Chile se incorpora al “Escudo de las Américas” y abre debate por soberanía y alineamiento con EEUU

El Gobierno defiende la adhesión como una herramienta de cooperación contra el crimen organizado, mientras sectores de la oposición cuestionan la falta de debate público y advierten sobre sus eventuales implicancias para la política exterior y la soberanía nacional.

«El Siglo». Santiago. 23/09/2026. La decisión del Gobierno de José Antonio Kast de incorporar oficialmente a Chile al denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por Estados Unidos para coordinar a países del continente en el combate contra el crimen organizado, abrió un nuevo debate político en torno a la orientación internacional del país y los alcances reales de la nueva alianza.

La incorporación fue anunciada el martes 22 de septiembre, durante la visita del Presidente Kast a Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hasta ese momento, Chile participaba como observador.

Según informó la Cancillería, el mecanismo busca fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional mediante intercambio de información, sistemas de análisis de datos, capacitación de Carabineros y la PDI y coordinación fronteriza con países como Argentina, Bolivia y Perú.

El Ejecutivo sostiene que se trata de un marco de coordinación voluntaria, que no constituye un tratado internacional y que cada país mantiene sus propias obligaciones legales y su soberanía. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó que para Chile la participación estará centrada principalmente en el intercambio de información y descartó que implique acciones militares extranjeras en territorio nacional.

Sin embargo, la discusión adquirió otra dimensión al conocerse el contenido de la declaración difundida por Estados Unidos. De acuerdo con antecedentes publicados este miércoles, el documento contempla referencias a la posibilidad de promover acciones colectivas contra organizaciones calificadas como narcoterroristas en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), abriendo interrogantes respecto del alcance futuro de la cooperación. Estos elementos no fueron destacados de la misma manera en el comunicado difundido inicialmente por la Cancillería chilena.

El escudo es un espacio promovido por la administración de Donald Trump y se inserta en una política estadounidense que ha endurecido el enfoque frente a los cárteles y organizaciones criminales de América Latina. En su intervención reciente ante Naciones Unidas, Trump reivindicó una política de mayor presión contra los grupos criminales y afirmó que Estados Unidos está dispuesto a utilizar su capacidad militar para defender sus intereses en el hemisferio.

No obstante, más que combate al narcotráfico todo indica que es la nueva manera que encontró Estados Unidos de alinear a los gobiernos amigos del continente. 

“Un terreno peligroso”

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, criticó la medida e indicó que “una señal más de sumisión, de congraciarse, de supeditarse, de dar señales de una suerte de compromiso, en el sentido más simbólico y más ideológico, con el gobierno de Estados Unidos” y agregó que “es un espacio de articulación ideológica”.

Además, Figueroa cuestionó la falta de información respecto de los alcances concretos de la participación chilena. “Cuál es el alcance de esta coordinación, incluyendo eventuales recursos comprometidos por el Estado, sus límites, principios, acciones conjuntas y si implicará una membresía formal. Desconocemos todos esos elementos. Estamos ciegos hoy día”, señaló.

Y advirtió que “estamos entrando en un terreno muy peligroso. Muy peligroso para la soberanía de nuestro país, muy peligroso para la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Lo cierto es que hoy día vamos a poder ser intervenidos por la vía del supuesto combate al crimen organizado. Eso nos expone y nos deja en una zona de peligro, nos deja en una zona roja”.

En esa misma línea, el senador PPD Pedro Araya sostuvo que el Presidente debe explicar ante el Congreso qué significa concretamente la adhesión y cuáles serán las obligaciones que Chile asumirá. A su juicio, existe una diferencia entre compartir información para perseguir organizaciones criminales y participar en una estructura cuyos objetivos y mecanismos de funcionamiento todavía no estarían suficientemente claros.

Desde el Partido Socialista se cuestionó que la decisión se adoptara sin un debate público previo y pidió conocer los antecedentes relacionados con defensa, inteligencia, intercambio de información, presencia de agentes extranjeros y eventuales operaciones conjuntas. Además, planteó que, si los compromisos asumidos contienen obligaciones propias de un tratado internacional, correspondería analizar la intervención del Congreso de acuerdo con las normas constitucionales.

El diputado del Frente Amplio Jaime Bassa puso el foco en la orientación internacional de la decisión. Según señaló, le preocupa que la adhesión pueda significar un alineamiento mayor con Estados Unidos y eventualmente dificultar las relaciones de Chile con otros actores internacionales, particularmente China y Europa.

Mientras que el diputado del PC, Bernardo Salinas, fue más allá y cuestionó que el escudo “es una organización que ni siquiera tiene una forma legal de existencia. Sólo es una alianza muy parecida a la Operación Cóndor” que solo buscaría “el exterminio con sus adversarios políticos, no solamente con el narcotráfico”, afirmó.

El diputado agregó que la participación de Chile en este tipo de instancias debe ser observada con especial atención por sus eventuales consecuencias para la autonomía de los países latinoamericanos. “Y esto es una tremenda alerta a lo que son las soberanías de nuestros pueblos”, sostuvo.

Asimismo, el diputado PC, Marcos Barraza, subrayó que “Chile requiere cooperación para combatir el crimen organizado, pero también requiere decisiones estratégicas propias que velen por el interés nacional de Chile y no por el interés nacional de Estados Unidos. El Gobierno ha actuado con opacidad y por la política de los hechos consumados. De manera abrupta, inconsulta, sin informar al Congreso de Chile, nos incluye en una estratagema que claramente pone en riesgo la paz en América Latina y el rol de Chile en América Latina”.

Mientras que la diputada PC, Lorena Pizarro, recalcó que “lo vergonzoso, inaceptable de esto, es que el gobierno, de manera unilateral y, por tanto, autoritaria, ha resuelto sumarse sin ningún criterio de Presidente de un país democrático que tiene normas. Él, de manera inconsulta con este Parlamento, ha resuelto que somos parte, y lo quiero decir ahora para que lo recordemos, de esta zona criminal que va a ir en contra de los pueblos de Latinoamérica y que nos va a comprometer con acciones bélicas, quizás, con otros países”.

En tanto, el parlamentario comunista, Luis Cuello, no descartó ir a la Contraloría. “Acá hay un problema de legalidad y, en consecuencia, tampoco descartamos recurrir a la Contraloría respecto de los actos administrativos que estén vinculados con este tratado, este ‘Escudo de las Américas’”, afirmó.

Y añadió que “acá el Presidente Kast se está saltando al Congreso para entregar nuestra soberanía al régimen de Donald Trump. La Cámara, el Congreso, tiene la obligación de defender su independencia y esperamos que la Mesa de la Cámara, liderada por el diputado Jorge Alessandri, emita un pronunciamiento al respecto, porque acá se están invadiendo materias que tienen que ver con seguridad y también, por ejemplo, con minerales críticos”.