Bolivia — EE. UU. restringe visas a 22 bolivianos: antecedentes de los 13 identificados y sus vínculos con casos clave

Este análisis permite diferenciar entre denuncias formuladas, investigaciones en desarrollo, procesos penales, medidas administrativas y actuaciones de carácter público, evitando atribuir responsabilidad penal a los involucrados mientras no exista una sentencia.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aplicado restricciones de visado a 22 ciudadanos bolivianos y a sus allegados, en una medida que sitúa como figura central al fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

A la máxima autoridad de la Fiscalía boliviana, la administración estadounidense le atribuye de forma explícita presuntos actos de corrupción significativa vinculados al cobro de sobornos y al narcotráfico.

De la nómina total de afectados, el gobierno estadounidense solo ha revelado la identidad de 13 personas. A Mariaca se suman otros 12 ciudadanos identificados con nombre y apellido —entre ellos exautoridades, jueces, fiscales, un coronel de la Policía y un empresario— a quienes se les ha retirado la visa. 

Los nueve restantes corresponden a personas que no disponían de una visa vigente y cuyos nombres se mantienen bajo reserva, pero que han sido declaradas inelegibles para obtenerla en el futuro.

A diferencia del expediente del fiscal general, sobre quien recae un señalamiento público pormenorizado, el Gobierno estadounidense no ha precisado de manera oficial las actuaciones concretas al resto de las autoridades y ciudadanos identificados en la lista.

Ante la ausencia de detalles individuales por parte de Estados Unidos, Bolivia Verifica ha examinado documentos oficiales, resoluciones judiciales y archivos de prensa para reconstruir la trayectoria, los procesos en curso y las controversias que envuelven a las personas nombradas por el Gobierno de Donald Trump.

Este análisis permite diferenciar entre denuncias formuladas, investigaciones en desarrollo, procesos penales, medidas administrativas y actuaciones de carácter público, evitando atribuir responsabilidad penal a los involucrados mientras no exista una sentencia o resolución firme que la establezca.

1.– Roger Mariaca

EEUU le acusa de haber abusado de su cargo público al aceptar sobornos para proteger a narcotraficantes y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.

Durante su gestión como fiscal departamental de Santa Cruz había sido observado por transferencias superiores a Bs 400.000 realizadas en 2023 a la hija de un funcionario municipal. El dinero habría sido posteriormente devuelto, aunque por un monto ligeramente menor (1).

Mariaca era fiscal departamental de Santa Cruz cuando Sebastián Marset logró escapar de un operativo policial en julio de 2023. Associated Press menciona expresamente este antecedente al informar sobre la actual decisión de Washington.

También fue cuestionado por la actuación del Ministerio Público en el caso Las Londras, relacionado con el secuestro y agresión de periodistas, policías y civiles en Guarayos en octubre de 2021 (1).

ANF hizo en octubre de 2024 un recuento de más de diez casos relevantes que continuaban sin resolución definitiva durante su gestión, entre ellos Sebastián Marset, narcovuelos, Las Londras, avasallamientos, ítems fantasmas y el triple asesinato de Porongo.

2.– Martín Daniel Irusta Flores

Roger Mariaca designó a Martín Daniel Irusta Flores como Fiscal Superior de la Fiscalía General del Estado. Cobró notoriedad como defensor legal de influyentes figuras políticas y empresariales, entre ellas el expresidente Evo Morales, exautoridades del gobierno del MAS y el polémico empresario inmobiliario Harold Lora.

Su trayectoria estuvo rodeada de controversias, entre las que destaca una investigación por presunto testaferrato y ganancias ilícitas en la adquisición en efectivo de un vehículo de alta gama a nombre de una tercera persona. Su nombramiento en el Ministerio Público en 2026 generó cuestionamientos por sus antecedentes (1).

Según una investigación publicada por El Deber, un informe del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la FELCC detectó una operación considerada sospechosa relacionada con la adquisición de un Audi Q5 Sportback valuado en $us 95.000, que habría sido pagado en efectivo (1,2,3).

3.– Albania Chane Caballero Saavedra

Albania Chane Caballero Saavedra es jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer en Santa Cruz. Su acción más polémica fue beneficiar con medidas sustitutivas a la exdiputada Laura Rojas, investigada por el escándalo de “las maletas”. También es conocida por ser la jueza del caso “Ítems Fantasmas” de la Alcaldía de Santa Cruz.

Chane también intervino en el proceso contra el exjuez Hebert Zeballos, investigado por presunta legitimación de ganancias ilícitas dentro del denominado caso “Maletas”.

Su trayectoria ha estado envuelta en otras controversias. En marzo de 2026, otorgó la libertad a una procesada por el hurto de más de Bs 70.000, pese a que existían filmaciones de seguridad presentadas como prueba. En diciembre de 2018, emitió una orden de libertad a favor de un sujeto procesado por agredir e instar el abuso sexual de su esposa.

El Consejo de la Magistratura informó este 29 de septiembre que Albania Chane tiene proceso disciplinario en curso (1).

4.– Rosario Ximena Flores Paniagua 

Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, fue cuestionada por disponer la libertad con medidas sustitutivas del exjuez Hebert Zeballos, investigado en el denominado caso Maletas. La decisión fue apelada por la Fiscalía, debido a los riesgos procesales y a la gravedad de las imputaciones atribuidas al exjuez.

El fallo generó nuevos cuestionamientos sobre el funcionamiento de la justicia en Santa Cruz y posibles redes de protección dentro de algunos juzgados, en un contexto que también incluyó otros casos polémicos.

Como antecedente disciplinario, el Tribunal Constitucional Plurinacional registra que, mediante la Sentencia Disciplinaria 128/2016, del 28 de noviembre de 2016, una jueza disciplinaria determinó que Flores Paniagua incurrió en la falta prevista en el artículo 187.3 de la Ley del Órgano Judicial y le impuso un mes de suspensión sin goce de haberes.

El TCP volvió a exhortarla en 2026. El TCP finalmente exhortó a Flores y a la secretaria de su juzgado a cumplir sus atribuciones diligentemente y respetar los plazos procesales, advirtiendo que, si se repetían conductas similares, se remitirían antecedentes al Consejo de la Magistratura.

5.– Alberto Zeballos Flores 

Alberto Zeballos Flores es el fiscal departamental de Santa Cruz, cargo que asumió después de que Roger Mariaca fuera elegido fiscal general del Estado en 2024 (1, 2)

Durante su gestión, Zeballos tuvo participación institucional en investigaciones de relevancia pública, entre ellas las relacionadas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y el denominado caso Banco Fassil. En este último caso, se trata de actuaciones desarrolladas en su condición de fiscal y no de una acusación en su contra.

Caso Banco Fassil. ANF señala expresamente el escándalo de Fassil entre los procesos de relevancia en los que tuvo actuaciones.

Zeballos también dirigió desde la Fiscalía de Santa Cruz la investigación del denominado caso Maletas. En enero de 2026 informó que seis personas eran investigadas por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

Asimismo, la Fiscalía de Santa Cruz abrió una investigación por presunto uso indebido de influencias y tráfico de influencias a raíz de la supuesta liberación irregular de un ciudadano libanés identificado como Abbas A., quien tenía una alerta internacional emitida por la justicia brasileña por un caso relacionado con tráfico de sustancias controladas.

No hay elementos que permitan afirmar que Zeballos fuera investigado personalmente. La información oficial lo sitúa como autoridad que comunicó y supervisó institucionalmente la investigación.

6.– Iván Manolo Lima Magne

Iván Manolo Lima Magne es abogado, exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y exministro de Justicia y Transparencia Institucional. Ejerció como ministro entre noviembre de 2020 y septiembre de 2024, durante el gobierno de Luis Arce. Antes ocupó funciones en Defensa Pública, Política Criminal y otras áreas del sistema judicial (1).

Uno de los principales antecedentes vinculados con su gestión es el caso ABC, en el que la Fiscalía admitió en 2025 una denuncia por la presunta revelación de la identidad de un testigo protegido. Este antecedente se diferencia de otros cuestionamientos políticos porque existe una denuncia formal admitida por el Ministerio Público (1).

Lima también fue cuestionado por su actuación durante la crisis institucional de la justicia entre 2020 y 2024, particularmente por su posición frente a la prórroga de magistrados y por denuncias sobre una supuesta influencia del Ministerio de Justicia en tribunales. Sectores opositores y del MAS lo señalaron como uno de los responsables políticos de la denominada autoprórroga, mediante la cual magistrados y otras autoridades judiciales permanecieron en sus cargos ante la falta de nuevas elecciones judiciales.

Otro antecedente es el caso Consorcio, abierto en 2025 por presuntas maniobras destinadas a modificar la composición del Tribunal Supremo de Justicia. La Fiscalía convocó a Lima en junio de 2025, pero en calidad de testigo y no de investigado.

Finalmente, en julio de 2021, la expresidenta Jeanine Áñez presentó una querella y acusación particular contra Lima por difamación y calumnia. Su defensa sostuvo que Lima la había calificado públicamente de “asesina”, “golpista” y “corrupta” sin que existiera entonces una sentencia ejecutoriada que respaldara esas afirmaciones.

7.– Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco

Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco es abogado y fiscal de carrera. Ejerció durante varios años como fiscal departamental de Chuquisaca y fue posesionado nuevamente en ese cargo el 25 de octubre de 2024 por el fiscal general Roger Mariaca, junto con los otros ocho fiscales departamentales del país.

Uno de sus antecedentes judiciales está registrado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0051/2026-S3, de 2 de marzo de 2026, que deriva de un amparo constitucional presentado contra Nava por una demora en la resolución de una denuncia.

El fallo también revisó una actuación de Nava de 11 de febrero de 2021, cuando, como fiscal departamental, emitió una resolución jerárquica que revocó una resolución de rechazo dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, relacionada con el representante legal de RENNINTEC INDUSTRIAL GROUP S.A.

Durante su gestión como fiscal departamental, Nava también intervino institucionalmente en investigaciones de relevancia pública, entre ellas una denuncia relacionada con una presunta manipulación electoral.

8.– Israel Ramiro Campero Méndez

Israel Ramiro Campero Méndez es abogado y fue candidato al TCP en las ultimas elecciones, ahora es juez del tribunal administrativo de la OEA. Antes fue vocal y presidente de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

En septiembre de 2020, cuando presidía esa sala, dispuso temporalmente la detención domiciliaria de Jesús Einar Limalobo Dorado, integrante del denominado clan Lima Lobo y requerido por Brasil para cumplir una condena de 20 años por narcotráfico.

Campero también enfrentó antecedentes disciplinarios y penales. La Sentencia Constitucional Plurinacional 0070/2023-S1 registra un proceso penal iniciado a denuncia del abogado Eduardo León y otra persona contra Campero, Miryam Virginia Aguilar Rodríguez e Iván Elmer Perales Fonseca, por un caso relacionado con presunto prevaricato. Además, según información citada por Correo del Sur, en febrero de 2021 un juez disciplinario sancionó a Campero y a Aguilar con un mes de suspensión sin goce de haberes por faltas disciplinarias. En la SCP 0250/2022-S3, el TCP anuló obrados de un proceso constitucional y llamó la atención a Campero y Aguilar por una aplicación incorrecta de las reglas de competencia territorial.

Durante su presidencia de la Sala Constitucional Primera también protagonizó decisiones de impacto político. En una acción promovida por el entonces ministro de Economía Marcelo Montenegro, la sala dictó una medida cautelar que suspendió provisionalmente las interpelaciones de ocho ministros del gobierno de Luis Arce.

Asimismo, la Sala Constitucional Primera, bajo su presidencia, ordenó al Tribunal Supremo Electoral acompañar el congreso del MAS convocado por organizaciones del Pacto de Unidad afines al gobierno de Arce, realizado en El Alto.

9.– Alberto Samuel Soto de la Vía

Soto de la Vía fue presidente de la Aduana Nacional, gestión durante la cual enfrentó diversas denuncias e investigaciones. La Fiscalía de La Paz lo convocó en calidad de sindicado, a raíz de una denuncia presentada por el diputado Rolando Pacheco por presuntos delitos que incluyen incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios públicos, conducta antieconómica, contrato lesivo al Estado, legitimación de ganancias ilícitas, contrabando y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Fue relacionado con una denuncia por el presunto uso irregular de aeronaves destinadas a operaciones de ayuda durante los bloqueos de mayo y junio de 2026. Durante su gestión en la Aduana surgieron, además, denuncias sobre supuestos cobros irregulares, coimas y venta de cargos, cuya existencia y responsabilidades deben distinguirse de hechos establecidos judicialmente.

Denuncias sobre venta de cargos y presuntas coimas. Durante su gestión también aparecieron denuncias sobre supuestos cobros irregulares, coimas y venta de cargos dentro de la Aduana.

Durante su administración se produjo el denominado caso Maletas, relacionado con el ingreso irregular por Viru Viru de decenas de maletas procedentes de Estados Unidos. Según información de la propia Aduana, las maletas fueron trasladadas posteriormente a un galpón donde se encontró droga. La investigación involucró, entre otros, al exjuez Herbert Zeballos.

Asimismo, se registró una controversia por el presunto intento de sacar de Bolivia cerca de 200 kilos de oro en maletas desde Viru Viru. Tras la salida de Soto de la Aduana también surgió una denuncia relacionada con la designación de su hermana, Tatiana Soto, como jefa de aeropuertos de Boliviana de Aviación (BoA) (1).

10.– Iván Ramiro Campero Villalba

Iván Campero Villalba es abogado y exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En las elecciones judiciales de 2024 fue elegido magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia por La Paz (1).

Su principal antecedente judicial es el denominado caso Consorcio, originado a partir de una acción de cumplimiento presentada contra la magistrada titular del TSJ Fanny Coaquira. Según la Fiscalía, la acción habría formado parte de una coordinación entre operadores judiciales y exautoridades cuyo objetivo era apartar a Coaquira y permitir que Campero asumiera la titularidad del cargo.

En el proceso fueron investigados, además de Campero, César Siles, exministro de Justicia; Iván Córdova, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; la exvocal Claudia Castro; el juez de Coroico Marcelo Lea Plaza; el abogado José Ramiro Uriarte; el funcionario judicial Sergio Sarmiento; y Óscar de la Fuente Amelunge, quien presentó la acción de cumplimiento.

Campero fue investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y consorcio entre responsables del servicio de justicia y, posteriormente, por organización criminal, según la acusación fiscal.

El caso adquirió repercusión nacional tras la difusión de un audio atribuido a César Siles y Marcelo Lea Plaza, que pasó a formar parte de las denuncias y actuaciones relacionadas con la investigación.

11.– Rodrigo Aldo Vedia Espinoza

Vedia es abogado y juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia, Santa Cruz. Alcanzó notoriedad nacional por su actuación en el proceso contra Misael Nallar Viveros, investigado por el asesinato de dos policías y un voluntario del Gacip en Porongo, en junio de 2022 (1).

El 27 de septiembre de 2022, mediante el Auto Interlocutorio 391/22, Vedia declaró fundado un incidente presentado por Nallar y ordenó su traslado de Chonchocoro, La Paz, a Palmasola, Santa Cruz, donde debía continuar con detención preventiva. La decisión generó cuestionamientos debido a la gravedad del proceso que enfrentaba Nallar.

Al día siguiente, representantes jurídicos del entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentaron una denuncia disciplinaria contra Vedia por presuntas faltas gravísimas vinculadas con su actuación en el caso. La denuncia fue ampliada para incluir una presunta falta grave contemplada en el artículo 187.21 de la Ley del Órgano Judicial, relacionada, entre otros aspectos, con declaraciones a medios sobre procesos en trámite.

El proceso disciplinario concluyó con la Sentencia Disciplinaria 54/2023, del 15 de agosto de 2023, que declaró probada la denuncia y sancionó a Vedia con un mes de suspensión sin goce de haberes.

En noviembre de 2025, Vedia volvió a adquirir notoriedad al ordenar, dentro de una acción popular, la aprehensión de varios exmagistrados de las altas cortes que continuaban ejerciendo funciones después de concluido su mandato.

12.– Franz William Cabrera Quispe

El coronel Cabrera es un oficial de la Policía Boliviana que dirigió la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) entre diciembre de 2025 y agosto de 2026. El 31 de agosto de 2026 fue designado inspector general de la Policía, pero permaneció menos de un mes en el cargo y fue reemplazado el 23 de septiembre por el coronel Lucio Enrique Jiménez Vargas (1).

Cabrera aparece vinculado a dos investigaciones. En el caso Maletas, las fuentes revisadas señalan que fue convocado a declarar en calidad de testigo, sin que se haya establecido que la Fiscalía lo hubiera imputado. En el denominado caso Cambiazo, el propio Cabrera confirmó que fue convocado a declarar por una investigación relacionada con un supuesto cambio de droga.

Mientras estaba al frente de la FELCN, el vicepresidente Edmand Lara presentó denuncias públicas en su contra, acusándolo de presunto encubrimiento del narcotráfico y cobro de sobornos, y pidió su destitución. Lara también difundió una grabación en la que atribuyó a Cabrera una conversación con una persona identificada como Cerimedo, relacionada —según la interpretación de Lara— con la apertura de procesos contra dos abogados de Beni. Estas acusaciones fueron formuladas públicamente por Lara y deben distinguirse de hechos establecidos judicialmente (1).

Finalmente, el comandante de la Policía, Marco Antonio Oviedo, informó que Cabrera fue retirado de la institución y pasó a situación de “Letra E”, además de anunciar una investigación interna dentro de la Policía Boliviana.

13.– José Luis Iriarte Cussi

José Luis Iriarte Cussi es un empresario vinculado al sector de combustibles y propietario, junto con su esposa, de estaciones de servicio en La Paz. Una investigación de ANF, Mongabay La Brava estableció que la familia Iriarte controlaba, de manera directa o indirecta, al menos 13 estaciones de servicio en La Paz y Beni, de las cuales cuatro estaban vinculadas específicamente con José Luis Iriarte.

La investigación recogió testimonios de transportistas, mineros, conductores de cisternas y vecinos que señalaron a José Luis Iriarte y a su esposa como personas relacionadas con el presunto desvío sistemático de diésel hacia Guanay y otras zonas mineras. Estos testimonios corresponden a fuentes consultadas por los periodistas y no constituyen una determinación judicial.

Los antecedentes de la familia en investigaciones por combustible se remontan a 2008, cuando la ANH identificó a Pedro Alcides Iriarte Mercado, integrante de la familia, como presunto cabecilla de un denominado “clan Iriarte”, relacionado con el desvío de combustible. Asimismo, se registró un proceso iniciado en 2011 contra Pedro Alcides Iriarte Mercado, Gaby Paco Choque y Nicolasa Sánchez Cordero, relacionado con estaciones de servicio. En otro caso, Edwin Gabriel Iriarte, hermano de José Luis, figura en una investigación iniciada en 2020 por almacenamiento de combustible (1).