Negociación por las jubilaciones: la deuda de Nación con las provincias por las cajas previsionales pisa los 2.900 millones de dólares

Las seis restantes están en la instancia previa de intimación a la ANSES. El Ejecutivo Nacional no envía fondos desde enero de 2024.

“El Gobierno pide mucho pero otorga poco”, desliza un gobernador de amplio expertise en negociaciones políticas de alta tensión. Se refiere al trabajo que lleva adelante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los mandatarios provinciales para obtener los votos en el Congreso que logren aprobar, entre otras cosas, el Presupuesto 2027. En ese marco, se coló en las conversaciones una cuestión no esperada: la deuda que el Estado nacional mantiene con las Cajas Previsionales de las provincias. El pasivo total por el corte de fondos asciende a 2.899.574.222 dólares (dos mil ochocientos noventa y nueve millones quinientos setenta y cuatro mil doscientos veintidós dólares).

Este conflicto aparece frente a la estrategia parlamentaria que el Poder Ejecutivo impulsa para lograr la reforma electoral que elimine o suspenda las PASO. El congelamiento de las transferencias automáticas directas se consolidó a partir de enero de 2024, cuando la aplicación del DNU 280 barrió las partidas —no todas— que financiaban los sistemas previsionales no transferidos con el fin de lograr superávit fiscal en el primer trimestre de la gestión de Javier Milei.

Diego Santilli con Gobernadores

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, es el hombre encargado de llevar adelante las negociaciones del Ejecutivo Nacional con los gobernadores provinciales para lograr la aprobación del Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral, entre otras iniciativas clave para el oficialismo.

Para coordinar esa unión de voluntades, el jefe de Gabinete recibió en Casa Rosada durante septiembre a once mandatarios de diversas fuerzas políticas. En esos encuentros, Santilli también buscó asegurar apoyos para el tratamiento de otras dos normas de máxima prioridad para el oficialismo: la contención parlamentaria del DNU 70/23 y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En diálogo con PERFIL, Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, afirmó que «el objetivo es que Nación reconozca los recursos que corresponden a Entre Ríos», aunque aclaró que la provincia debe «hacer su parte».

La compleja matriz de este conflicto nació en 1994 y fue una obra de ingeniería financiera del entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Pese a que su plan de privatizaciones y reformas estructurales estaban en pleno apogeo, el padre de la Convertibilidad necesitaba controlar el déficit fiscal que la propia “política” generaba, con gastos que superaban de forma crónica lo que el Estado recaudaba. Esta situación, es de público conocimiento, ocasionaba fuertes discusiones entre el economista y el expresidente Carlos Menem.

Fue entonces que el excanciller propuso en 1994 a las provincias traspasar sus cajas previsionales a la órbita de la Nación, para que fuera el Ejecutivo Nacional el encargado de abonar de forma directa las jubilaciones de los médicos, enfermeras, policías y demás empleados públicos de todo el país. A cambio, los gobernadores se desentendían de lidiar con un pasivo crónico originado por una histórica recaudación menor a la necesaria para sostener los pagos.

A simple vista, se trataba de un win-win. Los gobernadores no debían lidiar con el desajuste financiero previsional y Cavallo se hacía de una masa de dinero gigantesca mes a mes. Ese flujo de recursos líquidos le permitiría tapar los agujeros fiscales que, para mediados de 1994, el exministro ya comenzaba a vislumbrar en el horizonte argentino.

El llamado Compromiso Federal fue la primera presión del peronismo a la que debió ceder Fernando De la Rúa para garantizar la gobernabilidad y el Presupuesto 2000. Se firmó cuatro días antes de asumir la Presidencia.

El llamado «Compromiso Federal» fue la primera presión del peronismo a la que debió ceder Fernando De la Rúa para garantizar la gobernabilidad y el Presupuesto 2000. Se firmó cuatro días antes de asumir la Presidencia y es el gérmen de la deuda previsional que hoy reclaman 13 gobernadores.

La iniciativa generó lo que genera cualquier proyecto en la Argentina: una grieta. Aunque once provincias aceptaron el traspaso a la ANSES, un bloque de trece jurisdicciones rechazó la absorción centralizada para conservar el manejo de sus estatutos locales y los beneficios previsionales de sus empleados públicos. En aquel momento se las denominó «las trece rebeldes».

El 6 de diciembre de 1999, cinco años después de la invitación, ya sin Cavallo en el gobierno de Carlos Menem y con Roque Fernández a cargo de la cartera económica, se firmó el “Compromiso Federal” con las trece provincias “rebeldes”. El mecanismo no hizo otra cosa que ratificar que el Estado nacional seguiría financiando a través de la ANSES el déficit de esos sistemas mediante transferencias mensuales automáticas. Es decir, el Gobierno nacional haría con esos distritos lo mismo que hizo con los once que aceptaron la propuesta inicialmente.

En los hechos, ese acuerdo fue el primer condicionamiento del peronismo hacia el gobierno de Fernando de la Rúa, y fue ejecutado apenas cuatro días antes de que asumiera como Presidente. La liga de gobernadores justicialistas hizo valer su peso parlamentario y político a cambio de un piso fijo de fondos coparticipables para financiar sus déficits internos, que para 1999, ya percibían fuera de control. Esa medida es la que hoy origina la deuda previsional millonaria en dólares.

El frente del torniquete total: los distritos sin auxilio financiero de la Nación

La interrupción de las transferencias mensuales de la ANSES a partir de enero de 2024 forzó una polarización en la toma de decisiones de las trece provincias sin sus cajas previsionales transferidas. Cuatro de ellas se encuentran bajo un corte total del 100% de los recursos nacionales: Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Formosa. En todos los casos abonan a sus jubilados mediante recaudación impositiva local e impulsaron demandas originarias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Provincia de Buenos Aires lidera el volumen del pasivo con un reclamo judicial consolidado que asciende a 1.493.506.494 dólares (mil cuatrocientos noventa y tres millones quinientos seis mil cuatrocientos noventa y cuatro dólares) por las transferencias recortadas a su instituto de previsión social (IPS).

En la misma situación se posicionan los gobiernos de Santa Fe, con una demanda interpuesta por 469.310.390 dólares, y La Pampa, que reclama un stock histórico de 259.740.260 dólares.