Jujuy exporta minerales como nunca, pero los municipios siguen esperando el derrame

Jujuy cerró 2025 con exportaciones mineras por casi US$ 1.000 millones y se ubicó como la tercera provincia minera exportadora del país. Sin embargo, ese récord convive con municipios que continúan dependiendo de transferencias provinciales, un régimen de coparticipación municipal todavía transitorio y una economía donde la riqueza extractiva no se traduce automáticamente en obras, empresas ni autonomía local. El contraste con el antiguo Fondo Federal Solidario es inevitable: entonces, una renta extraordinaria de la soja financiaba infraestructura en provincias que ni siquiera producían soja; hoy Jujuy extrae litio, plata y otros minerales, pero no existe un mecanismo equivalente que distribuya automáticamente parte de esa renta hacia cada municipio.

Durante el kirchnerismo, el llamado Fondo Federal Solidario destinaba el 30% de lo recaudado por retenciones a la soja a financiar infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vial y habitacional en provincias y municipios adheridos. La norma obligaba además a las provincias a transferir automáticamente a sus municipios no menos del 30% de lo recibido. Jujuy, pese a no ser una gran productora sojera, participó de ese mecanismo federal porque la lógica era redistributiva: capturar parte de una renta extraordinaria generada en una región y convertirla en obra pública en todo el país.

Hoy el escenario productivo es distinto, pero la pregunta económica es similar. Argentina alcanzó en 2025 un récord histórico de exportaciones mineras, con más de US$ 6.000 millones, y Jujuy concentró alrededor del 16% de ese total: US$ 953 millones, tercer lugar nacional detrás de Santa Cruz y San Juan. El propio Gobierno provincial afirma que la minería explica alrededor del 75% al 80% de las exportaciones jujeñas. Sin embargo, ese volumen exportador no implica por sí solo una transferencia equivalente hacia las ciudades donde vive la mayoría de la población.

Ese es el punto central de la contradicción del modelo construido durante la gestión de Gerardo Morales y continuado por Carlos Sadir. La provincia apostó a un esquema fuertemente centralizado, con JEMSE como vehículo estatal para participar de proyectos estratégicos. La empresa posee el 8,5% de Sales de Jujuy y una participación del mismo orden en EXAR, además de propiedades mineras y áreas reservadas para buscar socios privados. La defensa oficial es clara: mediante JEMSE, Jujuy participa directamente del negocio. La pregunta que todavía merece mayor información pública es otra: ¿cómo se convierte esa participación societaria en renta distribuida territorialmente hacia Perico, La Quiaca, Monterrico, San Pedro, Libertador, Palpalá o el resto de los municipios?

No es correcto afirmar que los municipios no reciben coparticipación: la Contaduría provincial publica transferencias mensuales bajo ese concepto. Pero Jujuy continúa funcionando sobre un régimen transitorio de coparticipación municipal sancionado en 1996, mientras antecedentes oficiales reconocen que nunca terminó de consolidarse el nuevo régimen integral que debía reemplazarlo. Esa arquitectura explica una diferencia crucial con el Fondo Sojero: las transferencias actuales no constituyen un mecanismo específico por el cual una porción definida de la nueva renta minera llegue automáticamente a cada municipio para financiar infraestructura productiva y desarrollo local.

Ahí aparece la discusión que Jujuy debería abrir. Si la minería representa casi cuatro de cada cinco dólares exportados por la provincia, ¿debería existir un Fondo Federal o Provincial Minero de Desarrollo Municipal que transforme parte de esa riqueza en agua, cloacas, pavimento, parques industriales, vivienda, conectividad, energía y crédito productivo? No sería una idea extraña: sería aplicar a la minería un principio parecido al utilizado con la renta sojera, adaptado al federalismo provincial y a la propiedad originaria de los recursos naturales.

El contraste político es particularmente fuerte porque Sadir acompaña al Gobierno nacional justamente cuando minería, hidrocarburos y grandes exportadores concentran buena parte de la estrategia económica. El discurso oficial sostiene que las exportaciones y las inversiones generarán empleo y crecimiento. Sin embargo, exportar más no equivale automáticamente a distribuir mejor. Incluso el propio gobernador reclama más infraestructura nacional para poder aprovechar el crecimiento minero y el Corredor Bioceánico, reconocimiento implícito de que la riqueza extractiva por sí sola no resuelve las necesidades estructurales del territorio.

La diferencia entre ambos modelos, entonces, puede formularse sin nostalgia partidaria. El Fondo Sojero tenía una lógica explícita de redistribución territorial: la renta extraordinaria financiaba infraestructura en provincias y municipios de todo el país. El modelo jujeño actual privilegia participación estatal empresarial, atracción de inversiones y exportaciones mineras, mientras la distribución territorial de ese crecimiento depende de decisiones presupuestarias, transferencias y políticas específicas. Ambos esquemas pueden discutirse, pero sus mecanismos son distintos.

¿Por qué una provincia que exporta casi US$ 1.000 millones anuales en minerales no creó todavía un mecanismo transparente y automático para que una parte visible de esa renta llegue a cada municipio?

Jujuy tiene litio, plata, minería creciente y una empresa estatal participando de proyectos estratégicos. También tiene municipios con enormes necesidades de infraestructura y autonomía financiera limitada. Si el modelo pretende demostrar que coloca a las personas en el centro, deberá construir el puente que hoy falta entre ambas realidades.

Porque el desarrollo no se mide solamente por cuánto sale de una provincia. Se mide por cuánto queda.