasto público. Si el Estado destina recursos para garantizar una representación numerosa en un foro internacional, corresponde que explique cuánto costará la misión y qué criterios se utilizaron para definir la participación de cada institución.

La presentación ante el comité de la ONU permitirá exponer las políticas implementadas y los desafíos pendientes. Pero los compromisos internacionales pierden fuerza cuando no se traducen en capacidad de respuesta dentro del país, especialmente para las mujeres que denuncian amenazas, agresiones o violencia reiterada y necesitan protección antes de convertirse en nuevas víctimas.

En medio de la seguidilla de feminicidios, el viaje pone sobre la mesa una cuestión que va más allá de la diplomacia: ¿cómo puede el Estado demostrar su compromiso con los derechos de las mujeres en el exterior mientras, dentro del país, las instituciones responsables de protegerlas continúan invocando la falta de recursos?

La rendición de cuentas sobre el costo de la comitiva y la inversión efectiva en prevención, atención y protección deberían formar parte de una misma discusión. Porque la defensa de los derechos de las mujeres no se mide únicamente por los informes presentados ante organismos internacionales, sino también por la capacidad de las instituciones de evitar que la violencia vuelva a terminar en tragedia.