La organización agraria gallega Sindicato Labrego Galego (SLG) volvió a exigir la paralización inmediata del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, en una semana marcada por la entrada en vigor de la prohibición temporal de las importaciones de carne de vacuno, aves de corral y miel procedentes de Brasil. El sindicato sostiene que esta situación refuerza sus críticas sobre los controles sanitarios y la trazabilidad de los productos que llegan al mercado europeo.

La posición del SLG fue difundida el 9 de septiembre, en la víspera del Día Internacional de Acción contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los Tratados Internacionales, una jornada en la que organizaciones campesinas de distintos países cuestionan las políticas de liberalización comercial. Para el sindicato gallego, el actual escenario demuestra, a su juicio, que los mecanismos previstos para proteger a productores y consumidores europeos no son suficientes.

Uno de los principales argumentos planteados por la organización está relacionado con la decisión de la Unión Europea de suspender temporalmente determinadas importaciones de origen brasileño. La medida, vigente desde el 3 de septiembre, afecta productos de origen animal como carne bovina, aves de corral y miel, después de que las autoridades europeas plantearan preocupaciones sobre el cumplimiento de las normas relativas al uso de sustancias antimicrobianas. Brasil cuestionó la decisión y advirtió que podría adoptar medidas de reciprocidad si no se alcanza una solución.

Para el Sindicato Labrego Galego, el episodio constituye una señal de alerta sobre el funcionamiento del acuerdo comercial. La organización afirma que los problemas de control y trazabilidad que atribuye a determinadas importaciones demuestran que las salvaguardas previstas para los sectores sensibles no ofrecen, desde su perspectiva, suficiente protección.

El SLG también cuestiona el impacto que el comercio agrícola con Mercosur puede tener sobre las pequeñas explotaciones familiares y las producciones locales de Galicia. Su argumento central es que los productores europeos deben cumplir exigencias sanitarias, ambientales y productivas que pueden elevar sus costos, mientras que la llegada de productos importados a precios competitivos podría ejercer presión sobre los precios internos. La organización reclama que las reglas sean equivalentes y transparentes para todos los participantes.

Un acuerdo que ya tiene aplicación comercial provisional

La controversia se produce, además, cuando el acuerdo UE-Mercosur ya tiene efectos comerciales provisionales. La Comisión Europea señala que el Acuerdo Comercial Interino comenzó a aplicarse provisionalmente el 1 de mayo de 2026, después de que los cuatro países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— completaran sus procedimientos internos y notificaran la culminación de los trámites correspondientes.

Esto introduce una diferencia importante en el debate: el acuerdo no está simplemente pendiente de comenzar a funcionar, sino que determinados componentes comerciales ya se encuentran en aplicación provisional. La entrada en vigor definitiva del acuerdo de asociación completo requiere todavía el consentimiento del Parlamento Europeo y, para el acuerdo de asociación, la ratificación de los Estados miembros de la UE.

El acuerdo constituye una de las mayores aperturas comerciales negociadas por Mercosur. Según el Gobierno brasileño, integra un mercado de aproximadamente 720 millones de personas y un PIB combinado superior a US$ 22 billones, creando nuevas posibilidades para exportadores sudamericanos y empresas europeas.

La agricultura vuelve a ser el punto más sensible

La agricultura se encuentra entre los sectores que generan mayor preocupación política en Europa. La propia Comisión Europea reconoce como productos agrícolas sensibles a la carne vacuna, la carne aviar y el azúcar, y señala que el acuerdo establece contingentes y mecanismos de protección para determinados sectores.

Pero las organizaciones agrícolas consideran que esas herramientas pueden resultar insuficientes. En Galicia, el debate tiene una dimensión particularmente importante debido al peso de la ganadería y de las pequeñas explotaciones rurales en la economía regional.

La posición del SLG coincide además con otras voces políticas y agrarias gallegas que han reclamado mayores garantías. La eurodiputada del BNG Ana Miranda pidió recientemente una protección más fuerte para el sector agropecuario europeo frente a la competencia de productos del Mercosur y señaló que el acuerdo genera preocupación entre los productores gallegos.

El conflicto sanitario entre Brasil y la UE añade presión

La controversia comercial adquirió una nueva dimensión con la suspensión europea de productos de origen animal brasileños. El Gobierno de Brasil considera que sus autoridades han adoptado las medidas necesarias para cumplir las exigencias europeas y reclama que las restricciones sean revisadas. Si las negociaciones no producen resultados satisfactorios, Brasil ha advertido que estudia aplicar medidas de reciprocidad.

Para el SLG, precisamente esta situación constituye una razón adicional para revisar el funcionamiento del acuerdo. La organización reclama que los controles y las exigencias sanitarias se apliquen con rigor a todos los productos que ingresan al mercado comunitario y que la protección no se limite a determinadas circunstancias o países.

El sindicato gallego también cuestiona que la liberalización comercial pueda beneficiar principalmente a los grandes operadores e importadores mientras los productores y consumidores reciben una parte menor de esos beneficios. Según su planteamiento, el aumento de la competencia no necesariamente se traduce en una reducción equivalente de los precios finales para los consumidores.

Una disputa que trasciende Galicia

La posición del Sindicato Labrego Galego forma parte de un debate mucho más amplio sobre el modelo comercial que Europa y Mercosur están construyendo. Para los defensores del acuerdo, la apertura de mercados puede ampliar las exportaciones, diversificar destinos comerciales y fortalecer la relación estratégica entre ambos bloques. Para sus críticos, la liberalización debe estar acompañada de garantías mucho más estrictas en materia sanitaria, ambiental, laboral y de protección de las pequeñas explotaciones.

La discusión adquiere especial relevancia ahora que el acuerdo comercial provisional ya está funcionando y comienzan a observarse sus primeros efectos en sectores concretos.

La exigencia del Sindicato Labrego Galego coloca nuevamente a la agricultura en el centro de la discusión sobre el futuro de la relación entre Europa y Mercosur. El conflicto sanitario abierto entre Brasil y la Unión Europea añade un elemento inesperado a un acuerdo que busca crear una de las mayores áreas comerciales del mundo, pero que todavía enfrenta una fuerte resistencia entre organizaciones agrícolas europeas. La cuestión de fondo ya no es solamente cuánto comercio generará el acuerdo, sino bajo qué condiciones ese comercio será considerado justo, seguro y sostenible para productores y consumidores de ambos lados del Atlántico.

Foto: Sindicato Labrego Galego / Campo Galego