Perú — Perú. Armas y no libros

El gobierno tiene tema con la situación de los Centros Penitenciarios de la República con capacidad de albergar a 40 mil personas privadas de su libertad, pero donde hoy mismo viven 106 mil en condiciones simplemente infrahumanas.

Gustavo Espinoza M. Periodista. Lima. 02/11/2026. Bajo el pretexto  de “restaurar el orden” el gobierno de Keiko Fujimori busca obsesivamente imponer un “modelo”  autoritario  que bien podría resumirse en la idea de renunciar a los libros y optar por las arnas,  Armas si, libros no, parecieran decir los voceros de  un régimen que pretende convertir las escuelas y las cárceles en centros de reclusión militar, en cuarteles

El pretexto es burdo. Se alimenta con una ola delictiva que crece no porque se incremente la perversión humana, sino porque se acelera la descomposición capitalista sin que la clase dominante atine a encontrar un camino sensato para la recuperación del país.

El delito no se multiplica por generación espontánea. Se alimenta porque la sociedad está basada en la opresión y el abuso, se afirma en el robo y en la injusticia y justifica las prácticas sinuosas de una oligarquía envilecida que carece en absoluto de valores y principios.

En esta sociedad, quienes tienen en sus manos los resortes del Poder actúan en función de sus intereses y no toman para nada en cuenta lo que ocurre en el Perú de hoy.

Ahora mismo, quien ejerce la Primera Magistratura de la Nación ha dicho a los peruanos que se defiendan solos porque su gobierno no puede hacer nada ante los embates de la naturaleza que ya azotan el norte del país; y luego se ha ido de viaje encabezando una faraónica comitiva presidencial integrada por ministros, autoridades, asesores, periodistas y publicistas de todo pelaje. Estará 8 días fuera del país mirando desde lejos lo que ocurra en estas tierras castigadas por maléficos designios y oscuros intereses.

El gobierno tiene tema con la situación de los Centros Penitenciarios de la República con capacidad de albergar a 40 mil personas privadas de su libertad, pero donde hoy mismo viven 106 mil en condiciones simplemente infrahumanas,

Usando como argumento el “haber descubierto” que algunos delitos se cometieron a partir de llamadas telefónicas hechas desde los Penales, el gobierno resolvió de la noche a la mañana militarizar las cárceles, hacer “redadas” internas, traslados inopinados, eliminar las visitas familiares, prohibir el ingreso de alimentos y hasta apoderarse de los pocos bienes de los internos destrozando sus precarios muebles y dormitorios.

Lejos de cualquier prejuicio, urge que los parlamentarios de la República, los organismos de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo informe claramente al país lo que realmente ocurre en los Penales, que no se puede circunscribir a llamadas ocasionales o anteras neutralizadas sino a la situación que se afronta allí y que puede derivar -como en el pasado- a matanzas horrendas.

La “Prensa Grande”  ya se puso al servicio de estas prácticas, de modo que “informó” cómo “las autoridades restablecían el orden penitenciario combatiendo la criminalidad”. Nada de eso impidió que tanto en Lima como en el interior del país se asesinara a transportistas o se cometieran crímenes día a día.

Un promedio de 7 muertes diarias sacude hoy los titulares de los medios de comunicación mientras los voceros del régimen hablan hasta por los codos de la “actividad incansable” de los ministros y sobre todo del “Comando Unificado”, creado como bálsamo mágico para “poner fin a la criminalidad” y que objetivamente sólo sirve para que el régimen haga propaganda a su propia “gestión”..

El “argumento” orientado a justificar todo esto se basa en un concepto tramposo: Lo que importa son los derechos humanos de los inocentes, y no los de los delincuentes, repiten hasta el cansancio; para no reconocer, por ejemplo, que el 60%  de la población penitenciaria sobrevive en condiciones de desnutrición y virtual indigencia, que el porcentaje de TBC y de SIDA es muy alto en las prisiones, y que muchos de los verdaderos delincuentes no solamente andan sueltos sino que además desempeñan funciones públicas muy bien remuneradas. Eso, lo sabe el país entero.

Pero no sólo los presos están en la mira del régimen. También los niños y adolescentes. Bajo la batuta del titular del portafolio  Eugenio Chang, quien también fuera ministro del sector en el gobierno aprista de Alan García, se ha dispuesto los llamados “lineamientos de disciplina escolar” cuyos principios de orientan a “restituir la autoridad docente”.

Bajo esta idea se restablece la expulsión de alumnos de los centros educativos, a la vez que se prohíbe el cabello largo, el uso de aretes, tatuajes o pintura de pelo y se dispone que las faldas se usen obligatoriamente “más abajo de las rodillas”. Como lo recuerda el exministro Ricardo Cuenca, la presidenta ha dicho sin rubor alguno que hoy se prohíbe el cabello largo, pero se prohibirán también las ideologías.

En estas frases se refleja una concepción de la Escuela como un centro destinado a corregir y castigar, a moldear a las personas y adocenarlas para que piensen como se les ordene pensar. De ese modo, se busca formar generaciones   dóciles e incondicionales,  y alentar la sumisión y el vasallaje, para que nadie se rebele ni discuta, La Escuela crítica, así, se tornará un sueño.

Claro que este mecanismo habrá de funcionar para los escolares que concurran a los planteles estatales, porque a los privados no se les prohíbe nada. Ellos actuarán con entera libertad y seguirán haciendo el lucrativo negocio de la educación sin reparo alguno.

La coacción se habrá de ejercer sobre los pobres, que no tienen más alternativa que recurrir a la educación pública. Los “clientes”  que estudian en los colegios privados, gozarán de la más entera libertad.  Con ellos, no es la cosa.

Es verdad que la educación peruana atraviesa una grave crisis. Los resultados referidos a comprensión lectora y razonamiento matemático, nos colocan en los últimos lugares en los países de la región. Pero la debilidad principal no es disciplinaria, sino de aprendizaje y conocimiento. La tarea de la escuela no es entonces asegurar que los niños lleven el pelo corto, sino que aprendan; pero, además, que se formen en valores, para no asumir el ejemplo de quienes gobiernan.

Por lo demás, el docente goza de aprecio por lo que es como profesional de la educación, por lo que sabe y por lo que enseña, pero también por el respeto que muestra por sus propios alumnos Un docente que va al colegio con zapatillas, jean y polo y que cree que Cesar Vallejo es un equipo de futbol y no el mayor poeta nacional, nunca va a ser respetado por sus alumnos.

Y la prioridad no es asegurar que los adolescentes no usen tatuajes, sino que los centros educativos sirvan realmente para los fines previstos, y los locales escolares tengan los requerimientos indispensables para su uso cotidiano; que los estudiantes conozcan el Perú, su historia y su grandeza, y que tengan verdadera conciencia de Patria. Los lineamientos esbozados por la Reforma puesta en marcha en los años de Velasco simbolizan esa urgencia.

En cuanto al Maestro se refiere, éste se ganará el respeto de la comunidad educativa si lo ve erguido y capaz de defender sus derechos más elementales.

Si los escolares ven a sus maestros doblegarse ante el Poder, si éste les declara ilegales sus acciones de lucha y les recorta sus escuálidos salarios sin merecer una categórica respuesta, entonces le perderá el respeto, }

La historia social del Perú así lo demuestra. Y la verdad hay que buscarla invirtiendo la consigna del gobierno: libros si, armas no.