El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil abrió un nuevo y delicado capítulo de la crisis que rodea al caso Banco Master al respaldar, por mayoría, la suspensión preventiva del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y del director de Inteligencia de la institución, Leandro Almada da Costa. La decisión fue adoptada por el ministro André Mendonça, relator del expediente, quien sostiene que ambos funcionarios estuvieron vinculados con la elaboración de informes de inteligencia que habrían permitido un seguimiento ilegal de sus actividades y las del abogado general del Estado, Jorge Messias.

La medida fue dispuesta inicialmente por 90 días y posteriormente sometida al análisis de la Segunda Sala del Supremo. Los ministros Luiz Fux y Kassio Nunes Marques acompañaron la decisión de Mendonça, formando una mayoría de tres de los cinco integrantes. Sin embargo, el análisis quedó suspendido después de que el ministro Gilmar Mendes solicitara revisar el expediente con mayor profundidad. Por lo tanto, aunque existe una mayoría favorable al apartamiento, el trámite colegiado todavía no había concluido.

El origen inmediato de la disputa está en una serie de informes internos elaborados por sectores de la Policía Federal durante agosto. Mendonça afirma que fueron producidos al menos seis documentos confidenciales que reunían información sobre sus actuaciones y decisiones, así como sobre Jorge Messias. Según el magistrado, esos informes no tenían membrete oficial ni firmas y formaban parte de un supuesto monitoreo sistemático que consideró ilegal.

La Policía Federal, por su parte, ha cuestionado la interpretación de Mendonça. Una parte de la documentación fue utilizada por el ministro Alexandre de Moraes para solicitar que se investigara a Mendonça por presunto abuso de autoridad, improbidad administrativa y otros posibles delitos relacionados con la conducción de las investigaciones del Banco Master y del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS). La disputa entre ambos magistrados terminó convirtiéndose en uno de los mayores conflictos internos recientes del Supremo.

El Banco Master está en el centro de la crisis

La disputa institucional no puede separarse de la investigación sobre el Banco Master, entidad que fue intervenida y posteriormente liquidada por el Banco Central de Brasil en el marco de la operación Compliance Zero. El caso involucra un enorme fraude financiero y, según los datos divulgados en la investigación, dejó obligaciones superiores a 7.000 millones de dólares con cientos de inversores.

El antiguo propietario del banco, Daniel Vorcaro, fue detenido en noviembre de 2025 cuando intentaba abandonar Brasil en un avión privado. Su teléfono móvil se convirtió posteriormente en una pieza central de la investigación, debido a los mensajes intercambiados con diferentes personas del ámbito político, judicial y empresarial.

Entre los mensajes analizados aparece una comunicación del 15 de noviembre de 2025, apenas dos días antes de la detención de Vorcaro, en la que el banquero preguntaba a un número atribuido al ministro Alexandre de Moraes si debía abandonar el país. La investigación también encontró información relacionada con un contrato de 131 millones de reales, equivalente a unos 25,5 millones de dólares según la conversión citada por Infobae, entre el Banco Master y el estudio jurídico de Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro.

Los investigadores sostienen que los metadatos del contrato muestran modificaciones realizadas por un perfil identificado como el propio Alexandre de Moraes. Estos elementos forman parte de una investigación todavía en desarrollo y no equivalen por sí mismos a una condena ni prueban que el magistrado haya cometido un delito.

La dirección de la Policía Federal reacciona

El apartamiento de Rodrigues provocó una fuerte reacción dentro de la propia Policía Federal. Once de los 13 directores de la institución pusieron sus cargos a disposición en respaldo del director general separado y del jefe de Inteligencia también apartado. La manifestación rechazó las acusaciones contra ambos y sostuvo que la actuación de la institución y de sus dirigentes ha sido técnica y republicana.

Entre quienes adoptaron esa posición se encuentran responsables de áreas estratégicas como el combate al crimen organizado y la corrupción, precisamente uno de los sectores que participa en las investigaciones relacionadas con el Banco Master.

La reacción es particularmente significativa porque no se trata solamente de una disputa entre dos autoridades. La crisis comenzó a afectar directamente a la estructura de conducción de una de las principales instituciones de investigación criminal de Brasil.

Lula impugna la decisión

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a través de la Abogacía General de la Unión, presentó un recurso contra la decisión. El Gobierno sostiene que Mendonça no tendría competencia para adoptar una medida de esta naturaleza y cuestiona que una decisión individual del Supremo pueda interferir de esta manera en una institución cuya dirección general es de designación presidencial.

La discusión adquiere además una dimensión política porque Brasil se encuentra a menos de un mes de las elecciones presidenciales. La oposición aprovechó el episodio para cuestionar al Gobierno y reivindicar la independencia de la Policía Federal, mientras sectores cercanos al oficialismo denuncian una escalada de conflictos dentro del Poder Judicial.

El senador Flávio Bolsonaro, uno de los principales nombres de la oposición, respaldó públicamente el apartamiento y afirmó que la medida podría contribuir a recuperar la independencia de la Policía Federal.

Una crisis que trasciende al Banco Master

El episodio expone un problema institucional mucho más amplio. El conflicto ya no se limita a determinar qué ocurrió en torno al Banco Master, sino que involucra al Supremo Tribunal Federal, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Gobierno de Lula y diferentes sectores del Congreso.

El presidente del Supremo, Edson Fachin, había advertido días atrás que la Corte atravesaba un momento de especial gravedad y sostuvo que la autoridad de un cargo público no constituye un privilegio, sino que implica deberes, límites y responsabilidades. También señaló que los indicios surgidos de las investigaciones debían recibir el tratamiento institucional correspondiente.

Mientras tanto, la propia Procuraduría General de la República enfrenta cuestionamientos por mensajes extraídos del teléfono de Vorcaro en los que aparece mencionado el procurador general Paulo Gonet. Hasta ahora, según los reportes disponibles, esas referencias no han establecido por sí mismas una conducta ilícita que justifique una investigación formal contra Gonet.

El escenario que queda abierto

La decisión sobre Andrei Rodrigues coloca ahora al Supremo ante una situación especialmente delicada. Por un lado, el tribunal debe determinar si existieron irregularidades graves en la producción y utilización de informes de inteligencia. Por otro, debe preservar la autonomía de la Policía Federal y evitar que una disputa entre magistrados termine comprometiendo investigaciones de gran importancia nacional.

La solicitud de vista de Gilmar Mendes significa que la controversia todavía no está completamente cerrada. Hasta que la Segunda Sala concluya el análisis, permanecerá abierta la discusión sobre el alcance de las medidas adoptadas por Mendonça y sobre las consecuencias institucionales de la crisis.

El caso Banco Master, que comenzó como una investigación financiera de enormes dimensiones, se transformó así en una disputa que alcanza el corazón de las instituciones brasileñas. La pregunta central ya no es solamente qué ocurrió con el banco, sino hasta dónde pueden llegar los poderes del Supremo, la Policía Federal y el Ejecutivo cuando las investigaciones involucran a sus propias autoridades.

Con las elecciones presidenciales acercándose y con una parte de la cúpula de la Policía Federal colocando sus cargos a disposición, Brasil enfrenta una crisis institucional cuyo desenlace puede tener consecuencias mucho más amplias que el propio caso Banco Master.

Foto: AP / Eraldo Peres