Saqueo en la Caja Municipal: con cheques a nombre de fallecidos y firmas falsas, 12 acusados sustrajeron casi G. 12.000 millones

La investigación fiscal desnudó la perversidad del esquema liderado por la cúpula de de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM), que reutilizó 285 expedientes de exaportantes, movilizó a funcionarios como cobradores en ventanillas bancarias y ordenó borrar archivos digitales para eliminar sus rastros.

Cobrar millonarios cheques a nombre de jubilados fallecidos; clonar, triplicar y cuadruplicar las liquidaciones de 285 extrabajadores; reclutar a funcionarios subalternos para desfilar por ventanillas bancarias con endosos falsificados; y exigir el borrado de planillas de control para no dejar huellas. Esos son los hechos más graves que el Ministerio Público atribuye con nombre y apellido a doce personas —entre altos directivos y funcionarios— de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM), responsables de un vaciamiento patrimonial cuantificado en Gs. 11.789.516.891.

Entre los años 2019 y 2023, la institución previsional fue convertida en una maquinaria de desvío de fondos del Rubro 821 (Devolución Total de Aportes – DTA). El modus operandi consistió en “reciclar” carpetas de afiliados que ya se habían retirado y cobrado legítimamente todos sus aportes. Aprovechando la falta de candados informáticos en el sistema de la Caja y sorteando todos los controles, montaron trámites fantasmas para emitir 486 cheques adicionales contra la cuenta institucional en el Banco Continental.

A continuación, los nombres y la participación específica atribuida a cada uno de los presuntos responsables en este esquema criminal:

La cúpula que firmó el despojo: cheques a personas ya fallecidas

El núcleo de poder que ostentaba la administración legal y la firma conjunta de las cuentas institucionales estuvo integrado por tres directivos acusados como coautores de lesión de confianza:

Bernabé Peralta Antúnez (Expresidente de la CJPPM): Como máxima autoridad y garante del patrimonio de los trabajadores comunales, impartió instrucciones directas para saltarse los procedimientos ordinarios de fiscalización interna y dar tratamiento preferencial y urgente a carpetas de su interés particular. Además, según declaraciones testificales, de él dependía la orden de autorizar desembolsos por el monto total en un solo acto —modalidad empleada en los cobros irregulares— en lugar de los pagos fraccionados reglamentarios, y estampó su firma conjunta en los cheques espurios.

Fabiana Liduvina Benítez de Calabrese (Exdirectora de Administración y Finanzas): Es sindicada como la operadora central de la estructura. No solo autorizó las órdenes de pago y firmó los cheques fraudulentos con Peralta o Ramírez, sino que dio instrucciones expresas para acelerar las carpetas simuladas. La fiscalía le atribuye además la autoría de producción de documentos no auténticos al valerse de funcionarios de menor rango a quienes entregaba los cheques para su cobro con firmas apócrifas.

Rossana Isabel Ramírez Marecos (Exjefa del Departamento de Tesorería): Manejó la emisión física de los títulos de pago. Recibía los expedientes irregulares en sobres cerrados directamente para su despacho, elaboraba los cheques, los firmaba y los entregaba a empleados subalternos para que fueran al banco. Conforme a la investigación fiscal, una vez que los funcionarios efectivizaban los cheques en ventanilla, el dinero en efectivo era entregado de vuelta en sus manos en la Tesorería.

De acuerdo a la investigación fiscal, bajo la firma conjunta de esta cúpula ocurrió la faceta más tétrica del fraude: el cobro de cheques a nombre de personas muertas:

Estos son solo algunos de los fallecidos, cuyos nombres fueron usados para efectivizar los cheques

Daniel Agüero Martínez, exfuncionario de Ciudad del Este, falleció el 7 de noviembre de 2020. Apenas dos días después de su muerte (09/11/2020), la directiva libró un cheque a su nombre por Gs. 19.409.690, y el 8 de febrero de 2022 volvieron a sacar un tercer cheque por idéntica suma.

Cristian Rolando Martínez Sosa, de la Municipalidad de Villa Elisa, falleció el 10 de septiembre de 2020. Cuatro meses después de muerto (26/01/2021) le cobraron un cheque por Gs. 30.481.020, y el 9 de mayo de 2023 extrajeron otros Gs. 30.481.020 más a su orden.

Francisco Mauro Bogado González, de Presidente Franco, falleció el 25 de octubre de 2023. El 8 de noviembre de 2023, catorce días después de su fallecimiento, se cobró a su nombre un cheque por Gs. 16.136.667.

Presión, irregularidades contables y orden de borrar pruebas

Para que los expedientes clonados avanzaran sin despertar alarmas, dos funcionarias de confianza operaron en áreas clave de la institución, acusadas como cómplices de lesión de confianza:

Fulvia Lorena Fernández Bogado (Exjefa de Contabilidad): Cumpliendo directivas de la Dirección Financiera, sobrepasó la autoridad de la jefatura de Administración para ingresar carpetas “urgentes” en mano a funcionarios ajenos a su área al margen de los inventarios ordinarios. Validó imputaciones contables sin respaldo documental legítimo y se encargó de regularizar firmas faltantes en expedientes contables con posterioridad a la emisión de los pagos.

Carolina Del Rosario Ramos Marecos (Exsecretaria Privada de la Presidencia): Valiéndose de su acceso directo al presidente Bernabé Peralta, gestionaba la agilización extraordinaria de las carpetas señaladas. Presionaba a los encargados de emitir las órdenes de pago manifestando que se trataba de órdenes directas de la Presidencia que debían procesarse de inmediato.

A esto se suma la maniobra de encubrimiento: testimonios recolectados por los fiscales acreditaron que, por orden directa de la directora Fabiana Benítez de Calabrese, a los funcionarios administrativos se les exigió borrar el registro en planillas de Excel que llevaban internamente tras cada pago y suspender cualquier marcado físico de los expedientes, con el deliberado propósito de no dejar rastros documentales del circuito irregular. Un encubrimiento que se volvió más sospechoso tras el siniestro e incendio desatado en la sede de la Caja en mayo de 2024, que quemó legajos de devolución de aportes que debieron ser rescatados pericialmente entre las cenizas.

La red de funcionarios “cobradores” en ventanillas bancarias

La fase final y de mayor impacto visual del saqueo consistió en enviar a siete funcionarios de la propia institución a presentarse en las ventanillas del Banco Continental para efectivizar los cheques. Todos ellos fueron acusados como cómplices de lesión de confianza y autores de producción y uso de documentos no auténticos, pues utilizaron cheques con endosos falsificados de los exafiliados a sabiendas de que los titulares no habían peticionado esos cobros:

Ramón Fernando Kiessel Bejarano (Exauxiliar Técnico de Tesorería): Fue el principal brazo ejecutor material del esquema. Se presentó en ventanilla a efectivizar nada menos que 135 cheques por un valor de Gs. 3.824.071.109. Fue quien cobró personalmente los cheques emitidos a nombre de los aportantes que ya estaban muertos (como el caso de Agüero, Martínez y Bogado).

Néstor Antonio Brítez Amarilla (Exauxiliar de la Dirección de Inversiones): Se encargó de cobrar 21 cheques apócrifos por un total de Gs. 424.633.618.

Julio César Marín Caballero (Exasistente Administrativo de Contabilidad): Efectivizó en caja del banco 16 cheques fraudulentos, retirando Gs. 381.817.920.

Marcelo Esteban Giménez Olmedo (Exauxiliar Técnico de Administración y Finanzas): Cobró en ventanilla bancaria 9 cheques por un monto de Gs. 218.925.788.

Carlos Alberto Álvarez Ayala (Exauxiliar Administrativo de Secretaría General): Cobró 5 cheques irregulares por la suma de Gs. 122.889.692.

Darío Manuel Ramírez (Exauxiliar Administrativo de Préstamos): Efectivizó 1 cheque espurio por el monto de Gs. 49.682.202.

Marco Antonio Cabañas Arriola (Exauxiliar de Administración y Finanzas): Cobró 1 cheque por Gs. 17.455.000. En su caso particular, la pericia caligráfica del Laboratorio Forense fue categórica: el endoso atribuido al titular era falso, pero la firma y el llenado manuscrito al dorso pertenecían indubitadamente al puño y letra de Cabañas.

Solo entre estos siete auxiliares retiraron en efectivo Gs. 5.039.475.311 de las cuentas de la CJPPM. Las pericias caligráficas oficiales practicadas por la Sección Documentología y Grafología confirmaron que decenas de firmas y cédulas estampadas al dorso de los cheques no pertenecían a los aportantes desvinculados, sino que coincidían plenamente con la caligrafía de los propios funcionarios de la Caja.