Nicolás Maduro presentó una nueva ofensiva jurídica ante la Justicia de Estados Unidos para intentar frenar el proceso penal que enfrenta por acusaciones de narcotráfico. Su defensa solicitó la desestimación del caso argumentando que, como jefe de un Estado soberano, gozaba de inmunidad frente a la jurisdicción penal estadounidense.

La petición fue presentada ante el juez federal Alvin Hellerstein, en Manhattan. Los abogados de Maduro sostienen que el procesamiento constituye una situación sin precedentes y que los tribunales estadounidenses no deberían juzgar penalmente a quien era reconocido dentro de su propio país como jefe de Estado cuando se formularon las acusaciones.

El caso, sin embargo, enfrenta un importante obstáculo político y jurídico: Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en 2019. Este punto podría resultar determinante, ya que los tribunales estadounidenses suelen tener en cuenta la posición del Poder Ejecutivo respecto del reconocimiento de gobiernos y líderes extranjeros.

Una defensa basada en la inmunidad soberana

El abogado de Maduro, Barry Pollack, presentó argumentos para sostener que los jefes de Estado cuentan con una protección histórica frente a procesos penales en tribunales extranjeros. La defensa también afirma que parte de los hechos atribuidos a Maduro estaría vinculada a actuaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones oficiales.

Además de pedir la desestimación completa de la acusación, la defensa presentó una segunda solicitud dirigida específicamente contra uno de los cargos relacionados con la conspiración para cometer narcoterrorismo.

Maduro se ha declarado no culpable de los cargos. El proceso se desarrolla en un tribunal federal de Manhattan y, si la solicitud de la defensa no prospera, el juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.

La captura y el debate internacional

El caso adquirió una dimensión internacional desde la operación estadounidense que terminó con la captura de Maduro en Caracas el 3 de enero de 2026. Desde entonces permanece detenido en una prisión federal de Brooklyn mientras avanza el proceso judicial.

La defensa considera que las circunstancias de su captura y posterior traslado a Estados Unidos también forman parte de la controversia jurídica. Sin embargo, especialistas consultados por medios internacionales señalan que los tribunales estadounidenses cuentan con antecedentes en los que las circunstancias de la captura de un acusado no han impedido necesariamente la continuación de un proceso penal.

Uno de los precedentes que vuelve a aparecer en el debate es el del exlíder panameño Manuel Noriega, cuyos argumentos relacionados con inmunidad y jurisdicción no lograron detener su procesamiento en Estados Unidos. Los expertos advierten, no obstante, que el caso de Maduro presenta elementos políticos y diplomáticos propios.

Una batalla legal con fechas definidas

La Fiscalía estadounidense tiene hasta el 2 de octubre de 2026 para responder formalmente a la solicitud presentada por la defensa. Posteriormente, el juez Hellerstein tiene prevista una audiencia para analizar el pedido de desestimación el 17 de noviembre.

La decisión será observada con atención no solo en Venezuela y Estados Unidos. El caso plantea una discusión de mayor alcance sobre los límites de la inmunidad de los jefes de Estado, el reconocimiento internacional de gobiernos y la aplicación del derecho internacional en tribunales nacionales.

La estrategia de Maduro busca resolver una cuestión fundamental antes de que el proceso llegue al juicio: determinar si un tribunal estadounidense puede juzgarlo penalmente bajo las circunstancias políticas y jurídicas que rodean su caso. Por ahora, la respuesta dependerá de una batalla legal que promete convertirse en uno de los procesos internacionales más observados de los próximos meses.

Foto: Archivo / Reuters