El Gobierno de Bolivia abrió la posibilidad de activar el estado de sitio como una medida adicional al estado de excepción que rige desde junio, en un momento de creciente tensión por los bloqueos de carreteras y las movilizaciones sociales. La decisión todavía no supone que el estado de sitio haya sido aplicado: el Ejecutivo evalúa recurrir a esta herramienta si considera que las circunstancias lo hacen necesario.

La posibilidad fue explicada por el vocero presidencial José Luis Gálvez, quien señaló que el decreto aprobado por el Ejecutivo para ampliar durante otros 90 días el estado de excepción contempla también la facultad de establecer un estado de sitio en todo el territorio, en determinadas regiones o incluso en áreas específicas. La medida dependería de la evolución de los acontecimientos y de una eventual resolución gubernamental.

Uno de los efectos que podría tener un estado de sitio sería la imposición de un toque de queda, con restricciones a la circulación de personas en calles y espacios públicos durante determinados horarios. Gálvez sostuvo que también podrían adoptarse otras medidas destinadas, según el Gobierno, a garantizar el bienestar de la población y responder ante situaciones consideradas excepcionales.

La discusión se produce mientras Bolivia mantiene vigente un estado de excepción declarado el 20 de junio, después de semanas de bloqueos que afectaron principalmente las zonas occidental y central del país. Aquellas protestas estuvieron impulsadas por la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con participación de sectores afines al expresidente Evo Morales. El conflicto provocó interrupciones en el suministro de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal y dejó al menos 16 muertos, según el balance citado por Infobae y EFE. Las pérdidas económicas fueron estimadas en más de US$3.000 millones.

El Ejecutivo de Rodrigo Paz aprobó ahora una nueva extensión de 90 días del estado de excepción. La decisión debe ser analizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que dispone de un plazo de 72 horas para pronunciarse. La medida vigente inicialmente expiraba esta semana, por lo que el tratamiento parlamentario se convirtió en un punto central de la actual crisis institucional.

La posibilidad de recurrir a un estado de sitio genera además una nueva discusión política y social. Evo Morales cuestionó la ampliación del estado de excepción y sostuvo que, a su juicio, la medida servirá para reprimir las protestas y no resolverá los problemas económicos del país. Estas son declaraciones del exmandatario y representan su interpretación sobre la decisión gubernamental.

Mientras tanto, las protestas no se limitan al reclamo por los bloqueos. Cientos de docentes participaron en movilizaciones en distintas ciudades contra la ampliación del estado de excepción y contra las políticas económicas del Gobierno. En La Paz, los maestros marcharon bajo la consigna de las “cacerolas vacías”, cuestionando, entre otros asuntos, el tipo de cambio flexible, la reducción progresiva de la subvención a los combustibles y el acuerdo de US$1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permanece pendiente de tratamiento parlamentario.

El conflicto económico es uno de los factores que alimentan la tensión. El Gobierno comenzó a modificar el esquema de subsidios a los combustibles y anunció cambios que afectan especialmente al diésel utilizado por determinados sectores productivos. Los sindicatos y organizaciones sociales sostienen que estas medidas pueden incrementar el costo de vida y reducir el poder adquisitivo, mientras el Ejecutivo las presenta dentro de su estrategia para enfrentar los desequilibrios económicos.

A esto se suma un escenario de seguridad que también preocupa a las autoridades. Esta semana, el Gobierno reforzó con unos 100 efectivos, unidades especiales y drones la seguridad en San Ignacio de Velasco, cerca de la frontera con Brasil, después de cuatro asesinatos registrados entre el domingo y el lunes. La Policía investiga si los homicidios están relacionados con actividades del narcotráfico o disputas entre organizaciones criminales.

La eventual activación del estado de sitio representaría, por tanto, un nivel adicional de respuesta estatal frente al conflicto, pero todavía no existe una declaración efectiva de esta medida. Por ahora, el Gobierno mantiene la posibilidad sobre la mesa mientras el Parlamento analiza la extensión del estado de excepción y distintos sectores sociales continúan expresando su rechazo a las políticas económicas y a las restricciones derivadas de la situación excepcional.

La evolución de las próximas horas será determinante para saber si Bolivia permanece bajo el actual régimen de excepción o si el Ejecutivo decide avanzar hacia medidas más restrictivas. El debate combina tres cuestiones que afectan directamente a la población: la libre circulación por las carreteras, la respuesta del Estado frente a las movilizaciones y el impacto social de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno.

Foto: Reuters / Infobae