Una nueva investigación periodística vuelve a poner bajo la lupa la relación entre dirigentes vinculados a La Cámpora y la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). En esta oportunidad, el caso apunta a una obra que habría recibido más de $100 millones y que, según la denuncia difundida por Clarín, quedó inconclusa. El episodio se suma a la investigación judicial que ya analiza el manejo de fondos del sindicato metalúrgico.

El nuevo episodio se incorpora a una crisis más amplia dentro de la UOM, uno de los sindicatos industriales más importantes de Argentina. La Justicia federal investiga al exsecretario general Abel Furlán y a otras personas vinculadas con la administración del gremio por presuntas irregularidades en el manejo de fondos sindicales. En marzo, el juez federal Julián Ercolini ordenó un allanamiento en la sede central de la organización para obtener documentación relacionada con esas operaciones.

Uno de los principales focos de la investigación es el contrato firmado entre la UOM y USEM S.A., empresa vinculada a María Soledad Calle, dirigente relacionada políticamente con La Cámpora. El acuerdo, firmado en febrero de 2023 durante la conducción de Furlán, otorgaba a la compañía la administración de aproximadamente el 80% de determinados aportes sindicales. La contraprestación contemplaba una comisión del 0,5% sobre los fondos administrados y una vigencia de diez años.

De acuerdo con las denuncias y las publicaciones periodísticas, ese porcentaje podía representar más de $100 millones mensuales, tomando como referencia los aportes de unos 200.000 afiliados. La Justicia investiga si el acuerdo pudo haber constituido una administración fraudulenta o formar parte de una estructura ilícita. Hasta ahora se trata de una investigación en curso y no de una condena judicial.

La situación cambió después de la intervención de la UOM. Alberto Biglieri, designado interventor del sindicato, dispuso la suspensión del convenio con USEM y la desvinculación de Calle. La medida fue presentada como una acción preventiva destinada a preservar el patrimonio sindical mientras avanza la auditoría sobre los contratos y movimientos financieros.

La revisión encontró además interrogantes sobre las prestaciones que justificaban los pagos a USEM. Según la documentación incorporada a la causa, la empresa tenía asignadas tareas de asesoramiento, planificación, coordinación, administración y gestión en áreas consideradas relevantes para el funcionamiento del sindicato. La intervención sostuvo que un análisis preliminar no permitió verificar suficientemente la correspondencia entre esas prestaciones y la contraprestación económica prevista.

En paralelo, el nombre de María Soledad Calle adquirió mayor repercusión pública por una operación inmobiliaria realizada en agosto de 2025. Según documentación registral citada por medios argentinos, la dirigente adquirió por US$189.000 un departamento situado en San José 1111, en Buenos Aires, en el mismo edificio donde se encuentra el inmueble en el que Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria. Investigaciones periodísticas posteriores señalaron además que Calle habría adquirido otros bienes, aunque esas operaciones deben ser analizadas dentro de la investigación patrimonial correspondiente.

El caso de la obra inconclusa que ahora vuelve a poner a la UOM en el centro de la escena se produce, por lo tanto, en un contexto de creciente escrutinio sobre la utilización de recursos sindicales y las relaciones políticas y empresariales alrededor de la conducción del gremio. La investigación deberá determinar si existieron irregularidades, quiénes fueron los beneficiarios y cuál fue el destino efectivo de los recursos.

La controversia también tiene una dimensión política. La Cámpora es una de las principales organizaciones del kirchnerismo y mantiene vínculos históricos con distintos sectores sindicales. Las acusaciones periodísticas apuntan a relaciones entre dirigentes sindicales y personas políticamente vinculadas con esa agrupación, pero la existencia de una relación política no constituye por sí misma prueba de un delito. Las responsabilidades deberán establecerse mediante documentación, auditorías y decisiones judiciales.

El expediente sobre la UOM continúa abierto y podría incorporar nuevas operaciones a medida que avance la revisión de contratos, cuentas y patrimonio. La intervención del sindicato busca reconstruir el circuito financiero de los recursos administrados durante los últimos años, mientras la Justicia analiza si determinadas operaciones pueden encuadrarse en delitos de administración fraudulenta o asociación ilícita.

El nuevo episodio de la obra inconclusa agrega así otra pieza a un escándalo que dejó de ser exclusivamente sindical. La pregunta central ahora es cuánto dinero salió efectivamente de las estructuras de la UOM, qué servicios o bienes recibió el sindicato a cambio y quiénes terminaron beneficiándose. Esas respuestas serán determinantes para establecer si se trató de decisiones administrativas cuestionables o de una estructura deliberada de utilización irregular de fondos de los trabajadores.

Foto: Clarín