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La discusión minera entre provincias corre el riesgo de quedar atrapada en una competencia pequeña: quién produce más, quién atrae más inversiones o quién exhibe mejores números. Pero detrás de los anuncios existe una realidad regional mucho más incómoda. Jujuy y Salta comparten problemas de infraestructura, logística, integración de proveedores y agregado de valor. El desafío ya no es demostrar quién tiene la mina más grande, sino quién será capaz de convertir recursos naturales en una verdadera economía industrial del norte argentino.
En Jujuy la minería enfrenta cuellos de botella logísticos, necesita mayor integración de proveedores locales y todavía debe demostrar con mucha más claridad cuánto valor económico permanece efectivamente dentro del territorio. El propio Gobierno jujeño creó un Registro Provincial de Proveedores Locales de Productores Mineros, precisamente para fomentar una mayor participación de empresas de la provincia en la cadena extractiva. Que esa herramienta exista confirma, al mismo tiempo, que el problema está identificado: extraer litio no alcanza si alrededor de las minas no crece una trama mucho más grande de empresas jujeñas capaces de fabricar, reparar, transportar, programar, investigar y transformar.
Pero aceptar las debilidades de Jujuy no significa comprar sin discusión una supuesta superioridad salteña. Salta enfrenta exactamente su propia batalla logística. En 2026 avanzó con financiamiento internacional para pavimentar 91 kilómetros de la Ruta Nacional 51, corredor fundamental hacia el Paso de Sico, y el propio Gobierno provincial mantiene reclamos para que los ramales ferroviarios C14 y C15 sean recuperados como parte de la futura concesión del Belgrano Cargas. Incluso las autoridades salteñas reconocen que la RN 51 es una vía crítica para sostener la operación minera de la Puna y que necesita intervenciones constantes para garantizar transitabilidad y logística. Por lo tanto, la foto regional es bastante más compleja: Salta observa las dificultades jujeñas desde una Puna que también necesita rutas, ferrocarriles e infraestructura para que su propio modelo minero funcione.
Ahí está el error conceptual que el NOA debería abandonar. Si Salta y Jujuy se dedican a competir por quién exporta más toneladas de litio, cobre, boratos o plata, pueden terminar celebrando simultáneamente una economía que continúa importando maquinaria, tecnología, financiamiento, ingeniería avanzada y buena parte de los bienes de capital que necesita para extraer esos minerales. En Salta existe incluso una legislación específica para promover proveedores mineros locales, con exigencias sobre empleo y composición societaria provincial; en Jujuy se avanzó también en un registro propio. La pregunta decisiva es qué ocurre después del registro: cuántos de esos proveedores dejan de vender servicios básicos y comienzan a fabricar componentes, desarrollar tecnología, producir software, construir maquinaria o participar en procesos de transformación mineral.
Jujuy tiene señales que pueden abrir una etapa diferente, pero deben ser analizadas por sus resultados y no por sus anuncios. Esta semana se aprobó ambientalmente una nueva planta de carbonato de litio de CNGR, que sería la tercera instalación de producción de litio de la provincia y plantea incorporar nuevas tecnologías para procesar salmueras de menor concentración. Minería Jujuy También Rio Tinto confirmó para 2027 una planta piloto en Cauchari destinada a evaluar tecnologías de extracción y procesamiento. Prensa Jujuy Son movimientos relevantes porque desplazan parcialmente la discusión desde la simple extracción hacia el conocimiento y el procesamiento. Pero la prueba definitiva será otra: ¿esa tecnología quedará incorporada a capacidades jujeñas o seguiremos siendo territorio de aplicación de tecnología desarrollada afuera?
Por eso la discusión debería cambiar de escala. No se trata de negar los déficits de Jujuy ni de contestar cada crítica que llegue desde Salta. Se trata de reconocer que ambas provincias están frente al mismo dilema histórico: seguir siendo plataformas extractivas o construir juntas una región minera-industrial. Eso implica recuperar corredores ferroviarios, resolver RN 52 y RN 51, integrar puertos del Pacífico, desarrollar energía, formar técnicos, crear centros tecnológicos, fortalecer metalmecánica regional, establecer compras locales verificables y promover plantas de procesamiento donde sea económica y ambientalmente viable. El propio gobierno salteño presenta al Ramal C14 como pieza fundamental de su conexión con el Pacífico, mientras Jujuy busca ampliar la incorporación de proveedores a la cadena minera. Las piezas existen; lo que falta es una arquitectura regional que las una.
La gran pregunta, entonces, no es si Salta está mejor que Jujuy o Jujuy mejor que Salta. Esa discusión sirve para titulares, pero no cambia la estructura económica. La verdadera frontera política es otra: NOA extractivo contra NOA industrializado. De un lado, provincias que exportan recursos y dependen de decisiones tecnológicas, financieras y logísticas tomadas lejos de sus territorios. Del otro, una región capaz de usar la minería para crear empresas, conocimiento, infraestructura y empleos de mayor productividad.
Si Jujuy quiere responder a las críticas, no debería hacerlo con propaganda. Debería hacerlo mostrando cuántas empresas locales nacieron alrededor de la minería, cuánto crecieron las compras provinciales, qué porcentaje del valor agregado permanece en Jujuy y qué infraestructura nueva conecta a la Puna con mercados internacionales. Y Salta debería someterse exactamente a la misma vara.
Porque la historia del próximo ciclo minero no debería escribirse preguntando quién sacó más mineral del suelo. Debería medirse por algo mucho más difícil: quién consiguió que esa riqueza permaneciera, se multiplicara y transformara la vida económica del norte argentino. Hasta ahora Jujuy no lo logró, Jujuy tampoco.
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