Ni Malvinas, ni pobreza: la pregunta incómoda es si Sadir viaja a París por JEMSE

Carlos Sadir volverá a integrar una misión internacional junto a Javier Milei para promocionar a Jujuy ante grandes inversores. Pero detrás de la retórica sobre soberanía, minería y desarrollo aparece una contradicción difícil de ignorar: mientras más de 100 mil personas viven bajo la línea de pobreza en el aglomerado Jujuy–Palpalá, JEMSE consolida participaciones societarias del 8,5% en proyectos estratégicos como Sales de Jujuy y EXAR. El debate no es si la empresa estatal debe existir, sino si ese esquema realmente derrama sobre los jujeños y si la provincia está negociando desarrollo o solamente participación accionaria.

Carlos Sadir viajará a París en una nueva Argentina Week con la misión de exhibir el potencial minero y energético de Jujuy. El problema es que la provincia ya no puede evaluar estas giras únicamente por la cantidad de empresarios sentados a una mesa. Jujuy tiene recursos estratégicos, tiene RIGI, tiene una empresa estatal que participa en proyectos mineros y tiene una administración que busca capital extranjero. Lo que sigue sin resolverse con la misma claridad es cuánto de esa riqueza termina transformándose en ingresos, empleo, infraestructura y oportunidades para la mayoría de los jujeños.

La discusión se vuelve más fuerte cuando se observa el rol de JEMSE. La empresa estatal posee una participación del 8,5% en Sales de Jujuy y también se incorporó con 8,5% al capital de Minera EXAR, dos de los principales proyectos de litio de la provincia. La propia empresa presenta estas participaciones como instrumentos de soberanía económica y como forma de asegurar presencia estatal en el negocio. Pero justamente por eso la exigencia pública debería ser mayor: si el Estado participa como socio, ¿cuánto distribuye efectivamente esa participación sobre la economía provincial y cómo se transforma en bienestar medible para la población?

Ahí aparece el contraste. Los últimos datos disponibles ubican la pobreza del aglomerado Jujuy–Palpalá en 27,6% durante el primer semestre de 2026, equivalentes a unas 101 mil personas. Y esa realidad obliga a preguntar por qué una provincia que se presenta al mundo como potencia minera no logra traducir todavía esa condición en una transformación social de escala comparable.

La contradicción se vuelve aún más visible cuando el discurso nacional habla de soberanía. Milei reivindica Malvinas en el plano diplomático, mientras su programa económico promueve un régimen de grandes inversiones con beneficios extraordinarios y una lógica de apertura que también pone bajo discusión herramientas como el compre local. Sadir, en paralelo, acompaña esa estrategia y promociona a Jujuy como plataforma de inversión, la soberanía también se mide por la capacidad de un territorio para decidir cuánto valor conserva de sus propios recursos.

JEMSE suele presentarse como la respuesta a esa pregunta. Su estatuto le permite asociarse con terceros, participar en minería, energía, infraestructura y operaciones financieras, y la propia empresa sostiene que su función es convertir recursos naturales en desarrollo y autonomía. Pero justamente por ocupar ese lugar estratégico, la discusión sobre transparencia y rendición pública debería ser central. Las sociedades del Estado están obligadas a presentar rendiciones anuales ante la Auditoría General de la Provincia, ¿qué utilidades obtiene, cuánto reinvierte, cuánto transfiere al Estado, qué contratos firma y cuál es el impacto verificable de sus participaciones societarias?

Si JEMSE participa de proyectos que reciben capital extranjero, la provincia necesita conocer no solamente el porcentaje accionario, sino el flujo económico real que esas participaciones generan. Tener 8,5% de una empresa no equivale automáticamente a que el 8,5% del valor producido llegue a los ciudadanos. Hay costos, reinversiones, dividendos, decisiones societarias y estructuras contables intermedias. Sin esa información, la participación estatal puede convertirse en un argumento político difícil de medir socialmente.

Qué modelo de minería quiere Jujuy. Uno donde el Estado participa societariamente pero la mayoría de la población apenas percibe los beneficios, o uno donde esa participación se traduce en fondos para educación, infraestructura, salud, innovación, proveedores locales, vivienda y desarrollo productivo.

Sadir puede volver de París con anuncios de inversiones. JEMSE puede sumar nuevos socios estratégicos. El litio puede seguir aumentando su producción. Pero si ese crecimiento no modifica la vida de las familias jujeñas, la discusión seguirá abierta. La pregunta que debería acompañar cada viaje internacional es cada vez más concreta:

¿Jujuy está usando JEMSE para administrar sus recursos o para transformar la riqueza minera en riqueza social?. Y esa respuesta no debería encontrarse en discursos. Debería encontrarse en balances, dividendos, empleo, proveedores, infraestructura y resultados visibles para los jujeños.