El expresidente de Bolivia Luis Arce fue trasladado este miércoles desde el penal de San Pedro, en La Paz, a un centro médico especializado, después de que un juez ordenara su internación inmediata para que pueda recibir atención y tratamiento por el cáncer que padece. La decisión judicial se produjo tras una acción de libertad presentada por familiares del exmandatario, quienes argumentaron que necesitaba controles médicos que no había podido realizar desde su ingreso en prisión.

La resolución fue emitida por el Juzgado 15° de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de Santa Cruz, a cargo del juez Carlos Alberto Moreira. El fallo no solo ordenó el traslado sanitario, sino que estableció que Arce permanezca internado hasta recibir el alta médica y que posteriormente un juez de garantías revise su situación jurídica y la continuidad de las medidas cautelares.

Arce salió del penal de San Pedro alrededor de las 17:00 y caminó hasta la ambulancia que lo esperaba en el exterior. El exmandatario, que gobernó Bolivia entre 2020 y 2025, no realizó declaraciones a los periodistas antes de abandonar el recinto penitenciario. El traslado se produjo bajo custodia estatal, dado que continúa vigente la detención preventiva que pesa sobre él.

La defensa sostiene que Arce necesita controles periódicos y atención especializada por su enfermedad oncológica. Según los abogados, desde que fue detenido en diciembre no había podido acceder a las revisiones médicas que correspondían a su tratamiento. La información publicada sobre el caso señala que una indicación médica establecía controles cada seis meses.

El antecedente médico se remonta a 2017, cuando Arce todavía era ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales. Según declaró su abogado Fernando Rivadeneyra, los médicos que lo atendieron entonces consideraron que la enfermedad requería tratamiento y seguimiento especializado. Posteriormente, Arce recibió atención médica en Brasil y, según la defensa, el tratamiento permitió mantener la enfermedad bajo control.

La decisión judicial también incorpora otro elemento de salud mencionado en el proceso: una enfermedad renal, que requiere controles médicos adicionales. El fallo fue presentado por la defensa como una medida necesaria para garantizar que el exmandatario reciba atención médica adecuada mientras permanece bajo custodia.

El caso generó además una discusión jurídica sobre la competencia territorial. El viceministro boliviano de Transparencia, Yamil García, cuestionó que la decisión sobre la atención médica haya sido adoptada por un juez de Santa Cruz cuando el proceso penal contra Arce se tramita en La Paz. La observación se suma a la revisión judicial que deberá determinar cómo continúa la situación cautelar del expresidente.

Arce permanece detenido preventivamente desde diciembre en una investigación relacionada con el denominado caso Fondo Indígena, vinculado a presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su etapa como ministro de Economía. La Fiscalía sostiene que habría autorizado transferencias de dinero público a cuentas de dirigentes campesinos destinadas a proyectos que no se ejecutaron o no alcanzaron los resultados previstos. Esas son acusaciones que forman parte del proceso y que deberán resolverse en las instancias judiciales correspondientes.

La resolución sobre su salud no equivale a una decisión sobre su culpabilidad o inocencia en la investigación penal. El traslado al hospital responde específicamente a la necesidad de garantizar atención médica durante la detención preventiva, mientras que su situación procesal deberá ser analizada en la audiencia que ordenó convocar el juez de garantías.

El episodio ocurre en un momento de fuerte actividad política y judicial en Bolivia, pero la medida adoptada en este caso tiene un alcance concreto: Luis Arce deja temporalmente el penal de San Pedro para permanecer en un centro médico y recibir atención especializada por su enfermedad oncológica. La duración de la internación dependerá de la evaluación médica y de las indicaciones de los profesionales que atiendan al exmandatario.

Por ahora, las autoridades no han divulgado públicamente detalles clínicos adicionales sobre el tipo de cáncer, su estado actual o el tratamiento específico que recibirá en el hospital. Por tratarse de información médica personal, cualquier diagnóstico o pronóstico adicional debe atribuirse exclusivamente a fuentes médicas o judiciales que lo hagan público.

La decisión judicial coloca nuevamente la atención sobre la situación de salud de un expresidente que permanece privado de libertad. Mientras los médicos determinan el tratamiento que necesita y cuánto tiempo deberá permanecer internado, la Justicia deberá resolver en paralelo cómo continúan las medidas cautelares dentro del proceso por presunta corrupción.

Foto: Reuters / Claudia Morales / Infobae